Y á todo esto, el vicio del sistema continuaba en pie. Las Cortes de Cádiz, llenas de patriotismo, quisieron atraerse el amor de los españoles de América. En 1810 declararon la igualdad de sus derechos con los ciudadanos de la Península. En 1813 dispusieron que las Cortes se formasen con un número igual de ciudadanos españoles y americanos, y suprimieron algunos de los impuestos que más agobiaban á aquellos habitantes. El propio Fernando VII, en los años 1825 y 1826, cuando perseguía cruelmente á los liberales que habían defendido su trono contra el gran conquistador del siglo, ofrecía á las Colonias americanas el régimen constitucional, como nuevo vínculo con el que pretendía obtener su pacificación.

Nada de esto fué bastante; el vicio del sistema era el obstáculo insuperable á esta nueva fase de la soberanía española en América. A lo que las Colonias aspiraban, lo que estaban resueltas á conseguir, era regirse y gobernarse á sí mismas, era el régimen autonómico, para ellas de mucho más valor que todas las ventajas, todos los beneficios y todos los progresos de que pudiera colmarles la Metrópoli. Esto mismo ya lo había presentido el Conde de Aranda, cuando en la Memoria que según hace poco os he dicho dirigió al rey Carlos III, después de la paz con Inglaterra, le había propuesto, como el medio de conservar la dominación española en América, la creación de tres Reinos: el de Méjico, el de Perú y el de Costa Firme, que serían como feudatarios de la Corona de Castilla, y para formar de esta manera con España un grande Imperio, contra el cual serían impotentes los demás Estados de Europa.

El error del ilustre Conde de Aranda al concebir tal pensamiento, consistió en no tener presente, que la tierra americana no podía menos de ser refractaria á la institución monárquica. América había nacido á la vida moderna, bajo el imperio de Monarquías lejanas, de las cuales no podía conservar grato recuerdo, por la administración y gobierno de sus representantes. Por otra parte, la nueva República de los Estados Unidos tampoco hubiera aceptado el establecimiento de los Reinos que el Conde de Aranda proponía.

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Más previsor, con un criterio más levantado y más propio de un hombre de Estado, aconsejó después, por mucho que os sorprenda lo que vais á oir, el Príncipe de la Paz á Carlos IV, la organización autonómica de la América española, como lo había hecho el Conde de Aranda, pero no bajo la forma monárquica que aquél proponía.

Para el Príncipe de la Paz debía constituírse en aquellos territorios un Gobierno Supremo, allí debían resolverse sin ulterior recurso los asuntos, salvo el caso en que los intereses comunes de españoles y americanos aconsejasen reservarlos á la superior resolución de la Metrópoli. Los Jefes Supremos de aquellos territorios, por más de que fueran Príncipes de la sangre, habían de gobernarlos con un Ministerio responsable y con un Consejo á manera de Cuerpo legislativo, que había de formarse de por mitad por españoles y americanos, y no á título de reino, sino de provincias ó virreinatos independientes de la Metrópoli. En el pensamiento del Príncipe de la Paz aparecen ya los caracteres fundamentales de la autonomía de la Australia y del Canadá. Así lo dejó consignado en sus Memorias publicadas en 1839, en las que dice: «Mi pensamiento fué que en lugar de Virreyes fuesen nuestros Infantes á la América, que tomasen el título de Príncipes regentes, que se hiciesen amar allí, que llenasen con su presencia la ambición y el orgullo de aquellos naturales, que les acompañase un buen consejo con Ministros responsables, que gobernase allí con ellos un senado, mitad de americanos y mitad de españoles, que se mejorasen y acomodaran á los tiempos las leyes de las Indias, y que los negocios del país se terminasen y fuesen fenecidos en tribunales propios de cada cual de estas regencias, salvo sólo aquellos casos en que, el interés común de la Metrópoli y de los pueblos de la América, requiriesen terminarlos en España».

Desgraciadamente, ni el Conde de Aranda, ni el Príncipe de la Paz fueron oídos y persistió el sistema de considerar como provincias de España aquellos lejanos territorios, por más que el régimen de las provincias de la Metrópoli fuese de aplicación imposible más allá del Atlántico, agregándose á ello que tal sistema continuó encerrándose hasta el último momento en la inconsecuencia del régimen arancelario excepcional, en cuya virtud, las Antillas españolas, habían de recibir como de cabotaje las mercancías españolas, entre tanto que en la Península, no habían de gozar de los mismos beneficios los productos antillanos.

España comenzó al fin, á reconocer la independencia y soberanía de sus antiguas colonias en el continente, comenzando este reconocimiento en 1836 y siguiendo hasta 1870, en que celebró el último tratado.

Después de todo cuanto acabo de indicaros, puedo volver á preguntar: ¿Creéis que cabe considerar aisladamente la insurrección de la isla de Cuba y que ésta no fué si no la última escena del sangriento drama que se desarrolló durante más de un siglo? ¿Creéis que las faltas de los gobiernos que acaban de fenecer pueden explicar por sí solas la última catástrofe? ¿No comprendéis que aun cuando estas faltas hayan contribuído á ella, no por eso habría dejado de realizarse aquélla, si tales faltas no se hubieran cometido?

Por esto os decía, que el germen del mal arrancaba desde los primeros tiempos de la dominación española, porque estaba en el sistema mismo.