Ascendía la población, sin contar las islas Filipinas, a 13 millones y medio de almas, cuyo más corto número era de europeos, únicos que estaban particularmente interesados en conservar la unión con la madre patria. En el origen contábanse solamente dos distintas razas o linajes, la de los conquistadores y la de los conquistados, esto es, españoles e indios. Gozaron los primeros de los derechos y privilegios que les correspondían, y se declaró a los segundos, conforme a las expresiones de la recopilación de Indias, «... libres y no sujetos a servidumbre de manera alguna.» Sabido es el tierno y compasivo afán que por ellos tuvo la reina Doña Isabel la Católica hasta en sus postrimeros días, encargando en su testamento «que no recibiesen los indios agravio alguno en sus personas y bienes, y que fuesen bien tratados.» No por eso dejaron de padecer bastante, extrañando Solórzano que «cuanto se hacía en beneficio de los indios resultase en perjuicio suyo»; sin advertir que el mismo cuidado de segregarlos de las demás razas para protegerlos, excitaba a estas contra ellos, y que el alejamiento en que vivían, bajo caciques indígenas, dificultaba la instrucción, perpetuaba la ignorancia, y los exponía a graves vejaciones, apartándolos del contacto de las autoridades supremas, por lo general más imparciales.
Se multiplicó infinito en seguida la división de castas. Preséntase como primera la de los hijos de los peninsulares nacidos en aquellos climas de estirpe española, que se llamaron criollos. Vienen después los mestizos, o descendientes de españoles e indios, terminándose la enumeración por los negros, que se introdujeron de África, y las diversas tintas que resultaron de su ayuntamiento con las otras familias del linaje humano allí radicadas.
Los criollos conservaron igualdad de derechos con los españoles: lo mismo, con cortísima diferencia, los mestizos, si eran hijos de español y de india; mas no si el padre pertenecía a esta clase y la madre a la otra, pues entonces quedaba la prole en la misma línea del de los puramente indios; a los negros y sus derivados, a saber, mulatos, zambos, etc., reputábalos la ley y la opinión inferiores a los demás, si bien la naturaleza los había aventajado en las fuerzas físicas y facultades intelectuales.
De los diversos linajes nacidos en ultramar, era el de los criollos el más dispuesto a promover alteraciones. Creíase agraviado, le adornaban conocimientos, y superaba a los demás naturales en riqueza e influjo. A los indios, aunque numerosos e inclinados en algunas partes a suspirar por su antigua independencia, faltábales en general cultura, y carecían de las prendas y medios requeridos para osadas empresas. No les era dado a los oriundos de África entrar en lid sino de auxiliadores, a lo menos en un principio; pues la escasez de su gente en ciertos lugares, y sobre todo el ceño que les ponían las demás clases, estorbábalos acaudillar particular bandería.
Comenzó a mediados del siglo XVIII a crecer grandemente la América española. Hasta entonces la forma del gobierno interior, los reglamentos de comercio y otras trabas habían retardado que se descogiese su prosperidad con la debida extensión.
Bajo los diversos títulos de virreyes, capitanes generales y gobernadores, ejercían el poder supremo jefes militares, quienes solo eran responsables de su conducta al rey y al consejo de Indias que residía en Madrid. Contrapesaban su autoridad las audiencias, que, además de desempeñar la parte judicial, se mezclaban, con el nombre de acuerdo, en lo gubernativo, y aconsejaban a los virreyes o les sugerían las medidas que tenían por convenientes. No hubo en esto alteración sustancial, fuera de que en ciertas provincias, como en Buenos Aires, se crearon capitanías generales o virreinatos independientes, en gran beneficio de los moradores, que antes se veían obligados a acudir para muchos negocios a grandes distancias.
En la administración de justicia, después de las audiencias, que eran los tribunales supremos, y de las que también en determinados casos se recurría al consejo de Indias, venían los alcaldes mayores y los ordinarios, a la manera de España, los cuales ejercían respectivamente su autoridad, ya en lo judicial, ya en lo económico, presidiendo a los ayuntamientos, cuerpos que se hallaban establecidos en los mismos términos que los de la península, con sus defectos y ventajas.
Los alcaldes mayores, al tiempo de empuñar la vara, practicaban una costumbre abusiva y ruinosa; pues so pretexto de que los indígenas necesitaban para trabajar de especial aguijón, ponían por obra lo que se llamaba repartimientos. Palabra de mal significado, y que expresaba una entrega de mercadurías que el alcalde mayor hacía a cada indio para su propio uso y el de su familia, a precios exorbitantes. Dábanse los géneros al fiado y a pagar dentro de un año en productos de la agricultura del país, estimados según el antojo de los alcaldes, quienes, jueces y parte en el asunto, cometían molestas vejaciones, saliendo en general muy ricos al cumplirse los cinco años de su magistratura, señaladamente en los distritos en que se cosechaba grana.
Don José de Gálvez, después marqués de Sonora, que de cerca había palpado los perjuicios de tamaño escándalo, luego que se le confió, en el reinado de Carlos III, el ministerio general de Indias, abolió los repartimientos y las alcaldías mayores, sustituyendo a esta autoridad la de las intendencias de provincia y subdelegación de partido, mejora de gran cuantía en la administración americana, y contra la que, sin embargo, exclamaron poderosamente las corporaciones más desinteresadas del país, afirmando que sin la coerción se echaría a vaguear el indio en menoscabo de la utilidad pública y privada, así como de las buenas costumbres. Juicio errado nacido de preocupación arraigada, lo que en breve manifestó la experiencia.
Creados los intendentes, ganó también mucho el ramo de hacienda. Antes, oficiales reales, por sí o por medio de comisionados, recaudaban las contribuciones, entendiéndose con el superintendente general, que residía lejos de la capital de los gobiernos respectivos. Fijado ahora en cada provincia un intendente, creció la vigilancia sobre los partidos, de donde los subdelegados y oficiales reales tenían que enviar con puntualidad a sus jefes las sumas percibidas y estados individuales de cuenta y razón, asegurando, además, por medio de fianzas el bueno y fiel desempeño de sus cargos. Con semejantes precauciones tomaron las rentas increíble aumento.