Los que aceptaban un mismo principio fundamental y disentían en los de orden secundario, reñían incesantes batallas, más enconadas cuanto más afines eran los contendientes, creyendo con dudosa buena fe que defendían ideas, cuando en el fondo no disputaban más que personas.

En esta época en que se ha realizado un gran progreso en las costumbres políticas y en la administración pública, no puede menos de maravillarnos la perversión y falta completa de todo sentimiento de justicia que presidían a la provisión de los destinos públicos y a las relaciones entre el Estado y el ciudadano. El valimiento, el favor y la recomendación eran la fuerza suprema que daba movimiento e impulso a aquel mecanismo oficial. Aun los espíritus más rectos y justicieros no podían sustraerse al medio ambiente en que vivían, y acaso sin darse cuenta de ello muchas veces se hacían cómplices de la iniquidad cediendo a un falso deber de agradecimiento, a una exigencia de la amistad o a una atención de la galantería.

El caciquismo que imperaba en los pueblos enseñoreándose de los Ayuntamientos y de las Diputaciones provinciales, a su calor nacidos, sometía a la dura ley del vencedor al adversario político o personal, con el encarnizamiento y el encono propios de las luchas locales; y el representante del poder central en las provincias, que no podía prescindir de estas fuerzas para el triunfo de los candidatos que recomendaba el Gobierno, transigía fácilmente con ellas, y las más veces era en vano reclamar justicia de quien carecía de autoridad moral para aplicarla.

Los ciudadanos acabaron por perder la fe en la justicia administrativa, creyendo solo en la eficacia de las influencias, habiéndose impuesto de tal suerte la costumbre de las recomendaciones, aun con los más frívolos pretextos, que hubiera parecido notable falta de cortesía en un hombre urbano no prestarles por lo menos hipócrita atención y aparente acogida. Y ese afán de apelar al favor lo invadía todo: sus importunidades ni siquiera respetaban la santidad de los tribunales, a los que se reclamaba justicia con la imposición de influencias políticas o sociales, como si aquella pudiera torcerse y quebrantarse, lo cual en el fondo argüía una grave ofensa a la rectitud de los magistrados.

Debe, sin embargo, negarse, y dicho sea en honor de la verdad, que los hombres públicos se convirtiesen en dóciles instrumentos de injustas pretensiones, cediendo al torpe móvil de la codicia: sus debilidades nacían del interés político, del espíritu de parcialidad, de una deuda de gratitud, del amor de familia o de la benevolencia del afecto. Los caracteres más refractarios a la venalidad del favor, prestaban fácil oído al soborno del sentimiento.

Y mientras el arte de la política se basaba en las complacencias personales, la administración arrastraba vida lánguida y perezosa, siendo la inestabilidad burocrática el más funesto de sus males. Acrecentábanse de día en día los gastos del Estado, porque no había ministro con fuerza ni voluntad bastantes para reorganizar de una manera radical los servicios, ante el temor de enajenarse el apoyo de los régulos del Parlamento, de herir intereses de localidad, de lastimar el espíritu de clase, mayormente si se trataba de institutos armados o de evocar el más pavoroso de los fantasmas: la cuestión de orden público.

Tal era el miedo que esta inspiraba, que casi todas las iniquidades cometidas por los Gobiernos y su falta de iniciativa para corregir ciertos abusos, no reconocían más causa que el recelo de conflictos acaso más imaginarios que reales.

La autoridad, el prestigio, la fama de hacendista buscábanse, no en el planteamiento de reformas trascendentales que cambiasen los gastados organismos, base de una administración anacrónica, indolente y a veces absurda, sino en los arrebatos y en las audacias, encaminados a vejar más y más al país, agobiado bajo el peso de tributos superiores a sus agotadas fuerzas.