Imaginé que me hallaba en una tribuna del Congreso. Las Cortes españolas acababan de votar la nivelación social. No más ricos, ni pobres, ni propiedad: todos los españoles de ambos hemisferios debíamos ser iguales ante la fortuna: la demencia del equilibrio de la suerte era señora del mundo.
Mas ¿cómo hacer el reparto? He aquí el difícil, arduo y pavoroso problema que absorbía por entero la atención de los legisladores y del pueblo.
Elocuentes discursos resonaban en el augusto recinto; frenéticos aplausos recompensaban los arranques oratorios de la gloriosa tribuna española, sin rival por la majestad y la grandeza; las pesadas máquinas tipográficas, a las cuales aligera el tenue vapor, giraban incesantes despidiendo la palabra escrita; el pueblo se apoderaba con ansia del delgado papel mensajero de la buena nueva; la plaza pública convertíase en palenque de controversia, y con aquella emulaban la cátedra, el palacio, el círculo y la humilde vivienda del jornalero; cantaba el poeta, en inspiradas estrofas, el triunfo de la igualdad; el estadista ponía en tortura su inteligencia, buscando una fórmula de todo punto niveladora; meditaban los sabios; la osada presunción daba a los vientos de la publicidad las más peregrinas soluciones; conmovíase el país desde sus cimientos; la nación en masa deliberaba; pero la resolución del problema, el procedimiento verdaderamente igualador seguía en pie.
Los altos poderes, en los cuales reside la facultad de hacer las leyes, acordaron que el Estado se incautase de todo, obra hacedera en quien disponía de la fuerza; pero el Estado, a su vez, debía repartir la masa común entre los españoles, en proporciones completamente iguales; empresa ante la cual mostrábanse perplejas las Cortes, indeciso el Gobierno, impaciente la plebe y suspensos los ánimos de todos.
Proponían unos que la riqueza se repartiese a prorrata; pero ¿cómo se dividía una ciudad, por ejemplo, aunque no fuese más que entre sus habitantes, dadas las diferentes condiciones de los edificios, ni aun una casa entre sus inquilinos, variando el valor de cada piso, ni una comarca, en vista de la discrepancia de los terrenos, ni siquiera una propiedad rural, cuando las divisiones no podían ser homogéneas?
Pedían otros, entre los cuales predominaba el elemento ministerial, que el Estado repartiese los bienes según las obras de cada uno; pero ¿qué orden, qué equidad ni qué justicia presidirían a la distribución en un país donde la mayor parte de los destinos públicos, los ascensos y las mercedes venían siendo, más que recompensa del mérito, de la virtud o de los servicios, producto de la cábala política, del ciego favor o del nepotismo erigido en sistema? Semejante medio pugnaba con el principio nivelador votado por las Cortes, pues constituiría, al cabo, el más irritante de los privilegios: el privilegio del valimiento.
¿Y qué diré de los que querían apelar a la insaculación para el reparto, creando la aristocracia del azar?
Un partido numeroso inclinábase al comunismo icario de Cabet, confiando al Estado las funciones de curador de todos los españoles; pero ¿qué fuera de estos a merced de la omnipotencia administrativa con todo el lujo de expedientes inacabables, de resoluciones contradictorias y de leyes y reglamentos arbitrariamente interpretados? ¿Qué de la libertad individual en perpetua tutela de una burocracia opresora e indolente?
Los sansimonianos, que también los había, proclamaban la excelencia de sus doctrinas; mas ¿qué igualdad era de esperar en un sistema eminentemente jerárquico?
Los falansterianos pretendían, en vano, levantar cabeza. El pueblo mostrábase refractario a la vida monacal laica.