Esta proclama produjo el resultado apetecido: por lo pronto hubo de desistirse de la expedición que entonces se proyectaba. Pero no se arredraron por esto el general Narciso López y sus amigos; ni siquiera se detuvieron ante el fracaso de otra expedición que se logró desembarcar en Cuba en 19 de mayo de 1850. En las esferas oficiales sabíase que en territorio americano se seguía conspirando contra la dominación española en Cuba, y en 25 de abril del año 1851, el Presidente, Millard Fillmore, lanzó la siguiente proclama:
...He resuelto, por tanto, expedir esta proclama apercibiendo a todos aquellos que con infracción de nuestras leyes y desprecio de nuestras obligaciones internacionales se unan en algún modo con la expresada empresa o expedición, que incurrirán por ello en las severas penas dictadas contra esos delitos, y quedarán sin derecho a reclamar la protección de este Gobierno, que no intervendrá absolutamente en favor de ellos, cualesquiera que sean los extremos a que los lleve su ilegal conducta. Y, en ese concepto, exhorto a todos los buenos ciudadanos a que considerando nuestra reputación nacional, el respeto que se debe a nuestras leyes y a los preceptos del derecho de gentes, lo que valen los beneficios de la paz y el bien y la felicidad de nuestro país, desoigan y condenen la empresa de que aquí se trata y la impidan por todos los medios legales. Ordeno, además, a todos los empleados del Gobierno, así civiles como militares, que se esfuercen por todos los medios que estén a su alcance para conseguir la prisión, el encausamiento y castigo de todos y cada uno de estos delincuentes, conforme al derecho del país.
(1868-1878). Apenas iniciada la revolución cubana del año de 1868, era bien visible que el pueblo norteamericano estaba de parte de los insurrectos. En 10 de abril del año 1869, la Cámara de Representantes acordó, por noventa y ocho votos contra veinticuatro, ofrecerle su apoyo constitucional al Presidente de la República
para cuando juzgase oportuno reconocer la independencia y soberanía del Gobierno Republicano de Cuba.
El propio Poder Ejecutivo estaba, francamente, de parte de los revolucionarios. Comenzó, primero, por indicarle y ofrecerle a España un plan de mediación sobre la base del reconocimiento de la independencia, y amenazó después, ante las demoras y dilaciones del Gobierno de Madrid—que en un principio pareció dispuesto a iniciar las negociaciones—, con reconocer la beligerancia. Tanto, pues, por el estado de la opinión pública como por la actitud en que se colocó el Gobierno, parecía que los Estados Unidos se iban a apartar de la regla de la doctrina de Monroe, en que ahora nos ocupamos, enunciada en esta forma:
No hemos intervenido ni intervendremos en las colonias o dependencias existentes de ninguna potencia europea.
Sin embargo, cuando España se dió cuenta de esa actitud, se indignó y amenazó con romper las hostilidades; y, ante semejante situación, el Gobierno de Washington desistió de su propósito.
A partir de ese momento, el Poder Ejecutivo no quiso dar ningún paso que pudiera traerle dificultades con el Gobierno Español. Desempeñaba en aquel entonces la Presidencia de la República el General Ulyses S. Grant, y sus mensajes revelan su impasibilidad ante la suerte de los cubanos. No quería dar motivos que interrumpieran las buenas relaciones con España. He aquí los términos en que se refirió a este asunto en su Mensaje anual de 6 de diciembre de 1869:
En ninguna nación la libertad ha alcanzado el desarrollo que tiene en los Estados Unidos. No es de extrañar, por eso, que nuestro pueblo sienta simpatías por todo aquel que luche por alcanzar dicha libertad y el gobierno propio; pero ese sentimiento de simpatía no nos puede llevar a separarnos de una línea de conducta que nos traza nuestro honor como nación, y que consiste en no mezclarnos, si no se nos invita a ello, en el conflicto entre dos naciones o entre un Gobierno y los pueblos que le estén sometidos. Nuestra línea de conducta nos la trazan la justicia y la ley. Tanto el derecho internacional como nuestro derecho interior. Esa ha sido siempre la actitud de la Administración frente a esos conflictos. Desde hace más de un año, una valiosa posesión de España, vecina nuestra muy inmediata, está luchando por obtener su libertad e independencia. Nuestro pueblo observa esa lucha con el mayor interés. El pueblo y el Gobierno de los Estados Unidos experimentan por el pueblo de Cuba los mismos sentimientos y simpatías que antes tuvieron por las colonias que se insurreccionaron contra España. Sin embargo, la lucha no tiene el carácter de una guerra, en el sentido que le da a esta palabra el derecho internacional; ni los insurrectos han podido formar tampoco, ni siquiera de facto, una organización política que justifique el reconocimiento de la beligerancia.
Nosotros mantenemos el principio de que nuestra nación es su mismo juez para decidir en qué oportunidad llega el momento de reconocerle a un pueblo su derecho como beligerante, ya se trate de aquel que luche por libertarse de la opresión de otro, ya de naciones independientes, en guerra unas con otras.