Al fin llegó el momento en que los Estados Unidos hicieron el reconocimiento. Veamos cómo ocurrió ese hecho.
El día 30 de enero de 1822 los Representantes Nelson y Trimble pidieron en la Cámara que se hiciera el reconocimiento de las colonias, e interesaron al propio tiempo, del Presidente de la República, el envío de cuantos datos e informes se relacionaran con la situación de los nuevos Estados. Esa petición fué contestada por el Presidente de la República, que a la sazón lo era James Monroe, en su famoso Mensaje de 8 de marzo de aquel año, en el que consignaba, después de extenderse en diversas consideraciones sobre el estado que había alcanzado la revolución, su opinión de que había llegado el momento de hacer el reconocimiento. He aquí los términos del Mensaje:
Al transmitir a la Cámara de Representantes los documentos interesados por su resolución de 30 de enero último, considero de mi deber llamar la atención del Congreso sobre la importancia de la materia de que se trata y exponerle los puntos de vista del Ejecutivo en ese asunto, que con seguridad han de ser los mismos de esa otra rama del Gobierno.
El movimiento revolucionario de las colonias españolas de este hemisferio, desde sus comienzos, despertó las simpatías de nuestros compatriotas. Ese espontáneo sentimiento nuestro, desde luego que nos hace honor por motivos que no necesitamos explicar. Nos es grato significar que a todos ha merecido aprobación la línea de conducta que hubimos de trazarnos frente a la contienda. Cuando nos dimos cuenta de la importancia del movimiento revolucionario, no tuvimos inconveniente en considerar a los dos combatientes bajo las mismas condiciones, según lo que establece la Ley de las naciones en caso de guerra civil. A los buques de las dos partes, tanto los del Gobierno como los de particulares, se les permitió entrar en nuestros puertos y proveerse en ellos de los artículos que han sido objeto de comercio con las otras naciones. El Gobierno no ha tenido inconveniente en proteger el comercio con las dos partes contendientes, siempre que del mismo no fueran objeto contrabandos de guerra. Los Estados Unidos, en fin, no han dejado de observar un solo momento la más estricta imparcialidad.
Los sucesos ocurridos en las provincias han tomado tal magnitud, que creemos llegado el momento de considerar, con todo detenimiento, si se está en el caso de declarar que el orden de cosas establecido en las mismas permite deducir que han alcanzado la condición de naciones independientes. Buenos Aires hizo formal declaración de su independencia desde 1816, pero de hecho se encuentra libre del dominio de la nación progenitora desde 1810. Las provincias que forman la actual República de Colombia, antes de unirse por la Ley fundamental de 17 de diciembre de 1819, habían hecho, separadamente, su declaración de independencia. Por aquella época todavía dominaban algunas regiones las fuerzas españolas, pero esas fuerzas han sido completamente destrozadas, hasta el punto de que los soldados que no han sido hechos prisioneros han perecido, o se han ausentado como han podido, encontrándose el resto bloqueado en dos fortalezas. No son menos importantes los progresos realizados por las Provincias del Pacífico. Chile se declaró independiente en 1818, y el nuevo régimen ofrece las mejores garantías de estabilidad, y merced a su cooperación y a la de Buenos Aires, la revolución se ha extendido al Perú. Con respecto a Méjico, no son tan auténticos nuestros informes como con respecto a los otros países, pero tenemos entendido que el nuevo Gobierno ha declarado la independencia y que no hay fuerzas que lo combatan. Hace ya tres años que el Gobierno de España no manda un solo soldado a combatir a las provincias, ni hay esperanzas de que en lo futuro pueda mandarlos. En resumen: que es evidente que las provincias se encuentran hoy en el pleno disfrute de su independencia, y que ni por el estado actual de la guerra, ni por otras circunstancias, existe el más remoto temor de que la pierdan.
Dado, pues, el aspecto que han tomado los acontecimientos, es indudable que los nuevos Gobiernos tienen derecho a ser reconocidos. Las guerras civiles, por lo regular, exaltan a tal punto las pasiones de las partes contendientes, que no se les puede pedir serenidad; pero en cambio, las otras naciones están en la obligación de hacer por que lleguen a una avenencia. La misma calma que los Estados Unidos han mantenido frente al problema, constituye una prueba para España, y para otras naciones, de que sabe respetar sus derechos. Las provincias de este hemisferio, a medida que se han declarado independientes, han demandado nuestro reconocimiento, pensando sin duda en que para formular esa petición tenían título suficiente; pero el Gobierno no ha accedido a esas solicitudes, en su deseo de no tomar parte en la contienda y no merecer la desaprobación del mundo civilizado. Otras gestiones en el mismo sentido se nos han hecho, pero no hemos creído prudente actuar. No obstante eso, hemos estado muy atentos a la marcha de los sucesos para conocerlos en su fondo. Hoy observamos el largo período de tiempo que lleva de duración la guerra, las enormes ventajas que han alcanzado las provincias, el estado de los combatientes y la actual incapacidad de España para hacer variar ese orden de cosas; y no podemos por menos que convenir en que ha llegado el momento de que se reconozca la independencia de las colonias.
No tenemos noticias con respecto a la opinión que tenga hoy el Gobierno de España sobre estas cosas; pero es de presumir que la importancia de la revolución, que ha puesto en manos del pueblo la soberanía de todo el Continente Meridional, llevará a la nación progenitora al convencimiento de que no puede por menos que llegar a una reconciliación, aunque sea bajo la base de la independencia. Nada sabemos acerca de la opinión de las otras potencias. Nuestro deseo sería realizar el reconocimiento de acuerdo con ellas, pero creemos que no están en condiciones de declararlo. Separadas de las provincias, al través del Atlántico, por enorme distancia, la suerte de dichas provincias ha de inspirarles menos interés que a nosotros. Es por eso lo más probable que no hayan observado con atención el curso de los acontecimientos; pero la importancia de los que últimamente han ocurrido no puede pasarles inadvertida.
Al aconsejar que se haga el reconocimiento, no queremos que se entienda que alteramos nuestras relaciones de amistad con ninguno de los combatientes, pues antes al contrario, aunque la guerra continúe, no hemos de abandonar nuestra neutralidad. Entendemos que al Gobierno de España han de satisfacerle estas declaraciones. El reconocimiento, en este caso, está de perfecto acuerdo con la ley de las naciones; y los Estados Unidos, al hacerlo, se muestran consecuentes con sus antecedentes y de acuerdo con sus intereses. Si el Congreso está de acuerdo con nuestra propuesta, esperamos que votará los créditos necesarios para hacerla efectiva.
El citado Mensaje es de fecha 8 de marzo de 1822; y al día siguiente, Anduaga, Ministro de España en los Estados Unidos, entregó una nota en la Secretaría de Estado, llamándole la atención al Gobierno acerca de que el acto del reconocimiento era improcedente y extemporáneo. No había méritos para hacerlo, a juicio de dicho Ministro, por dos motivos: porque no se podían desconocer los derechos de España sobre sus colonias, y porque los nuevos gobiernos, dada la situación caótica por que atravesaban y las pocas condiciones de estabilidad que ofrecían, no se habían hecho acreedores a dicho reconocimiento. La prueba de que no ha llegado la oportunidad de hacer dicho reconocimiento, se puede encontrar, decía el Ministro, en que las naciones de Europa no se han decidido a hacerlo; pues si fuera justo y procedente, hubieran dado ese paso siquiera no fuese más que por ganarse la amistad de países que tan vasto campo ofrecen al comercio.
El Secretario de Estado no contestó de momento esta comunicación; esperó que el Congreso hiciera el reconocimiento, como lo hizo, efectivamente, en 28 de marzo.