VII Los Gobiernos de los Estados no tienen jurisdiccion sobre los lugares enagenados á la Federacion.
Los gobiernos de los Estados pierden toda jurisdiccion sobre los lugares enagenados con consentimiento de sus legislaturas al Congreso general, para que en ellos se erijan fortalezas, arsenales, faros, hospitales, academias militares &. (Art. 1 Sec. 8 Par. 17 de la Constitucion). La cuestion que se presentó acerca de este punto era relativa al valor que debe darse á la cláusula de salvedad ó reserva, que de parte de los Estados que venden, se pone ordinariamente en las traslaciones de dominio, relativa á que se dará cumplimiento á las disposiciones que dictaren sus autoridades, sea en el ramo civil ó en el criminal, tal como si no se hubiera hecho la cesion, y se debatió mucho en el tribunal de circuito de Rhode Island, en el caso "The United States v. Cornell" (2 Mason, 60, 91) United States v. Davis (5 ibid, 256, S. P). En su resolucion se declaró que desde el momento en que un Estado enagena á la federacion un terreno, ubicado en su territorio para que se destine á alguno de los objetos de interés nacional previstos por la Constitucion, ipso facto queda sujeto á la disposicion del Congreso, agotándose completamente la jurisdiccion del Estado. ¿Qué significacion y efectos tiene entonces la cláusula reservativa? Ciertamente que no entraña el sentido de que el Estado se reserva su jurisdiccion ó facultad de legislar, ni de castigar los delitos cometidos allí, para ejercerla juntamente con la federacion. Parece, pues, que su objeto se reduce á impedir que se conviertan esos lugares en asilos, donde puedan refugiarse los delincuentes prófugos de la justicia por actos perpetrados en la jurisdiccion reconocida del Estado, y el permiso de hacer cumplir las disposiciones que puedan dictar las autoridades del Estado en semejante caso, no pugna con la soberanía y jurisdiccion privativa del gobierno general. El aceptar la cesion con esta reserva, equivale á que el nuevo soberano consienta en que se dé cumplimiento á las requisitorias del Estado, como si quoad hoc fueran sus propias disposiciones. Esta interpretacion, además de tener en su apoyo la sancion reiterada de los tribunales federales, concilia las voluntades de las partes contrayentes: cualquiera otra haria nugatoria y nula la cesion. El Magistrado Story, aun dudaba que el Congreso pudiera constitucionalmente comprar terrenos á un Estado, cuando éste pusiera cualquiera restriccion que pudiera privarle de la facultad exclusiva de legislar allí. Los tribunales federales tienen jurisdiccion privativa para conocer de los delitos cometidos en estos sitios sin que á esto obste la reserva de hacer ejecutar las requisitorias de las autoridades de los Estados, pues ésta no implica la de ninguna soberanía ó jurisdiccion.
Al ejercer el Congreso la facultad privativa de legislar en los sitios ó distritos cedidos por los Estados, une á su facultad general la particular sobre esas localidades, la cual lleva en sí misma el poder de hacer cumplir sus disposiciones. El Congreso ejerce esta facultad como todas las demás de que está investido, en virtud de su elevado carácter de legislatura de la Union, y su poder general viene en ayuda de sus facultades locales. Así es que, el Congreso puede mandar perseguir, juzgar y castigar á los que allí hubieren delinquido y á sus encubridores, aun cuando se hallasen viviendo en lugares situados fuera de la jurisdiccion de estos distritos ó prófugos. Son indispensables todas estas facultades incidentales para llevar á debido efecto la facultad principal, y la Suprema Corte, en el caso de "Cohens v. Virginia," (6 Wheaton, 426, 429), declaró que las tenia el Congreso.
De esta doctrina se sigue como una consecuencia, que los tribunales de los Estados no pueden conocer de los delitos cometidos en los distritos cedidos, y además que los habitantes de éstos no pueden reclamar los derechos civiles ó políticos concedidos á los vecinos del Estado, supuesto que no están sujetos á sus leyes, y así lo han declarado los tribunales de los Estados.[185] Mas si en algun caso excepcional la federacion no hubiere comprado, y el Estado no le hubiera hecho entrega real del territorio, queda subsistente la jurisdiccion de éste, aun cuando el lugar haya estado ocupado por destacamentos de tropas de la federacion como fortaleza desde su rendicion por la Gran Bretaña. De acuerdo con esta doctrina la Suprema Corte de New York, en el caso "The People v. Godfrey" (17 John, 225) sostuvo su jurisdiccion para conocer del delito de homicidio cometido por un soldado en la fortaleza del Niágara. Ni bastará á destruir la jurisdiccion del Estado y conferirla á la federacion, la sola compra del terreno por parte de ésta, sino que es necesario que vaya acompañada del consentimiento de la Legislatura del Estado: así se declaró en el caso "The Commonwealth of Pennsylvania v. Young."[186]