Pronto se vió obligado, sin embargo, el Presidente Wilson, a abandonar su política del "watchfull waiting". El día 9 de marzo atraviesa Villa la frontera al frente de unos mil hombres y asalta el pueblo de Columbus, Estado de Nuevo Méjico, asesinando a muchos de sus moradores y causando otros estragos, y al día siguiente el Presidente reúne su gabinete y se acuerda enviar a Méjico un contingente militar con objeto de poner término a las incursiones de los bandidos. Tanto el Presidente, como el Secretario de la Guerra, declararon que los fines de la excursión habían de ser exclusivamente punitivos y que se guardarían los debidos respetos para la soberanía mejicana. No tardó el Congreso en respaldar la actitud del Ejecutivo, al autorizar a éste para movilizar el número de soldados que fuesen necesarios, no sin hacer también la salvedad, de que tal acción no habría de significar, en modo alguno, el deseo de intervenir en los asuntos domésticos de la vecina república.

Al enterarse Carranza del envío de la expedición, le hizo saber al Gobierno de Washington que no la consideraba justificada, ni toleraría la invasión, a menos que a su gobierno se le reconociera el mismo derecho, en análoga situación. Carranza al enviar esta nota, que fué depositada en la Cancillería americana por medio de su Agente Confidencial, sólo quiso, según explicó después, hacerle ver al Presidente Wilson, que estaba dispuesto a entrar en negociaciones para autorizar la expedición sobre aquella base de reciprocidad; pero Wilson le dió otro alcance a dicha nota, la tomó como una oferta de aceptar desde luego la invasión, siempre que a su gobierno, en idéntica situación, se le reconociera igual derecho; de ahí, que a los dos días de haberle contestado al Presidente mejicano que aceptaba aquella propuesta, la expedición penetraba en territorio azteca. El entonces Brigadier Pershing, marchó al frente de la invasión y el Mayor General Funston quedó en la frontera, para dirigir desde ella las operaciones.

Apenas ocurrió este hecho, el Presidente Carranza le pidió al gobierno de los Estados Unidos que retirase la expedición. Para tratar de este asunto se celebraron conferencias en El Paso por el mes de mayo, entre representantes de las dos naciones, pero no obstante los esfuerzos que se realizaron, no se obtuvo acuerdo alguno. Carranza se mantuvo en su actitud. Insistió con reiteración, por medio de notas constantes, cuyo tono de arrogancia era más marcado cada vez, en la retirada de la expedición punitiva y cuando eran más tirantes las relaciones entre los dos gobiernos, ocurre un suceso que pareció ser el detalle que faltaba para provocar la ruptura de las hostilidades. En 21 de mayo trabaron combate una fuerza americana y otra mejicana que se habían puesto en contacto en Carrizal, con grandes pérdidas de una y otra parte. La excitación que este hecho produjo en las dos repúblicas fué inmensa. La guerra parecía ya un hecho. El Congreso norteamericano se reúne inmediatamente y vota un crédito de $25,000.000.00 para satisfacer los gastos de movilización de la Guardia Nacional.

Pero cuando ya la ruptura parecía inminente, cambia el sesgo de las cosas. Varios representantes diplomáticos europeos y suramericanos, deseosos de conjurar la crisis, le piden al General Carranza que cambie el tono de su actitud con respecto al Gobierno de Washington. Esas gestiones son seguidas de otras cerca de este último gobierno y una vez lograda una mejor disposición, ya dentro de un ambiente más cordial, se provoca la reunión de una comisión de representantes de los dos gobiernos. Llevóse a cabo dicha reunión, con éxito satisfactorio en Atlantic City, New Jersey, y zanjadas al fin las diferencias, quedó convenida la retirada de la expedición punitiva, llevándose ésta a cabo en enero de 1917. Poco tiempo después, de nuevo se hacen tirantes las relaciones entre las dos naciones, al promulgarse en 1º de mayo de 1917 una nueva Constitución, inspirada por Carranza, en la que se declaró, por su artículo 27, que eran del dominio de la nación todas las pertenencias del subsuelo. Las empresas norteamericanas interesadas en negocios de petróleo en este país elevaron su protesta al Gobierno de Washington, por entender que aquella disposición envolvía una verdadera conculcación de los derechos domínicos adquiridos al amparo de las leyes mejicanas y dicho gobierno, juzgándola justificada, la trasmitió al de Méjico. Este no quiso prestar atención a los reclamantes y tan importante ha juzgado el asunto la Cancillería norteamericana, que por consecuencia del mismo, no fué reconocido Adolfo de la Huerta, que ocupó el gobierno provisionalmente a consecuencia de la muerte trágica de Carranza, ocurrida en 21 de mayo de 1920, ni el General Alvaro Obregón, que desempeña la presidencia desde diciembre de dicho año.

Claro está, que semejante situación perjudica a todos: a Méjico, porque el país necesita mantener sus relaciones mercantiles y financieras con los Estados Unidos y a éstos, por el quebranto que han sufrido y están sufriendo los cuantiosos intereses invertidos en dicha república. El General Obregón ha procurado reanudar las relaciones entre los dos países, pero considera inaceptable la condición que para llegar a ese resultado se le exige por el gobierno de los Estados Unidos, consistente en que se declare, por medio de un Tratado, que el antes referido artículo 27 de la Constitución, no perjudica los derechos adquiridos con anterioridad.

Tal es la situación del gobierno de Méjico en estos momentos. Veinticuatro naciones lo han reconocido, pero otras, entre las que figuran Francia y la Gran Bretaña, no han dado ese paso, en espera sin duda de la aptitud que adopten los Estados Unidos.

(II)
NOTAS CRITICAS

I.—La política intervencionista de los Estados Unidos en el mar Caribe. Sus precursores. Sus causas. Caracteres que le son propios.

La preponderancia de los Estados Unidos en el mar Caribe cobró verdadero interés al concertarse, en 18 de noviembre de 1901, el Tratado Hay-Pauncefote, por el cual la Gran Bretaña renunció el derecho, que había adquirido desde el año 1850, de compartir con aquella República la construcción y explotación de un canal interoceánico. La renuncia de tal derecho significaba para el gobierno inglés algo más que la conformidad en que el canal quedara bajo el control de los Estados Unidos: era darle paso franco a esta nación para que ejerciera un completo señorío sobre las Indias Occidentales y la América Central. Una vez resueltos los Estados Unidos, dice el profesor Latané, a llevar a cabo el proyecto, por tanto tiempo acariciado, de ser los constructores del canal, esta determinación por fuerza tenía que imponerles la adopción de la política de protectorados, supervisiones financieras, dominio de rutas marítimas y adquisición de estaciones navales que han asumido en el Caribe.