Deberes del Gobierno y de otros respecto á los intereses religiosos en las Islas.
Por esa razón los delitos que más deben perseguirse en Filipinas, y en los que debe mostrar el Gobierno especialísimo celo, son los delitos contra Religión y personas eclesiásticas, por ser los que vulneran el mayor bien social, y más directamente contrarían á la fundamental obligación que España contrajo al incorporar estas Islas á su Corona. De ahí que no deba permitirse, sino castigarse severamente, la masonería, sociedad anticatólica y antinacional; que deba proscribirse toda propaganda contra los dogmas, preceptos é instituciones de nuestra Santa Madre la Iglesia; que deban castigarse con mayor rigor que cuando se cometen contra otra clase de personas los desafueros contra los clérigos y religiosos, dándoles el carácter que positivamente tienen de sacrilegios; que desde el Gobernador General hasta el último dependiente del Estado todos deban esforzarse por demostrar con su palabra y con su ejemplo, en público y en privado, y sin esas exterioridades convencionales de pura forma social (catolicismo que viene á ser algo así como de mero cumplimiento y cortesía, y que por desgracia tanto abunda), que aman y respetan la Religión Católica, y que estiman en más, cual procede, los deberes para con Dios y para con su Iglesia santa, que cualquier otro deber y obligación, por alta y respetable que sea la institución que lo imponga.
De ahí que el Gobierno de la Nación y las altas autoridades hayan de ser las primeras que deban desechar, no solo en sus actos oficiales, sino en los privados, y como políticos, como escritores, como empleados, como militares, en los diferentes órdenes de la vida social, la idea ridícula y despreciativa que el libre pensamiento ha esparcido contra los sacerdotes y religiosos, permitiéndose hablar de ellos en tono que tan poco honor hace al Clero, y que sabido por los elementos de otras clases sociales inferiores, viene á hacer que cada día se debilite más el respeto al sacerdocio católico, juzgando muchos que la religión de las personas oficiales no es con frecuencia más que una hipocresía social y una práctica de mera conveniencia política. De ahí que el Gobierno deba cuidar con gran diligencia que todo el personal suyo en el Archipiélago tenga arraigadas creencias católicas, para que no se vuelva á dar el triste espectáculo que tantas veces, y con harta profusión hemos presenciado, de que los primeros en contrariar la labor apostólica de las Corporaciones Religiosas son los mismos que por ser funcionarios de un Estado católico debían ser los que más la apoyaran y corroboraran. De ahí que deba impedirse á todo trance que tenga representación ó sucursales en estas Islas toda asociación, junta ó empreas, que, bajo cualquier nombre ó pretexto, incluso el ejercicio de derechos políticos, tienda á sembrar aquí ideas antirreligiosas ó anticlericales, y que proceda restaurar, ó, mejor dicho, robustecer la previa censura para toda clase de libros, impresos y grabados que vengan del exterior y para los que aquí han de ver la luz pública. De ahí que sea cada vez más necesaria la estrecha unión de todos los elementos peninsulares aquí residentes, para que juntos todos al amparo de nuestra divina Religión, de todos acatada y obedecida, podamos resistir con mayor pujanza á los enemigos de la Patria, no demos motivo con nuestras discordias á reforzar el campo rebelde, y en lo posible consigamos levantar los prestigios morales, hoy desgraciadamente bastante decaídos. De ahí tambien la necesidad grande de que en las esferas gubernativas desaparezca una errónea idea, funestísima y grandemente deshonrosa á las Ordenes, que, propagada por espíritus sectarios ó por malos ó tibios católicos, parece ser ya como postulado de muchos políticos de Madrid y de gran parte de los peninsulares que arriban á este Archipiélago.