[119] «Chappedelaine v. Decheneux» 4 Cranch, 306, 308; Browne v. Strode, 5 Cranch, 303, Véase además 5 Cranch, 91, y «Childress v. Emory,» 8 Wheaton, 642. Procede la jurisdiccion de los tribunales de circuito de la federacion, aun cuando el actor nominal y el verdadero demandado sean ciudadanos de un mismo Estado, si la parte á quien el primero representa es ciudadano de otro Estado. «Browne v. Strode;» Mchutt v. Bland,» 2 Howard U. S. 9.
[120] «Sere v. Pitot,» 6 Cranch, 332; «Mayer v. Foulkrod,» 4 Washington C. C. 349. Se ha resuelto judicialmente que el tenedor de un pagaré extendido á favor de A ó del portador, puede demandar ante los tribunales federales en su propio nombre, y que no es aplicable al caso la seccion 11.ª del Judiciary Act. «Ballard v. Bell,» 1 Mason, 243; «Halstead v. Lyon,» 2 Mc Lean, 226. Así el tenedor de un documento negociable, pagadero á la órden del mismo que lo hizo, y endozado á otro, puede demandar al primero en los tribunales federales, aunque el tenedor sea ciudadano de otro Estado, pues que la traslacion del derecho se verifica no por la cesion, sino por la tradicion al comprador «Jowne v. Smith,» U. S. C. C. Massachusetts Law Reporter de Mayo, 1846. «Joffee v. Planter's Bank of Tennessee,» 13 Howard, U.S. 183.
[121] Segun la mente de la Constitucion, la palabra Estado solo es aplicable á los miembros de la confederacion americana, pero no á los territorios de la federacion. «Seton v. Hanham,» R. M. Charlton Georgia 374; «Hepburn v. Ellzey,» 2 Cranch, 445; «Corporation of New Orst anev. Winter,» 1 Wheaton 91.
[122] Por lo mismo el nombramiento de cónsul hecho en favor de una persona, no pone fin á la jurisdiccion del tribunal de un Estado. Koppel v. Heinrichs, 1 Barb [N York] 449.
[123] En el caso de «Mc Nutt v. Bland,» 2 Howard U.S. 9, se resolvió que un ciudadano de Mississippi podia ser demandado ante el tribunal de circuito federal por un ciudadano de otro Estado, aunque éste instituyera su demanda en nombre de un administrador de bienes ajenos ciudadano tambien de Mississippi, con tal de que aquel fuera parte interesada en el litigio. El magistrado Daniel disintió, sosteniendo con fundamento de otras decisiones anteriores, que la jurisdiccion dependia, no de la condicion de las partes interesadas en el litigio, sino del carácter de las personas que aparecian como partes en los autos.
[124] 9 Wheaton, 904; «Bank of Kentucky v. Wister,» 2 Peters U. S. 318, S. P. En este caso se resolvió que un banco podia ser demandado aun en el evento de que todo su capital y administracion fueran del Estado que lo incorporó.
[125] En el caso de "Alexander v. The Duke of Wellington" [Russ and Myene 35] Lord Brougham dijo que las presas militares descansaban en los mismos principios de derecho que las marítimas, á pesar de que no hay ningun estatuto sobre el particular.
[126] Le Caux v. Eden, Doug 594 The Amiable Nancy 1 Paine Circuit Court 111, Chamberlain v. Chandler 3 Mason, 243, 244. En las capturas hechas jure belli, basta que ellas se funden en una causa probable y lo mismo sucede en lo general respecto á los actos comprendidos bajo la expresion "marine torts" y al ejercicio de los derechos de beligerante, cuando se hubieren observado las restricciones establecidas por disposiciones legales. The Palmyra 12, Weaton 1.
[127] En algunas opiniones sometidas oficialmente al Ejecutivo en los años de 1812 y 1814, se consideraba como indisputable que el conocimiento y castigo de los delitos graves perpetrados dentro de los límites jurisdiccionales de los Estados Unidos, á bordo de los buques de guerra de la nacion, no tocaba á las cortes marciales de marina, sino á los tribunales de la justicia ordinaria. (Opinions of the Attorneys-General, Washington, 1841, vol. 1. ps. 114-120.) Pero la ley que expidió el Congreso el 23 de Abril de 1800, c. 33, «para mejorar el gobierno de la marina de los Estados Unidos,» en su artículo 21, dispuso que el delito de homicidio cometido por algun oficial, marinero ó marino al servicio de algun buque ó navío público de los Estados Unidos, fuera de la jurisdiccion territorial de los mismos, podria ser juzgado por una Corte marcial, y castigado con la pena de muerte.
[128] «United States v. Grush,» (5 Mason, 290.) En los casos «The United States v. Davis and Hanlon,» resuelto por el tribunal de circuito federal del distrito de New York, y «The United States v. Jackson,» (2, New York Legal Observer, 3, 35) se declaró, que por la ley de Abril de 1790, los tribunales federales no tenian jurisdiccion para conocer de un robo cometido á bordo de un buque americano anclado en el puerto de Savannah, del Estado de Georgia, como tampoco la tendrian para conocer de ese delito, si hubiera sido cometido en la jurisdiccion local de una potencia extranjera. Pero sí serian competentes para conocer de él cuando se hubiera cometido en alta mar. Las leyes de 30 de Abril de 1790, [c. 9] y 3 de Marzo de 1825 [c. 67] no son bastante claras en la materia de la jurisdiccion criminal del almirantazgo sobre los delitos cometidos en alta mar. Las secciones 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª y 12.ª de la ley de 1790 contienen disposiciones para castigar el homicidio, el robo y otros delitos cometidos en alta mar, "por cualesquiera persona ó personas," sin limitarlas específicamente á ciudadanos ni á buques americanos; y á pesar de esto, ya se han pronunciado sentencias fundadas en aquella ley declarando que el delito de robo cometido por un extranjero en alta mar, á bordo de un buque de la propiedad exclusiva de súbditos extranjeros, no era delito de piratería segun la mente de la ley, ni podian castigarlo los tribunales de los Estados Unidos. «United States v. Palmer,» 3 Wheaton, 610. La ley contiene prevenciones para castigar las heridas que causen mutilacion, pero solo en los casos en que hubieran sido inferidas en buques americanos, sean públicos ó privados. En virtud de la seccion 9.ª de la ley de 3 de Marzo de 1825, expedida para «el castigo mas eficaz de ciertos crímenes» etc. cualquier delito, como por ejemplo, el robo de efectos de un buque náufrago, sea que se hubiere cometido durante la pleamar ó la bajamar, está sujeto á la jurisdiccion de los tribunales federales. «United States v. Coombs,» 12 Peters U. S. 27. Las secciones 4.ª, 7.ª y 8.ª de la misma ley contienen acerca del homicidio, rapto y otros delitos que mencionan disposiciones generales, aplicables, segun sus propias palabras «á cualesquiera persona ó personas,» sin definir el carácter del buque en que pueda cometerse. Pero la seccion 6.ª que se refiere al robo en alta mar, restringe la jurisdiccion al caso en que se hubiere cometido á bordo de buques-americanos, y lo mismo hace la 22.ª que se refiere á los asaltos con intencion de cometer algun delito grave, mientras que la 23.ª que declara ser delito grave conspirar en alta mar para destruir un buque con intencion de perjudicar á los aseguradores, se expresa en términos generales, y es aplicable á toda clase de personas.