[V]
Excelentísimo señor:
Reanudo estas mal hilvanadas misivas haciendo presente á vuecencia que las noticias sobre el alzamiento de Cádiz y el triunfo de Alcolea fueron recibidas en nuestra isla con júbilo indescriptible. Los puertorriqueños vieron llegar con el nuevo régimen el restablecimiento de sus postergados derechos, y á fe que no se engañaron. El gobierno provisional, al convocar á Cortes constituyentes, extendió á Puerto Rico el derecho de sufragio.
Se ha dicho que esa medida hubo de informarse en la actitud rebelde que en Cuba mantenían los separatistas, creyéndose por tal medio inducirles á deponer las armas y extinguiendo á la vez en nuestra isla toda idea análoga á la que en Lares tuviera manifestación.
Sea de ello lo que fuese, á los hechos me atengo, señor ministro. Y los hechos fueron satisfactorios para el país.
Los representantes de Puerto Rico concurrieron con los de la Metrópoli á discutir la Constitución de 1869 y continuaron asistiendo á las Cortes sucesivas, hasta el momento en que, reunidas ambas Cámaras en Asamblea Nacional, al abdicar don Amadeo, proclamaron en 1873 la República, declarando á la vez abolida la esclavitud en nuestra isla.
Hasta entonces, aunque los Diputados puertorriqueños tomasen asiento en las Cámaras nacionales, desapareciendo así la postergación fulminada en 1837, la Constitución no se había aplicado á la comarca; dentro de sus principios se nos regía por decretos; la prensa había cobrado cierta expansión: se constituyó una Diputación provincial, y el derecho de reunión para fines políticos fué concedido. El espíritu de la Revolución informaba ciertamente esas medidas, pero con el carácter asimilador y nada más. La especialidad prevalecía; el gobierno de la República nos elevó á la identidad. El Título 1.º de la Constitución de 1869, la libertad absoluta de imprenta y la de cultos, enseñanza, reunión y asociación nos fueron concedidas tal y como en la metrópoli se ejercitaban, y se nos aplicó una Ley municipal expansiva, garantida por sufragio popular amplísimo. Todo el que sabía leer y escribir ó pagaba alguna cuota de contribución al Tesoro, fué declarado elector.
Esto hizo en favor del olvidado Puerto Rico la República española. A ese gobierno eminentemente nacional, estuvo reservado el reconocimiento del civismo de nuestro pueblo, acordándole un testimonio de confraternidad inspirada en sentimientos de justicia.
El pueblo puertorriqueño demostró ser el mismo en la adversidad que en el triunfo: 70.000 esclavos acaban de sacudir, por acto repentino, la coyunda, y su voz, unida á la de sus desposeídos dueños, estalló en vítores entusiastas á la Madre patria. Se recordaban las amarguras extinguidas, pero se congratulaban los ánimos de haber sabido obtener con la cordura la adhesión y la paz inalterable, aquel deseado ingreso en la vida política de la nación.
La República no tuvo por qué arrepentirse de su obra. La Metrópoli ardía en cruenta guerra civil; en Cuba continuaba dándose al viento la bandera separatista; Puerto Rico mantuvo su tranquilidad legendaria; ejercitó concienzudamente sus derechos; constituyó sus Ayuntamientos; eligió Diputados con el nuevo y amplísimo sufragio, y al inquirirse de las localidades—después del golpe de Estado de 1874—las ideas que abrigaban sobre los acontecimientos metropolitanos, todas sin excepción protestaron su acatamiento al Poder constituído que la nación reconociese.