En fin dejemos amigo,
Tan triste conversación,
Pues no pierdo la esperanza
De ver la reformación.
Y en eso estamos, desde hace ya más de un siglo, en que nuestro humanista cuanto patriota, que fué militar de la Independencia, escribía:—manteniendo la esperanza de ver la reformación. ¿Hasta cuándo? Desde los albores de la independencia, desde antes, desde la dominación española, ya se decía en el papel que “todos éramos iguales ante la ley”. Este equívoco se ha prolongado hasta el presente en nuestras instituciones. Las leyes dicen una cosa; los hombres que las aplican y ejecutan, hacen otra cosa bien distinta.
Los magistrados y los funcionarios, hasta el presente, mienten cuando dicen que hacen la justicia igual para todos. Consciente e inconscientemente, la hacen en beneficio de la clase social a que pertenecen. Y como las aristocracias y burguesías, hasta el momento actual, en estos países, y en general en el mundo, dominan a la clase obrera, a la clase pobre, a los que ha dado en llamarse despectivamente, en ciertas regiones de América, chinos, negros, mulatos; y no obstante ser éstos los más, las clases dominantes disponen de magistrados y funcionarios que les pertenecen, y éstos, naturalmente, tienen que abogar por su propio gremio.
La reacción democrática—si ella ha de ser una verdad en la práctica, y no sólo una farsa en el papel—tiene que venir del mismo pueblo, y no del Estado, porque sin contadas excepciones los aristócratas o burgueses—de los cuales, como digo, están constituídos hoy los gobiernos—no pueden renunciar a su privilegio de casta para levantar a los que sufren, al pueblo obrero. Se necesita de hombres que por temperamento tengan un exquisito sentimiento humanista, que sean altruistas o filósofos, un conde León Tolstoy, un Roberto Owen, por ejemplo, de los cuales en este mundo de egoísmo y superficialidad apenas se contaría una docena. Cuando el pueblo se instruya y adquiera cierta independencia económica por sí mismo principalmente,—y también en segundo orden, por los que tímidamente, mezquinamente, le dé el Estado—, podrá reivindicar sus derechos, llevando a los puestos públicos por el voto en los comicios genuinos representantes de sus filas, con instrucción sí, y cultura moral, pero que no renieguen de su origen una vez que se encuentren encumbrados, aunque esto es difícil en ellos, puesto que obra el recuerdo de la infancia y la tradición de sus manes en cuanto han sufrido. Así se han de inclinar más a favorecer a los que sufren, al pueblo obrero, y no a las clases gobernantes, extrañas a sus dioses lares. Mientras el pueblo no tenga netos representantes de su estirpe, mientras obedezca a mandatarios de clases antagónicas a las suyas, va perdido; son mandatarios infieles que no han hecho más que traficar con el nombre de la democracia, pero cuyos intereses y sentimientos tienen tanto de demócratas como los españoles que vinieron a civilizar y enseñar el evangelio a los indios, exterminándolos por avaricia. Fuera de esa condición, sine qua non para que triunfe evolutivamente la democracia, se necesita esta otra: que el Estado constituído por los privilegiados, nobles, capitalistas, y sus secuaces sacerdotes y militares, no obstaculice por la fuerza la participación en el gobierno de la clase pleveya, porque entonces todo esfuerzo del pueblo sería ineficaz, y su reacción no podría venir sino por la revolución, oponiendo la fuerza a la fuerza. En nuestra república tenemos conseguido ya el libre voto—por lo menos en el papel, que en la práctica dista mucho aún de ser una realidad—; es posible, pues, el triunfo de la democracia, siempre que las clases trabajadoras, que son la mayoría votante, tengan en el gobierno genuinos representantes obreros, o hijos de obreros levantados con sus propios esfuerzos y que no desconozcan a su estirpe. Es verdad que, en ciertas provincias, al pueblo argentino le falta instrucción e independencia económica para poder comprender y buscar en la práctica legal su prosperidad individual y social; ahí, pues, debe tender la prédica: a que se instruya, a que trabaje en condiciones más ventajosas, solidarizándose, por ejemplo, en las huelgas para hacerse oir del capitalista; por otra parte, hoy la ciencia no es patrimonio de los ricos, pues pueden adquirirse libros de celebridades mundiales por exiguo precio, al alcance del obrero. La cuestión económica y la instrucción se complementan; por más que haya capacidad intelectual, no puede haber libertad de obrar sin base económica; el estómago manda; a la inversa, con algunos ahorros que tenga el hombre, si no tiene instrucción, va expuesto a dejarse explotar por otros más instruídos, o a perder su dinero en malos negocios. Buscar la independencia económica no es buscar la usura. Los capitales al alcance de todas las necesidades sociales, y no reconcentrados en pocos millonarios; deben, además, ponerse en circulación para favorecer intereses sociales, especialmente de las clases que más los necesitan, y no guardarse en las cajas de fierro o en Bancos, de donde sólo se los puede extraer con intereses crecidos y con garantía hipotecaria o firmas fuertes. En Norte América, donde la organización social se acerca algo a la democracia de verdad, no ha surgido el capital de las explotaciones de los gobiernos sino por la obra propia de trabajadores esforzados, quienes después donan grandes cantidades a sociedades de beneficencia, hospitales, institutos científicos y de trabajos prácticos, pero no las dan a las manos muertas de las iglesias y conventos, como entre nosotros, único caso en que aquí ocurren donaciones. En este país se han adquirido las fortunas, casi en tu totalidad, por las mercedes que los reyes españoles primero, y los gobiernos patrios después, hicieron de extensos territorios a los pocos españoles y argentinos de la burocracia, desheredando a los demás del pueblo, que, como los pobres indígenas, vinieron a quedar parias en el propio suelo que los vió nacer. No hay más que ver los títulos de esas mercedes, que aun circulan en los expedientes judiciales, para convencerse; así, por ejemplo, he visto títulos de tierras de la familia Arias que a su antepasado, Juan Manuel, le entregaron los gobiernos patrios casi la tercera parte de los Llanos. Después la tierra se ha valorizado por obra de la inmigración—compuesta casi en su totalidad de elemento obrero—que crea pueblos y cultivos, y por los ferrocarriles, resultando que de la noche a la mañana esos propietarios de extensas zonas de campo, antes sin mayor valor relativo, por mercedes o compras, han visto centuplicados el precio de sus tierras y han resultado algunos archimillonarios. ¿No es justo, pues, que estos señores contribuyan al bienestar social, poniendo a disposición de los que no tienen, lo que han recibido directa o indirectamente de la sociedad y del trabajador? Y si el enriquecido por el trabajo de todos se niega a retribuir al obrero, a compensar a la sociedad por lo que ha obtenido de ella, el Estado, haciendo justicia, una vez que esté constituído por representantes netos de la clase popular, lo ha de conseguir con una política socializadora, sin necesidad de expoliaciones, las cuales sólo se justifican cuando el monopolio raya al extremo, como sucedía con las manos muertas de curas y nobles en Francia, cuando la revolución, que vivían en el derroche, al paso que, como dice La Bruyére (“Los Caracteres”) andaban gentes pasteando por los campos de Francia a duras penas de poderse distinguir si eran hombres; como actualmente en Rusia, que millares o millones de pueblo pagaban con la miseria, en los calabozos de Siberia, y en las guerras externas interminables, el derroche, el libertinaje y las locuras de dominio de sus zares, nobles y militares.
Política de justicia se necesita, tendiente a elevar el pueblo trabajador, haciéndolo participar de derechos económicos, científicos, sociales y morales, que al presente le están restringidos, lo cual se conseguirá con darle independencia económica, con instruirlo, con educarlo. Se comenzará a darles base económica, legislando la materia de los contratos obreros, para que no sean explotados por patrones, fijándoles el mínimum del salario y el máximum del jornal, los accidentes en las fábricas a costa del capitalista, el derecho a la huelga; dándoles en enfiteusis tierras fiscales, en este país, donde, como ha dicho Sarmiento, “el mal que tenemos es la extensión”, para que las pueblen y no sufran hambre también ellos; para que poblado el desierto haya prosperidad social, por el aumento de producción, porque, como dice bien Alberdi, la riqueza no la da la tierra pelada sino el trabajo del hombre aplicado al suelo (“Estudios Económicos”).
Mejor todavía que en enfiteusis, la tierra se debe dar al que la trabaja, para que se radique en ella definitivamente y la ame formando su hogar, pero darla solamente a los que la necesitan y son capaces de hacerla producir, prohibiendo su negociación privada para que no se rehagan los latifundios de los señores feudales.