The Project Gutenberg eBook, La Política de los Estados Unidos en el Continente Americano, by Raúl de Cárdenas y Echarte

LA POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN EL
CONTINENTE AMERICANO

Imprenta El Siglo XX. de la Sociedad Editorial Cuba Contemporánea.
Teniente Rey 27, La Habana.

BIBLIOTECA "LA CULTURA CUBANA"
VOL. III

RAÚL DE CÁRDENAS

LA POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
EN EL
CONTINENTE AMERICANO

La Habana.
Sociedad Editorial Cuba Contemporánea
O'Reilly, 11.
1921.

A mis amigos, los Doctores Antonio S.
de Bustamante y Cosme de la Torriente;
en testimonio de afecto y admiración.

[ÍNDICE]

PRIMERA PARTE
LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

I
LA OCUPACIÓN DE TERRITORIOS CONTIGUOS

(A)
(1783) Área comprendida entre los montes Alleghanies y el río Mississippi.

A principios del siglo XVIII, el extenso territorio que hoy ocupa la República norteamericana formaba tres distintas colonias: una española, otra francesa y otra inglesa. Esta última ocupaba un área muy reducida en proporción a las otras dos. No era más que una faja de territorio que corría desde el río Penobscot, en Maine, hasta el cabo Romano en la Carolina del Sur, y desde el Atlántico hasta la cordillera de los Alleghanies. Sin embargo, con el andar de los tiempos, la colonia inglesa primero, los Estados Unidos después, uniendo la acción social a la política, lograron terminar con las dominaciones europeas y agregaron a su territorio el área inmensa de sus colonias.

Comenzó la expansión de los Estados Unidos antes de que los norteamericanos alcanzaran la independencia. Esta manifestación, aparentemente paradójica, no lo es. Los primeros pasos del proceso expansionista se dieron a principios del siglo XVIII por los colonos virginianos directamente, sin recibir el apoyo moral ni el auxilio material de la corona británica; y a fines de este mismo siglo, esos esfuerzos, que aún no habían desmayado, resultaron coetáneos con los que hicieron los colonos por alcanzar la independencia.

El territorio de las trece colonias primitivas tenía tan sólo 341,752 millas cuadradas, y el que se le asignó a los Estados Unidos por el Tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que puso término a la guerra de independencia, abarcaba además otra área de 488,248 millas, comprendida entre los Alleghanies y el río Mississippi. Los delegados de las colonias insistieron con razón en que ese territorio pertenecía a la nueva República, porque había sido adquirido merced al esfuerzo de los colonos.

Vamos a examinar los hechos en que se fundaron los delegados norteamericanos para reclamar un territorio mayor que el que correspondía a las colonias.

Pretendieron siempre los colonos ingleses que los dominios británicos se extendían por el oeste hasta el río Mississippi; y los franceses, por su parte, dueños entonces del Canadá, alegaban que era de ellos el territorio que limitaban los ríos Mississippi y Ohio y los grandes lagos, o séase el que hoy ocupan los estados de Ohio, Indiana, Illinois, Michigan, Wisconsin y parte de Pensylvania, y que hacia el oeste de los Alleghanies, tan sólo pertenecía a Inglaterra el territorio situado al sur del río Ohio, es decir, lo que hoy forman los estados de Kentucky, Tennessee y parte de Virginia.

En 1718, Alexander Spottswood, Gobernador de Virginia, cruzó al frente de una expedición la cordillera de los Alleghanies. Iba a explorar; iba como quien va a tomar posesión de algo de que se es dueño y se quiere conocer. No llegó más que hasta el río Shenandoah, y no produjo la expedición ninguna consecuencia, como no fuera la de instituirse una orden que se denominó "Tramontana" y con la que Spottswood quiso condecorar a sus acompañantes en recuerdo de su viaje. Así y todo, los escritores consideran siempre a Spottswood, como al que dió el primer paso en el camino de la expansión.

A mediados del mismo siglo, en tiempos de otro Gobernador de Virginia, Robert Dinwiddie, se ponen en conflicto los intereses de los colonos ingleses con los de los franceses por la posesión del territorio situado al norte del río Ohio. Mientras la pretensión de los virginianos no se tradujo en hechos, el asunto carecía de interés. Tratábase de una inmensidad de territorio, inexplorado, habitado tan sólo por tribus indias. Pero he aquí que Dinwiddie, siguiendo el sistema de colonización a que tan aficionados fueron los ingleses, le otorga a una Compañía que se formó entre virginianos, y que se denominó de "Ohio", el derecho al disfrute de dicho territorio y manda a construir un fuerte en la orilla del río de ese nombre; y que los franceses, que de esto se enteran, le hacen saber a dicho Gobernador que no les permitirán a los virginianos explotar ese territorio; y ya tenemos en conflicto, por primera vez, a los norteamericanos por la posesión de terrenos contiguos a los suyos.

El Gobernador Dinwiddie quiso conocer cuál era la actitud de los franceses en este asunto; cuáles eran sus verdaderas aspiraciones acerca del discutido territorio situado al norte del río Ohio, y decidió enviar un comisionado que se entrevistara con las autoridades francesas y se hiciera cargo de sus pretensiones. Para desempeñar tan difícil encargo se comisionó a un joven perteneciente a una ilustre familia de Virginia, cuyo nombre excelso habría de llenar después una de las páginas más grandes de la historia de la humanidad, y que con esa aventura se inició en la vida pública de su país: George Washington.

A fines del año 1753, Washington salió de Virginia y, dirigiéndose hacia el Norte, venciendo obstáculos y distancias inconcebibles, llegó hasta las inmediaciones del lago Erie, entrevistándose en el fuerte Le Baeuf con el jefe de las fuerzas francesas, Gardeur de Saint Pierre. Este lo colmó de atenciones; pero le hizo presente, para que así lo hiciera saber al Gobernador de Virginia, que si los colonos ingleses no evacuaban la parte norte del río Ohio, se vería compelido a expulsarlos por la fuerza. Al conocer Dinwiddie esa actitud, reclamó auxilios de Inglaterra; pero esta nación ni siquiera prestó oídos a la petición.

A pesar de esta actitud de la Corona Británica, los virginianos decidieron pelear. En 2 de abril del año 1754, Washington, con el grado de Teniente Coronel y al frente de dos compañías, se dirigió al Norte. La suerte le fué adversa: en 4 de julio de ese año tuvo que rendirse a los franceses en el fuerte "Necesidad".

Inglaterra hasta entonces no había dado pruebas de preocuparse de las luchas de sus colonos con los franceses; pero esta vez se preocupó, por el sesgo que llevaban estos asuntos, y envió a América al general Braddock al frente de algunos refuerzos. Braddock, con las fuerzas traídas de Inglaterra y con otras americanas, inició en el verano del año 1755 una nueva campaña; pero el éxito sonrió otra vez a las armas francesas.

Al año siguiente comienza la guerra de los siete años, y tuvo ésta por escenario no sólo a Europa, sino también los campos de América. El territorio hasta entonces disputado, el situado al norte del río Ohio, fué el teatro de la lucha. Al principio la suerte fué adversa a los ingleses, pero como se enviara desde Inglaterra un contingente de 50,000 hombres, el éxito se cambió para esta nación; y desde el año 1759, con la toma de los fuertes Niágara y Ticonderoga, quedó decidido el triunfo de la campaña.

Con el tratado de París, de 10 de febrero de 1763, dió término la guerra de los siete años; y al quedar resueltos definitivamente los destinos de Francia en América, con la cesión que hizo del Canadá en favor de Inglaterra, quedó decidida también la suerte de los terrenos del norte del río Ohio, es decir, el conflicto que desde mediados del siglo armó en guerra a los virginianos.

La Gran Bretaña, al quedar en posesión del territorio que nos ocupa, cometió una injusticia. En vez de agregarle a Virginia el referido territorio, ya que por su posesión tanto había combatido esta colonia, lo puso bajo la dependencia del Canadá. Los virginianos no pudieron decir, sin embargo, que habían perdido el tiempo. Su esfuerzo no fué infructuoso: consiguieron adiestrarse en las artes de la guerra, y esa práctica había de resultarles de gran provecho pocos años después, cuando estalló la insurrección de las colonias.

Expuesta ya, a grandes rasgos, la acción de los colonos ingleses en el territorio situado al norte del río Ohio, antes de la independencia, ocupémonos ahora del situado al sur de dicho río, es decir, del que forma el área que hoy tienen los Estados de Kentucky y Tennessee.

Los franceses no les negaron nunca a los ingleses su derecho a ese territorio. Disputaron siempre la dominación del territorio del norte del río Ohio, pero los del Sur los consideraron siempre como de la pertenencia de Inglaterra, y para esta nación formaban parte de Virginia.

La ocupación de ese territorio por Virginia, puede citarse como un ejemplo de que la expansión norteamericana fué, más bien que obra de la acción política del gobierno, un producto o un resultado de la actividad individual. En Virginia, el eje de la organización social estaba constituído, por así decirlo, por los propietarios rurales; y estimando éstos que ya los terrenos de dicha colonia resultaban insuficientes para sus cultivos, se fueron extendiendo poco a poco hacia el Oeste. El cultivo, del tabaco especialmente, requería nuevas tierras. La iniciativa individual comenzó, pues, la expansión, antes que la actividad política. Tuvo tal importancia la actividad privada, que una de las compañías formadas para la explotación de las nuevas tierras, la llamada de "Los propietarios de la Colonia de Transilvania", instituyó un gobierno propio formado por los colonos; gobierno que fué suprimido después por el de Virginia, pero cuando ya su Cámara había tenido tiempo de votar seis leyes.

A medida que los nuevos territorios iban ganando en importancia, fué arraigando en sus moradores el propósito de que los mismos fueran algo más que una simple posesión de Virginia; y cuando esa idea estuvo firme en las conciencias, el pueblo, reunido en convención en 7 de junio de 1778, designó dos Delegados que se dirigieron a Williamsburg, capital de Virginia, para pedir su incorporación a esta colonia como un nuevo Condado dentro de la misma. Llegaron dichos Delegados cuando la Asamblea de Virginia declaraba su independencia de Inglaterra; pero obtuvieron su objeto: seis meses después, el tan citado territorio formaba un nuevo Condado.

La revolución, por la fuerza de las armas, consagró para las colonias el dominio del territorio situado al norte del río Ohio. El joven virginiano George Rogers Clark, al frente de un ejército, sostuvo dos admirables campañas durante los años 1778 y 1779, que culminaron con la rendición del coronel Hamilton, jefe de las fuerzas inglesas en Vicennes, quedando toda la región en poder de los revolucionarios.

Expuestos ya los esfuerzos de los colonos norteamericanos por adquirir y dominar la región situada entre los Alleghanies y el río Mississippi, réstanos referirnos a la actividad de los comisionados de la paz, en 1783, a fin de asegurarla definitivamente, para la nueva nacionalidad.

Cuando se trató de ese asunto en las conferencias de París, con tal tesón defendieron los delegados norteamericanos la aspiración de la nueva República, de que el río Mississippi señalara su lindero occidental, que los ingleses se allanaron, aunque de mal grado, a dicha petición. Pero inesperadamente surgió un serio obstáculo: el Gobierno de Luis XVI se opuso a que el dominio de ese territorio pasara a los Estados Unidos.

Francia y España en aquel entonces marchaban de perfecto acuerdo, y Luis XVI aspiraba a que Inglaterra conservara el dominio del territorio situado al norte del río Ohio y España el situado al sur de dicho río. Los Delegados americanos se veían en un trance apurado. El Congreso de los Estados Unidos, creyendo en la buena fe y en la amistad de Francia, así como en la espontaneidad del auxilio que le había prestado a los revolucionarios, había encargado a dichos delegados que tomaran por Consejero al rey de Francia. Con efecto, por un acuerdo adoptado por el Congreso en 8 de junio de 1781, se les confería a los delegados esta instrucción:

Deben Uds. tener muy al corriente de cuanto ocurra en las conferencias a los Ministros de nuestro generoso aliado el rey de Francia; no deben dar ningún paso, ni convenir nada, sin su consentimiento; han de inspirarse en sus consejos y opiniones.

¿Cómo se explica tan difícil situación? ¿Qué significaba que mientras los ingleses no oponían obstáculos a la aspiración de darle a la nueva República la extensión reclamada por sus delegados, se viniera a colocar frente a esa aspiración el Gobierno de Francia, su gran amigo y aliado? Vamos a explicarlo. En primer lugar, la amistad de Francia hacia los revolucionarios no fué nunca tan espontánea como éstos se la imaginaban. Los ayudaban, no por otra cosa que por el deseo de perjudicar a Inglaterra, entonces su enemiga y rival; y hasta tal punto es esto cierto, que Turgot, uno de los ministros de Luis XVI, en un caso declaró que a la larga a Francia no le convenía que en la lucha entre Inglaterra y sus revueltas colonias triunfara aquélla, porque entonces retiraría de éstas y traería al Continente el contingente de tropas que en ellas combatía. El mismo Luis XVI y sus ministros, en más de una ocasión significaron que aun cuando ayudaban a los revolucionarios, no por simpatía, sino porque esta ayuda redundaba en daño de Inglaterra, no por eso dejaban de experimentar ciertos escrúpulos, pues era un mal ejemplo que un monarca auxiliara ostensiblemente la formación de una República democrática.

Francia sabía lo que quería al oponerse a las pretensiones de los delegados americanos:

Vió con mirada profética, dice el insigne escritor norteamericano Willis Fletcher Johnson, que el acceso de los americanos al río Mississippi habría de significar en lo futuro el control de éstos sobre dicho río, y en definitiva su completo predominio sobre el hemisferio occidental.

Tenía además otra mira: vislumbraba que cedido a España el territorio situado al sur del río Ohio, dicho territorio, en fecha próxima, llegaría a ser suyo, dado su predominio en los asuntos de esta monarquía con la que marchaba en completa inteligencia.

Ya veía en lo futuro, dice el referido autor, el Tratado de San Ildefonso.

Para conseguir su propósito, la diplomacia francesa ponía en juego toda su habilidad. Le hacía ver a los delegados ingleses que los americanos tenían que seguir sus consejos; y nada mejor, por otro lado, para excitar la codicia de aquéllos, que halagarlos con la adquisición de todo el territorio situado al norte del río Ohio. Les decía que se hicieran fuertes, y al propio tiempo les hacía ver que en sus manos estaba vencer la resistencia de los norteamericanos.

Los comisionados americanos, John Adams, John Hay y Benjamín Franklin, dándose cuenta de que al conferirles el Congreso sus instrucciones, éste no conocía cuál era la verdadera disposición y cuáles eran los propósitos del Gobierno de Francia, no tuvieron inconveniente en desobedecer dichas instrucciones. Franklin tenía sus escrúpulos, pero Hay se los supo desvanecer. Como decía Adams, esa desobediencia los llenaba de gloria.

Los ingleses se allanaron a la petición de los americanos; y una vez firmado el Tratado, fué éste llevado para su ratificación al Congreso, que sin duda se felicitó de que los comisionados hubiesen desobedecido sus instrucciones. De esta manera las trece colonias, al obtener su independencia, consagraron la adquisición de un territorio aun mayor que su área. Las colonias, como antes dijimos, contaban con 341,752 millas cuadradas, y el terreno que además se les reconocía contaba 488,248 millas.

El estudio del régimen a que fué sometido ese territorio es del mayor interés. Los estados de New York, Connecticut, las dos Carolinas, Virginia y Georgia, se habían distribuído el área de esa región; y primeramente New York, y sucesivamente los otros estados fueron cediendo la que se habían agregado, al Gobierno de la Confederación. Este hecho, la conversión de esta región, que dejaba de pertenecer a determinados estados para ser del dominio común, tuvo para la confederación, en el orden moral, una importancia trascendental, de la que quizás la nación misma no se dió cuenta, dice Willis Fletcher Johnson.

La idea, dice, de que tan enorme propiedad era del dominio de todos, fué un fuerte lazo de unión que hizo sentir, quizás más que ningún otro, la fuerza y la conveniencia de mantenerse unidos.

Fué, dice el historiador John Fiske, la primera cuestión en que estuvo interesado todo el pueblo después que hubo obtenido su independencia.

Establecida la nueva nacionalidad, era necesario proveer de alguna manera al Gobierno de la región situada al norte del río Ohio, o sea, como antes dijimos, la que hoy ocupan los cinco grandes estados de Ohio, Illinois, Michigan, Indiana y Wisconsin. A tal objeto se promulgó, en 13 de julio de 1787, la famosa "Ordenanza para el gobierno del territorio de los Estados Unidos, situado al noroeste del río Ohio", y se puede decir que el Congreso, al confeccionarla, se colocó a la altura del genio político de los norteamericanos. Con razón se ha considerado esa Ordenanza, junto con la Declaración de Independencia y la Constitución, como los grandes monumentos del Derecho Constitucional de los Estados Unidos.

La Ordenanza abrazaba cuatro materias: consignaba disposiciones para el gobierno del territorio; les otorgaba derechos individuales a sus moradores; establecía ciertos requisitos mediante los cuales dicha región se podía convertir en Estado, y últimamente prohibía en ella la esclavitud.

Con respecto al gobierno, se disponía que éste habría de radicar en un Gobernador; un Secretario y tres jueces designados por la Confederación; una Legislatura con amplias facultades, compuesta por una Asamblea General de elección popular, y otra Cámara, compuesta de cinco miembros, designada por el Congreso de la Confederación de entre una propuesta de diez personas formada por la Asamblea. Los habitantes del territorio debían contribuir con determinada suma a los gastos de la Confederación, pero la Legislatura era la encargada de asignar y distribuir los ingresos.

Se reconoció a los habitantes el Habeas Corpus, el derecho de propiedad, el de ser juzgados por un jurado y, en fin, todas las garantías que constituyen la esencia de la libertad individual en los anglosajones.

Acerca de la formación de nuevos Estados, se proveía que éstos habrían de ser no menos de tres, ni más de cinco, y se daban facilidades para dicha formación. Bastaba con que en una región existiera una comunidad compuesta de sesenta mil habitantes; que se diera su constitución, y que estableciera su gobierno; eso sí, era necesario que éste fuese republicano y no estuviera en contradicción con los intereses fundamentales de la Confederación.

No es posible pedir mayor sabiduría, ni mayor consecuencia que la que demostró el Congreso de la Confederación para con el principio del gobierno propio al calor del cual habían surgido los Estados Unidos. Por primera vez se dió ante el mundo el ejemplo de que un Estado, espontáneamente, al adquirir por expansión un territorio, les ofreciera a los habitantes del mismo el gobierno propio.

Diez y seis años después de promulgada la Ordenanza, Ohio era admitido como Estado, y antes de que transcurriera la primera mitad del siglo pasado, fueron reconocidos los otros cuatro.

(B)
(1803) Louisiana.

En 1803, es decir, a los veinte años de constituída la República norteamericana, se vió duplicada su extensión territorial con la compra, a Francia, de la Louisiana, compuesta de 883,072 millas cuadradas. Basta decir, para darnos cuenta de lo que abarca tan dilatada extensión, que dentro de la misma cabrían las superficies de Francia, Alemania, Austria-Hungría y España. Las causas de la adquisición de ese territorio, y su destino dentro de la Unión, va a ser ahora objeto de estas líneas.

Apenas obtenida la independencia, la colonización de Kentucky y de Tennessee había obtenido proporciones inconcebibles; hasta el punto de que, antes de que terminara el siglo XVIII, ya esas dos regiones habían sido proclamadas como Estados. La inmigración hacia ellas, que había tomado gran auge, ya no se conformaba con llegar hasta el río Mississippi, que era su límite occidental, sino que después de atravesarlo, hubo de extenderse por la otra banda. En pleno territorio español se habían establecido varios millares de colonos americanos dedicados al cultivo de la tierra, con la ventaja, para ellos, de no estar sometidos a gobierno alguno, pues la soberanía española, en gran parte de tan dilatada extensión, era más bien nominal que efectiva. En San Luis, en Nuevo Madrid, en Santa Genoveva, en las principales poblaciones de la Louisiana, había un gran número de americanos.

Con tales antecedentes, fácilmente se comprenderá que para el desarrollo de la nueva nación, para el crecimiento de su comercio y de su industria, en aquella época en que no había ferrocarriles, ni buenos caminos, había de ser de excepcional importancia la facilidad en la navegación del río Mississippi; y que para los norteamericanos tenía que entrañar honda gravedad el hecho de que se pusiera inconvenientes a dicha navegación. Eso fué lo que hizo España, torpemente inspirada.

El río Mississippi, en la última parte de su curso, corría por territorio español: por un lado bañaba la Louisiana y por otro la Florida Occidental; y España, ya predispuesta, pues siempre vió a los anglosajones en América con gran recelo, por creer que ella debía ser la única dueña de los destinos del Continente, como se enterara de cierta cláusula secreta del Tratado de París, de 1783, entre los Estados Unidos e Inglaterra, que la afectaba, al año siguiente puso serios obstáculos a la navegación del río.

Por la cláusula de dicho Tratado que tanto alarmó a España, se convenía, al fijar el límite meridional de los Estados Unidos con la Florida Occidental, que, en el caso de que ésta pasara al dominio de Inglaterra, ese límite se correría hacia el Norte; y más al Sur, como en unas cien millas, en el caso de que permaneciera en poder de España. Este territorio, de tan problemático destino, llamábase Yazoo.

No hay que decir que al interrumpirse la navegación del río, los intereses norteamericanos, perjudicados por tal medida, reclamaron protección de manera imperiosa. Thomas Amis, comerciante de la Carolina del Norte, que había fletado una embarcación con productos que debían salir al Océano, vió éstos confiscados y él reducido a prisión por las autoridades españolas; y como este caso se repitiera, toda la nación pidió que se exigiera la libre navegación por el río.

Los habitantes del Estado de Kentucky, a quienes interesaba tanto como a los que más la navegación del río, extremaron la nota de la protesta. Dirigidos por George Rogers Clark se armaron en pie de guerra, amenazando con separarse de la Unión si ésta no podía conseguir que triunfara su petición. Todo el Estado se aprestó a la lucha: o se conseguía la libre navegación del río, o Kentucky se declaraba separado de la Unión. Los gobernantes españoles de Nueva Orleans, por su parte, avivaban el fuego diciéndole al oído a los kentuckianos que, si se declaraban independientes, España les reconocía el derecho a la libre navegación del río.

George Washington, a la sazón Presidente de la República, juzgó que ese asunto se debía gestionar y resolver de una vez en la misma España, y a tal objeto, en 1795, envió a Thomas Pinckney, como Ministro a dicha nación, con terminantes instrucciones. Pinckney, puesto al habla con el Príncipe de la Paz, el famoso ministro español, ventiló las diferencias entre las dos naciones, y los esfuerzos de dichos diplomáticos culminaron en el Tratado de 20 de octubre de 1795.

Dicho tratado constituyó un verdadero triunfo para la diplomacia norteamericana. Se les reconoció a los Estados Unidos el lindero con la Florida, que se había fijado en el Tratado de París, quedando, por tanto, en poder de la nueva nación el territorio de Yazoo, cuya posesión era objeto de tantos recelos, y se les reconocía además a los americanos el derecho de depositar sus mercancías en Nueva Orleans, durante tres años, pasados los cuales se podía escoger ese lugar, u otro, para dicho depósito. Con esto quedó calmada la agitación en Kentucky, y el desasosiego en todos los demás estados bañados por el río Mississippi y su afluente el río Ohio.

No pasó mucho tiempo sin que el interés del pueblo americano volviera a concentrarse en los asuntos de Louisiana. No habían transcurrido más que cinco años de haberse firmado el Tratado de Madrid, antes citado, de 20 de octubre de 1795, cuando se firmó el de San Ildefonso, de 1º de octubre de 1800, por el que España transfería a Francia el dominio de dicha provincia. ¿Por qué se hizo esa cesión? España tuvo una razón: temerosa del auge e importancia que día por día iba cobrando la Unión, pensó que el río Mississippi era una frontera muy endeble, y que mejor convenía a sus intereses retirarse a sus posesiones de Méjico y colocar entre ella y los Estados Unidos a una gran potencia europea, que fuera capaz de oponer resistencia a la expansión de la gran República. Además, España quería adquirir una provincia en la península italiana, y Napoleón estaba en condiciones de cederla a cambio de la Louisiana.

Por otra parte Napoleón, en sus delirios de grandeza y de dominación, se sentía halagado con la idea de poseer en América un vasto imperio colonial. Ya soñaba no sólo con la posesión de la Louisiana, sino en fomentar desde ella una insurrección del elemento francés residente en el Canadá, la cual, al triunfar, le daría de nuevo a Francia el dominio de tan vasto territorio.

El tratado de San Ildefonso se debía mantener en secreto. Se quería esperar a que las guerras del viejo Continente le dieran una tregua a Napoleón que le permitiera enviar un contingente que ocupara la nueva provincia; y mientras tanto ésta seguiría gobernada por las autoridades españolas. España no consignó los límites de la Louisiana; transfirió su territorio sin expresar linderos; pero de lo que sí se preocupó—y esto se consignó en una cláusula—fué de exigirle a Francia el compromiso de que en ningún caso la transferiría a otra nación: debía conservar su dominio para siempre; lo que prueba que fué el temor a que la expansión norteamericana tocara sus confines lo que la llevó a ceder tan valiosa posesión.

Hasta la primavera del año 1802 no se enteraron en los Estados Unidos de la existencia del tratado de San Ildefonso. Honda preocupación produjo ese hecho. No era lo mismo tener por vecina a una nación arruinada y decadente, como era España, que a Francia, cuyos alardes de fuerza traían inquieta a Europa desde hacía tiempo. Además, no se sabía qué sesgo tomaría ante este cambio la batallona cuestión de la navegación del río Mississippi, y se temía también que la América—dada la importancia de las colonias inglesas y españolas, y ahora de la francesa—se convirtiera en un nuevo centro de las eternas rivalidades, cuestiones e intrigas de las cancillerías europeas. En 18 de abril de dicho año, el Presidente de la República, Thomas Jefferson, le escribía sobre este suceso a Robert R. Livingston, Ministro en París, y lo lamentaba expresándose así:

La cesión que ha hecho España a Francia, de la Louisiana y de las Floridas, ha causado en los Estados Unidos un verdadero disgusto, pues afecta de manera directa a todas nuestras relaciones políticas. Hay en el mundo un lugar, que tanto nos interesa poseer, que cualquiera otra nación que lo disfrute tiene que ser, naturalmente, nuestra enemiga. Ese lugar es Nueva Orleans. La producción de las tres octavas partes de nuestro territorio tiene que pasar por allí antes de ir al mercado, con la particularidad de que esas tres octavas partes de nuestro territorio son tan ricas y fértiles, que sostienen a más de la mitad de nuestra población y rinden más de la mitad del valor de nuestros cultivos. De ahí que, al colocarse Francia en esa puerta, veamos en su actitud un acto de desafío, y dudo que las dos naciones puedan seguir manteniendo buenas relaciones.

A pesar del malestar que produjo la noticia de la cesión de la Louisiana, el asunto quizás no habría tenido más consecuencia que el disgusto y el mal efecto que produjo, de no haber precipitado los sucesos una medida imprudente de Morales, Intendente de Nueva Orleans. En 16 de octubre de 1802, dicho funcionario revocó la orden por la cual los comerciantes americanos podían depositar las mercancías que descendieran por el Mississippi, en Nueva Orleans. Según se ha dicho, Morales procedía por su cuenta; sin que hubiera recibido instrucciones en tal sentido del rey de España, ni del Gobierno de Francia. Sea ello lo que fuere, es lo cierto que la medida exasperó los ánimos. En los Estados fronterizos con los ríos Mississippi y Ohio no se hablaba más que de ir a la guerra; y la nación, que ya tenía el convencimiento de que le era indispensable obtener lo de la libre navegación, ahora se hizo el propósito de tomar alguna acción que produjera el resultado de dominar y controlar, en forma segura, tan importante vía.

El recuerdo de los perjuicios que había causado en alta mar la marina de guerra francesa al comercio norteamericano, contribuía a aumentar la inquietud; y, sobre todo, sabiéndose que la nación, más temprano o más tarde, tendría que librar una batalla para asegurar de manera eficaz la navegación del río, se quería dejar resuelto este asunto de manera definitiva.

La excitación pública culminó en una verdadera exaltación cuando se conocieron los motivos que tuvo el Intendente Morales para revocar la disposición sobre el depósito de las mercancías en Nueva Orleans. En 28 de octubre, William C. Claiborne, Gobernador del territorio de Mississippi, le dirigió una comunicación a Manuel de Salcedo, Gobernador General de la Louisiana, inquiriendo los motivos por los cuales se había adoptado semejante resolución, y en 15 del mes siguiente le contestó explicando esos motivos. Le decía en la contestación que no era él, sino el Intendente, quien en uso de las facultades que tenía en materia de comercio y navegación—y las que eran ajenas a las suyas—había dictado la medida, la cual se había fundado, en primer lugar, en el hecho de haber transcurrido con exceso los tres años que se fijaron en el Tratado de 1795, y durante los cuales los americanos podían depositar sus mercancías en Nueva Orleans; y después, en que a la sombra del derecho de depósito de los norteamericanos, se cometían irregularidades y fraudes en alto grado perjudiciales a los intereses del estado español.

Esa correspondencia fué remitida a la Cámara de Representantes—que la había pedido al Presidente de la República—en 28 de diciembre, y en los primeros días del mes de enero del año siguiente dicho cuerpo legislador adoptó la siguiente moción:

Se declara que esta Cámara se ha enterado con verdadero asombro de las medidas tomadas por determinadas autoridades españolas de Nueva Orleans y que dificultan la navegación del río Mississippi, la que había sido garantizada a los Estados Unidos por medio de formales estipulaciones; y que de acuerdo con la política de prudencia y de humanidad que debe guiar a los pueblos libres, y de la que siempre han sido devotos los Estados Unidos, se confía en que el Ejecutivo sabrá velar por los derechos de la nación, que han sido desconocidos, no por Su Majestad Católica, sino más bien por determinados funcionarios españoles; debiendo manifestar el inquebrantable propósito de mantener los derechos de navegación y comercio en el río Mississippi, tal como lo tienen establecido los Tratados vigentes.

El Presidente Jefferson era partidario de solucionar esta cuestión por medios pacíficos; confiaba en la diplomacia y atribuía el ardor bélico que dominaba la nación a maquinaciones de sus adversarios, los federalistas, para halagar a los habitantes de los estados occidentales, cuyos sufragios se deseaba obtener para las futuras elecciones.

Este cargo era infundado. Los federalistas en este caso no hacían más que seguir las inspiraciones de la más grande de sus figuras, el ilustre Alexander Hamilton; pues así como Jefferson representaba los ideales democráticos de su pueblo, Hamilton encarnaba la idea de la expansión, del engrandecimiento de la nación.

Las ideas de Hamilton sobre el destino de su país estaban condensadas en estas palabras de El Federalista: "Tener un verdadero ascendiente en los asuntos americanos". Desde el Congreso de la Confederación había pedido que se declarase que la navegación del río Mississippi era un derecho esencial de la nación, y siendo miembro del Gabinete del Presidente Washington, había dicho también que la libertad de navegar por dicho río era indispensable para la unidad del país. En 1798 y en 1799, en varias ocasiones, dijo algo más: manifestó que los Estados Unidos debían adquirir todo el Continente Septentrional, menos Canadá, pero incluyendo desde luego Louisiana y las Floridas. Su verdadero ideal, lo que ambicionaba, era que su patria se engrandeciera y dominara en el Norte, y que las diversas colonias de la América meridional se constituyeran en Repúblicas, unidas a los Estados Unidos por los lazos de la amistad y de la gratitud.

Una particularidad ofrece este asunto, y es la de que Hamilton, que tan esencial juzgaba el derecho a la navegación del río Mississippi, no creía que los Estados Unidos podían hacer valer sus peticiones en el campo del derecho internacional. A su juicio, desde el punto de vista jurídico, España podía disponer las medidas que juzgase oportunas; pero era tan necesario a los Estados Unidos el disfrute de las ventajas de la navegación, que era justo no sólo imponerlo, sino apoderarse de la Louisiana como medio de garantizar dicho disfrute. Jefferson, por el contrario, creía que había un derecho natural a la navegación del río, cualquiera que fuese la nación que poseyera sus márgenes; y quizás por esta razón, quizás por la convicción que abrigaba de que estaba el derecho de su parte, fué por lo que siempre confió en la posibilidad de un arreglo sin llegar a la guerra.

En manos del Presidente, y en las de la mayoría con que contaba en el Congreso, estaba la solución definitiva del problema. Los federalistas presentaron diversas proposiciones, que por considerarlas exageradas y un tanto comprometedoras fueron desechadas, y en definitiva se adoptó la que fué presentada por S. Smith, Representante por Maryland. Nada se decía en dicha proposición sobre el asunto de que se trataba. Se juzgó discreto limitarse a autorizar al Presidente de la República para gastar hasta la cantidad de dos millones de pesos en las atenciones que se originaran.

A pesar de los términos de esta proposición, el Congreso, pocas semanas después, autorizó el alistamiento de ochenta mil voluntarios; y el propio Presidente no descuidó un detalle en los preparativos para la guerra, pues creía indispensable llegar a ella si fracasaban las negociaciones que se proponía iniciar. Jefferson no tenía otro propósito que el de obtener garantías, "que aseguraran los derechos e intereses de los Estados Unidos con respecto a la navegación del Mississippi y al territorio bañado por su ribera oriental". Así lo hizo constar en su Mensaje al Senado el 11 de enero de 1803. Para lograr esa finalidad, juzgó que lo más conveniente era comprar a Francia la parte situada al Este de la margen de dicho río, y a España la llamada Florida Occidental, ya que entre ésta y la Louisiana corría el Mississippi en la última parte de su curso. En ese sentido le confirió instrucciones a Robert R. Livingston, Ministro en París, y a Charles Pinckney, que lo era en Madrid. Además se nombró a James Monroe Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, a fin de que actuara de acuerdo con aquellos dos.

No creían los comisionados que les fuera fácil conseguir sus propósitos, pues aunque la posesión de un sitio en la desembocadura del río Mississippi para depositar las mercancías, y la adquisición, además, de parte de la Florida Occidental, representaba muy poco para Francia, había llegado a noticias de aquéllos que Napoleón, en su afán de abatir el poder de Inglaterra, pensaba formar en América un imperio colonial más vasto e importante que el Canadá.

El asombro de los comisionados, por esos motivos, llegó al colmo cuando, entrados ya en negociaciones con Napoleón y con los Ministros Talleyrand y Marqués de Marbois, y sin que los primeros hubieran revelado otra cosa que los propósitos contenidos en las instrucciones recibidas del Presidente Jefferson, súbita e inesperadamente el propio Napoleón les propuso la venta de toda la Louisiana en quince millones de pesos. Una ojeada a la posición internacional de Francia en aquellos críticos momentos nos explica tan repentina determinación. Vamos a darle la palabra al escritor americano Willis Fletcher Johnson, que la describe en estos términos:

Si la paz de Amiens hubiese durado más tiempo, Napoleón hubiera podido realizar sus ambiciosos planes; pero al cesar esa paz, Inglaterra y Austria se colocan de nuevo frente a Francia e inician una campaña que sólo había de terminar con lo que terminó: con el desastre de Waterloo. La flota inglesa constituía un insuperable obstáculo para enviar un ejército a la Louisiana. Al propio tiempo, el reciente desastre de la campaña de Haití, restaba alientos a una empresa de esa clase. Los agentes secretos aseguraban que la única manera de resistir la invasión de los norteamericanos, que ya parecía inminente, como lo demostraba el reciente alistamiento de ochenta mil voluntarios, consistía en enviar a aquellas regiones un fuerte ejército; sin que pareciera suficiente el de veinticinco mil hombres que se estaba preparando. Además, todos los recursos de Francia resultaban escasos para luchar en su propio territorio. Agréguese a esto que Napoleón necesitaba dinero, y que le convenía granjearse la amistad de los norteamericanos a fin de evitar que algún día llegaran a ser aliados de Inglaterra.

Los comisionados norteamericanos no estaban facultados para tanto; no se había previsto el caso de que se les propusiera la venta de toda la Louisiana. Su misión se reducía a asegurar de modo efectivo la navegación del río, adquiriendo parte del territorio inmediato a sus márgenes; y aunque nunca pensaron en que fuera la venta de toda la Louisiana la solución del problema, no titubearon en aceptarla; sin que se pusieran a discurrir en si podían gastar quince millones en lo que se les autorizó para emplear sólo dos millones.

Todo se hizo rápidamente. El 12 de abril de 1803 había llegado Monroe a París, y el día 30 de ese mismo mes, él y Livingston por parte del Gobierno de los Estados Unidos, y el Marqués de Marbois por parte del de Francia, estipulaban la venta.

Obsérvese una coincidencia: estos comisionados, como los de la paz en 1803, infringían las instrucciones recibidas del Gobierno; infracción que había de producir el resultado, en esta oportunidad como en aquélla, de doblar el área de la Nación.

Fué de esta manera como los Estados Unidos adquirieron el vasto territorio que hoy está distribuído entre los estados de Louisiana, Arkansas, Missouri, Nebraska, Iowa, Dakota del Norte, Dakota del Sur, gran parte de Minnesota, Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma, y una parte también de Mississippi, Alabama y Montana.

Apenas suscrito el Tratado, fué remitido al Presidente Jefferson; dirigiéndose después Monroe a Londres, donde debía desempeñar el cargo de Ministro. La impresión que produjo el Tratado, apenas fué conocido en los círculos oficiales de Washington, sobre todo entre los amigos del Gobierno, fué de sorpresa y de júbilo; pero, pasados los primeros momentos, le asaltó al Presidente una preocupación: pensó que la Constitución no facultaba al Ejecutivo ni al Senado para anexar a la Unión parte alguna de territorio extranjero. Jefferson era, según la denominación entonces en boga, un "construccionista"; y, para éstos, al Gobierno le estaban vedadas aquellas facultades que no le estuvieran atribuídas expresamente.

Pensó Jefferson, para salir del trance, en la conveniencia de añadirle una enmienda a la Constitución, por la que se facultase al Presidente y al Senado para celebrar tratados de anexión; pero su Gabinete lo disuadió de ese propósito, entre otras razones por la de que el Tratado debía quedar ratificado dentro de seis meses, y en plazo tan apremiante no era posible pensar en la reforma constitucional. Se decidió, pues, a darle su curso al asunto, y en 18 de julio convocó al Congreso a sesión extraordinaria para el día 17 de octubre. No expresó el objeto de dicha convocatoria; se limitó a consignar que habría de tratar de asuntos de gran interés para la nación. Llegado el día de la reunión, dirigió dos Mensajes, uno al Senado, sometiéndole el Tratado para su ratificación, y otro a los dos cuerpos sugiriéndoles la necesidad de promulgar determinadas leyes, una vez obtenida dicha ratificación.

Dos días después de la fecha en que se reunió el Congreso, el Senado ratificó el Tratado por una votación de 24 contra 7; y pasados otros dos días, el Presidente se dirigió de nuevo al Congreso recomendándole que adoptara la legislación procedente sobre el orden de cosas que creaba la adquisición de la Louisiana. Fueron varias las proposiciones presentadas por los legisladores amigos del gobierno: una declarando bien hecha la compra, otra disponiendo medidas para el gobierno del nuevo territorio, otra autorizando una emisión de bonos para amortizar la deuda contraída con motivo del pago a Francia del importe de la compra, y otras de índole parecida. A todas esas proposiciones fueron opuestos los federales, dirigidos por Griswold, Representante por Connecticut, e inspirados no en otra cosa que en la política partidarista. ¡Curiosos vaivenes de la política! Los federales, cuyo jefe Hamilton era el prototipo de los expansionistas, ahora eran opuestos a la adquisición de la Louisiana, y el mismo Jefferson resultaba el más ardiente defensor de los planes que antes había censurado en aquél.

Así y todo, a pesar del marcado sabor político de la discusión, ésta se mantuvo a gran altura; los debates tuvieron una trascendencia extraordinaria, agitándose por vez primera algunas de las cuestiones que aun en este siglo dividen el parecer de los estadistas y mueven la opinión pública.

John Quincy Adams, a la sazón Senador por Massachusetts, dijo que el Tratado envolvía una verdadera infracción de la Constitución. Se dijo por otros que no estaban claros los títulos por los cuales Francia había adquirido la Louisiana; a lo que se contestó que el hecho de que aquella nación la vendiera, y el de que las propias autoridades españolas de Nueva Orleans, al recibir las protestas con motivo de los obstáculos sobre la navegación del río, hubieran contestado que ya no eran ellas, sino el Gobierno de Francia el llamado a resolverlas, eran prueba de que Su Majestad Católica había transferido su dominio; y se apuntó también lo significativo que resultaba el hecho de que los federales, antes tan dispuestos a tomar a Nueva Orleans por medio de las armas, ahora pusieran reparos a los papeles del nuevo territorio. Se dijo también que el Presidente y el Senado se habían excedido; que la Constitución no facultaba al Gobierno de los Estados Unidos para adquirir nuevos territorios; a lo que se contestó que si en la declaración de independencia se había estipulado que la Unión, como Estado soberano, se colocaba en las condiciones de los otros que también lo eran, era indudable que podía hacer todo lo que a éstos les estaba permitido, incluso adquirir nuevos territorios; lo que, por lo demás, podía entenderse como una derivación de la facultad de hacer Tratados y de la de declarar la guerra.

Apelaron también los impugnadores de la venta al recuerdo del nacimiento de la Unión, a que había surgido a virtud de un pacto o de una convención, para sostener que siendo su origen contractual, no se la podía hacer extensiva a territorios ajenos a la Confederación; pero se adujo en contra de este argumento el precedente del territorio que no estaba comprendido dentro del área de las primitivas colonias, a que nos referimos antes, y cuya adquisición consagró el Tratado de París (3 de septiembre de 1783).

No quedó por ser examinado un solo aspecto del problema. Se denunció como una infracción constitucional la circunstancia de que el Tratado les otorgara a los barcos franceses y españoles, en Nueva Orleans, determinadas ventajas de que no disfrutaban en los Estados de la Unión. Se habló de la mucha distancia que separaba la Louisiana de la capital de la nación; de que el pueblo era de otra raza; de que gran parte de la población de los primitivos Estados era posible que abandonara su antigua residencia en busca de nuevas tierras, lo que habría de redundar en perjuicio de aquéllos; de que España era opuesta al Tratado, lo que a la larga traería serias desavenencias con dicha nación; de que la Unión iba a tener que distraer todo un ejército en la vigilancia y custodia del nuevo territorio; y se habló también, por último, de este aspecto que con seguridad tuvo que ejercer más impresión que ninguno otro en los jeffersonianos, ya que éstos se consideraban como los voceros de la democracia: ¿con qué derecho se disponía de la suerte de un país, sin el consentimiento de sus moradores?

Indudablemente que el principio según el cual los poderes de todo gobierno no debían tener otra base que no fuera la del consentimiento de los gobernados, y al que con tanta brillantez se había referido el propio Jefferson al redactar la declaración de independencia, sufría ahora un paréntesis. El día 30 de noviembre de 1803, en la casa del Cabildo de Nueva Orleans, el Marqués de Casa Calvo y don Manuel Salcedo, a nombre del rey de España, transferían la Louisiana, en medio de ceremonias rodeadas de mucho aparato y esplendor, al Gobierno del Primer Cónsul, representado en aquel acto por Pedro Clemente Laussat; y con el mismo ceremonial, el día 20 del mes siguiente, era transferido el dominio de la Louisiana al Gobierno de los Estados Unidos, representado por W. C. Claiborne, Gobernador de Mississippi; sin que en ninguno de esos dos actos tuvieran los habitantes de la vieja provincia española otro carácter que el de meros espectadores.

Pero el principio en cuestión no tardó en resplandecer de nuevo y en brillar con toda intensidad. Véase, si no, lo ocurrido con el gobierno de Louisiana en los nueve años que transcurrieron desde 1803 hasta 1812, fecha en que parte del territorio fué admitida como un Estado de la Unión. Nada más digno de admiración que el estudio de las cuatro fases por que atravesó el gobierno de la nueva región durante dichos nueve años. Obsérvese dicho proceso, y se verá que cada nueva etapa significó un paso de avance hacia el principio del gobierno propio.

Con efecto, al verificarse la cesión en 1803, el Congreso dejó en manos del Presidente cuanto se refería al Gobierno de la Louisiana, y dicho funcionario nombró un Gobernador con las facultades de que durante la soberanía española estuvieron investidos el Gobernador General y el Intendente, y un Comandante Militar, los dos con omnímodas facultades. Este gobierno duró pocos meses: ante las protestas de los comerciantes y de las personas más influyentes de Nueva Orleans, el Congreso de la Unión votó una ley dividiendo la antigua provincia en dos partes, una al sur, con categoría de "Territorio", que se denominó de Orleans, y otra al Norte, que se llamó Louisiana y que no había de ser más que un "Distrito". El territorio de Louisiana se regiría por un Gobernador y trece consejeros designados por el Presidente; y como este sistema de gobierno tampoco agradara a los habitantes del territorio de Orleans, ni a los del Distrito de Louisiana, ante las nuevas protestas, en enero de 1805 el Congreso resolvió elevar el citado distrito de Louisiana a la categoría de "Territorio" y otorgarle a Orleans una Cámara de origen popular, con promesa de ser admitido como Estado cuando contara sesenta mil habitantes libres; y como esto ocurrió en 1812, en este año dicho territorio fué reconocido como Estado, con el nombre de Louisiana.

Un detalle de la discusión, en el Congreso, sobre la admisión del nuevo Estado, evidenció que los principios democráticos continuaban animando el espíritu de los hombres que ostentaban los poderes públicos. Una parte del Congreso, inspirada en principios conservadores, veía con desconfianza y recelos la formación de nuevos estados; temía que éstos hicieran prevalecer dentro de la confederación ideas y principios que no fueran los que habían caracterizado a la Unión de los trece Estados primitivos. El Representante Josiah Quincy estaba entre los disgustados con la admisión de Louisiana; y como en el calor de su oposición llegara a hablar de que la formación de un nuevo Estado facultaba a los antiguos para separarse de la Unión, fué llamado al orden por el Presidente de la Cámara, quien dijo que no podía consentir que públicamente se hablara del derecho de secesión. De este requerimiento apeló Quincy ante la Cámara, y ésta, por una mayoría de 56 votos contra 53, declaró que era lícito referirse al derecho de secesión e invocarlo.

De esa manera quedó reconocido, por la Cámara de Representantes, que por lo menos era lícito discutir el derecho de secesión.

(C)
(1819) Florida.

Si la adquisición de la Louisiana significó, por una parte, la doble extensión territorial de los Estados Unidos, por otro lado trajo, como consecuencia, nuevos motivos de inquietud para la nación. Tenía ésta un frente al Atlántico y otro al Golfo de Méjico, y era motivo de preocupación que la continuidad de las costas se viera interrumpida en la Florida, pues aunque por el momento no existía ningún peligro inminente, ¿quién podía asegurar que no se presentaría en lo futuro? ¿Quién podía afirmar que España, sometida entonces a tantas calamidades, no se pudiera ver en el trance de tener que ceder esa posición, de grado o por fuerza, a otra potencia europea?

Había, además de esa causa de inquietud respecto a la seguridad exterior de la Unión, otro motivo de malestar, atinente a la tranquilidad interior. La Florida—en la que no existía una verdadera colonización, y en la que España no había podido o no había querido establecer un Gobierno con recursos suficientes para defender todos los intereses—constituía el refugio de las tribus de indios "semínolas," de instintos salvajes; y éstos, en sus continuas incursiones en el territorio de la Unión, asolando cuanto a su paso encontraban, hicieron nacer la zozobra en los ánimos. Agréguese a esto la resistencia pasiva de España a determinar cuáles eran los verdaderos linderos de la Louisiana, particular en que hicieron los Estados Unidos gran hincapié porque quedase resuelto, apenas suscrito el Tratado de 30 de abril de 1803, y se explicará que en la vecina República se comenzara a acariciar la idea de la anexión de la Florida.

Ciertas cartas escritas por Jefferson a significados políticos, cuando aún no habían transcurrido cuatro meses de la fecha en que fué suscrito aquel Tratado, nos revelan que el propio Presidente no se ocultaba para decir que ambicionaba dicha adquisición. No hay más, les decía, que esperar a que España se encuentre en guerra y ofrecerle dinero, con la amenaza de que si no lo acepta recurriremos a la fuerza para ocupar la Florida.

Los Estados Unidos pudieron, de una acometida, haber conquistado la Florida; y sin embargo no lo hicieron. A pesar de aquellos propósitos; a pesar de que era del dominio público la idea de que la seguridad y la conveniencia de la nación exigían la posesión de la Florida, no recurrieron a la violencia. Confiaron sus propósitos a la diplomacia, la cual, como se ha de ver, produjo sus frutos. Hemos de ver, sin embargo, que antes de que llegue el momento de que los Estados Unidos compren la Florida por medio de un Tratado, en más de una ocasión el Gobierno de Washington perturbó la posesión que ostentaba España; por más que a ello le obligara el desgobierno reinante en la Florida.

Nada mejor, para conocer el proceso que culminó en la compra de la Florida, que recurrir a los documentos oficiales.

En 20 de mayo de 1804, el Presidente, haciendo uso de una ley que recientemente había votado el Congreso, declaró, por medio de una proclama, que a los efectos del cobro de los derechos de aduana se había establecido el "Distrito de Mobila", que comprendía el territorio que corría desde la ribera occidental del río de ese nombre, hasta Pascagoula. Contra esa medida estableció su protesta el Ministro español en Washington, por entender que se trataba de un territorio sometido a la dominación de España; mas aquel Gobierno no tomó en cuenta dicha protesta.

En el Mensaje anual al Congreso, de 3 de diciembre de 1805, refirió el Presidente de la República que las relaciones con España no eran lo satisfactorias que se deseaba; que esta nación se negaba a solucionar sus diferencias con los Estados Unidos, consignando además, entre otras cosas, que constantemente se realizaban incursiones dentro de la frontera americana, que causaban positivos daños y a las que no eran ajenos los oficiales y soldados españoles. Tres días después, en un Mensaje especial, el Presidente insiste sobre el mismo asunto, exponiendo que a pesar de los esfuerzos del Ministro residente en Madrid, a fin de solucionar la cuestión de los linderos de la Louisiana, así como otras que estaban pendientes con España—gestiones en las cuales había colaborado Monroe, que a ese objeto se dirigió expresamente a esta nación—, nada se había obtenido, como no fuera la declaración de que los Estados Unidos sólo tenían derecho, en el territorio situado en la parte oriental del Mississippi, a una estrecha faja de territorio inmediato a este río.

Por el mes de febrero del año 1806, el Congreso acordó en secreto votar un crédito de dos millones de pesos para la compra de la Florida; y a fin de estudiar el asunto en Madrid, el Presidente nombró dos Comisionados que no pudieron adelantar nada.

En el mensaje anual de 2 de diciembre de 1806, aludió el Presidente a que una fuerza española había penetrado en el territorio de la Louisiana y a que era necesario fortificar a Nueva Orleans y la desembocadura del río a fin de evitar esos hechos; y en el de 27 de octubre de 1807 hizo mención de un Decreto que acababa de dictar el rey Carlos IV, remedando el que había dictado Napoleón en 21 de noviembre de 1806, y por el que les resultaba imposible mantener su comercio a los que fueran neutrales en los conflictos de Europa.

Pronto toman los acontecimientos un nuevo sesgo. En la parte de la Florida Occidental, situada desde el río Amita hasta la Louisiana, se había establecido un gran número de ciudadanos norteamericanos; y reunidos éstos en 1810, cerca de Baton Rouge, resuelven no reconocer la soberanía de España; y aunque en los primeros momentos acordaron establecer un gobierno independiente, después recurrieron a los Estados Unidos pidiendo la anexión.

Desde el mes de marzo del año anterior ocupaba James Madison la presidencia de la República; y éste, en vista de esos sucesos, lanza una proclama en 27 de octubre de 1810 ordenándole al Gobernador del territorio de Nueva Orleans que ocupara, a nombre de los Estados Unidos, todo el territorio situado entre el río Mississippi y el Perdido. Esta orden estaba razonada. Se decía en ella que era bien sabido que ese territorio siempre había formado parte de la colonia de la Louisiana, y aunque España lo había retenido, los Estados Unidos no habían cesado de reclamarlo; que si hasta entonces no se habían decidido a ocuparlo, era porque siempre se pensó que España, convencida de la justicia de la reclamación, no dejaría que las cosas llegaran hasta el punto de que el Gobierno de Washington tuviera que proceder por su propia cuenta, y que el nuevo orden de cosas creado en dicho territorio podía ser, por la proximidad de éste a los Estados Unidos, altamente perjudicial a su comercio y a sus intereses, supuesto que a los que quisieran violar las leyes que prohibían la introducción de esclavos y las que establecían impuestos de aduanas, había de resultarles fácil desenvolver sus actividades desde aquellos lugares. En cumplimiento de dicha proclama, a fines del año 1810 el Gobernador del territorio de Nueva Orleans, William C. C. Claiborne, toma posesión no de todo el territorio enclavado entre los ríos Mississippi y Perdido, sino de una parte del mismo, o séase de la situada entre el primero de dichos ríos y el llamado Perla; y al año siguiente, por orden del Presidente Madison, fué fortificada esa región y agregada al territorio del Mississippi. Contra esa ocupación protestaron los Gobiernos de España, Inglaterra y Francia, por medio de sus diplomáticos acreditados en Washington.

Dada la comprometida situación de España frente a las guerras entre Francia e Inglaterra, el Gobierno de los Estados Unidos temía, con sobradas razones, que alguna de estas dos naciones ocupara la Florida. A veces se le atribuían esos propósitos a una y a veces a otra, y a ese estado de cosas, inquietante para la República americana, supuesto que tenía que ser motivo de preocupación que tal cosa ocurriera, obedeció la siguiente Resolución Conjunta, aprobada por el Congreso en 15 de enero de 1811:

Teniendo en cuenta la situación especial por que atraviesan España y sus provincias de América; y considerando que es del mayor interés para los Estados Unidos, desde el punto de vista de su seguridad, de su tranquilidad y de su comercio, el futuro destino del territorio con que lindan por el Sur.

Se resuelve: que los Estados Unidos, dada la peculiaridad de las actuales circunstancias, no pueden asistir, sino en medio de la mayor inquietud, al hecho de que parte del antes referido territorio pase a manos de otro poder; que se verán compelidos, si lo requieren las circunstancias, a ocupar temporalmente dicho territorio, por exigirlo así su seguridad, sin perjuicio de iniciar después las oportunas negociaciones para tratar de su destino ulterior.

Al mismo tiempo que se votaba esa Resolución Conjunta, se autorizaba al Presidente de la República para ocupar todo o parte del territorio de la Florida, siempre que existiera el temor de que lo pudiera ocupar una nación extranjera, y para emplear con ese objeto la Marina y el Ejército de los Estados Unidos.

Unos días después se presenta en el Congreso un bill declarando que los límites del territorio de Orleans llegaban hasta el río Perdido. Se quería, sin duda, darle la sanción del Congreso a la acción del Poder Ejecutivo; pero dicho bill tropezó en la Cámara con una fuerte oposición. Se dijo, por los adversarios del Gobierno, que esa medida envolvía una violencia, y al fin se acordó que aquel lindero fuera fijado en Iberville. Adoptado el bill en esa forma, fué sancionado por el Presidente en 20 de febrero de 1811.

No pasó mucho tiempo sin que el Gobierno de los Estados Unidos se viera en la necesidad, por causas diversas, de mandar que sus fuerzas penetrasen en la Florida. Los indios semínolas vivían y tenían su refugio en la Florida, pero continuamente penetraban en el Estado de Georgia y asesinaban, saqueaban las propiedades y cometían todo género de depredaciones. El Gobierno de España no disponía de medios para someterlos, ni para evitar tampoco que aquella región fuera un refugio de los piratas y de todos los malhechores que se escapaban de los Estados Unidos. En noviembre de 1812, la legislatura de Georgia resolvió que era esencial para la seguridad del Estado ponerle un término a semejante situación, y a principios del año siguiente el general Andrew Jackson, al frente de un ejército, penetra en territorio español y les da una batida a las tribus de los semínolas.

Poco tiempo después, a mediados del año 1814, el general Jackson penetró nuevamente en territorio español. Con motivo de la guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra, iniciada en 1812, dicho general, nombrado Jefe del Departamento del Sur, estableció su cuartel en Mobila; y como llegara a sus noticias que en Pensacola había desembarcado un contingente inglés, que había tomado dicha población como base de sus operaciones, y que se estaba armando a las tribus de indios enemigas de los Estados Unidos para combatir contra éstos, allí se dirigió Jackson, sin esperar órdenes de su Gobierno. Con poco esfuerzo desalojó a los ingleses, devolviéndoles la población, pocos días después, a los españoles y regresando a Mobila.

Con motivo de la ocupación de la Florida Occidental, España había roto sus relaciones con los Estados Unidos desde 1808. En 1815 las reanudó. Nombrado Ministro en Washington don Luis de Onís, éste le dirigió al Secretario de Estado, a nombre de su Gobierno, una petición que abarcaba tres extremos: ante todo, previamente, debía ser devuelta a España la Florida Occidental, sin lo cual no se continuarían las negociaciones; se debía impedir que en Nueva Orleans se armaran expediciones que fueran a auxiliar a los insurrectos mejicanos y en las que se afirmaba que tomaban parte oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos, y se debía impedir que en los puertos de la Unión penetraran barcos con banderas de las revueltas colonias de la América del Sur.

James Monroe, Secretario de Estado, contestó esas peticiones por medio de una comunicación de 15 de enero de 1816, la que después de hacer relación a todas las cuestiones suscitadas entre las dos naciones desde 1802 y a que los Estados Unidos se habían esforzado por arreglarlas, mientras que el Gobierno de Madrid no había querido abordar ninguna solución, se expresaba en estos términos: rechazaba, desde luego, la demanda sobre devolución de la Florida Occidental, como trámite previo para entrar en las negociaciones; negaba la afirmación relativa a que oficiales y soldados del ejército de los Estados Unidos estuviesen ayudando a los revolucionarios mejicanos; y con respecto a la solicitud de que no fueran admitidos en los puertos de la Unión barcos de las colonias insurreccionadas de la América española, replicaba que según la política de los Estados Unidos, la bandera de una nación, fuese cual fuera, no era obstáculo para impedir la entrada de ninguna embarcación.

No es posible referir punto por punto estas negociaciones. Tendríamos que extendernos más de lo que queremos. Basta consignar que antes de que llegaran a su término, hubo que vencer grandes obstáculos; unas veces se llevaban en Madrid y otras en Washington, y en más de una ocasión estuvieron a punto de romperse. Al fin culminaron en el Tratado de 22 de febrero de 1819. Por dicho tratado, el rey de España cedía a los Estados Unidos todo el territorio situado al Este del río Mississippi, conocido por la Florida Occidental y Oriental y recibía una indemnización de $5,000.000. También se fijaban en dicho tratado los linderos, por el Oeste, de la Louisiana; renunciaban las dos naciones a las reclamaciones pendientes por daños a sus ciudadanos; se le concedía a los barcos españoles, durante doce años, el derecho de entrar en "Pensacola" y en "San Agustín" en las mismas condiciones que los americanos, estipulándose, por último, que el nuevo territorio sería admitido como Estado tan pronto como esto no resultara incompatible con la Constitución federal.

A pesar de que el tratado prevenía que habría de ser ratificado dentro de seis meses, pasaron cerca de dos años antes de que fuese aprobado por las Cortes españolas. En San Agustín y en Pensacola, en 10 y 17 de julio de 1821, respectivamente, tuvieron efecto las ceremonias del cambio de soberanía. Fué de esa manera como los Estados Unidos agregaron a sus adquisiciones territoriales una nueva área compuesta de 59,268 millas cuadradas.

(D)
(1845) Tejas.

El tratado de la Florida dió a la Louisiana por límite oriental el río Sabina, con lo cual le reconoció a España su dominio sobre el territorio de Tejas, que en lo político formaba parte de Méjico y que posteriormente, al obtener el país azteca su independencia, fué erigido en un Estado de la confederación. Cronológicamente, tiene el turno ahora dicho territorio en el estudio del movimiento expansionista de los Estados Unidos.

Los orígenes de la expansión norteamericana hacia Tejas se encuentran en este caso, como en otros, en la iniciativa particular. Comenzó por la ambición de gran parte de la población, principalmente la del Sur, de obtener nuevos terrenos para su actividad productora. Cuando cesó en Méjico la soberanía española, estaban establecidos en Tejas unos tres mil norteamericanos y apenas ocurrido ese cambio político, los "empresarios" de terrenos pusieron sus miras en dicho territorio. El Gobierno mejicano, deseoso de que se poblase, no fué remiso en otorgar concesiones de tierras. A la primera, hecha a Moisés Austin, de Connecticut, para establecer una colonia de trescientas familias, y que fué el fundador de la ciudad que lleva su nombre, siguieron otras muchas otorgadas a ciudadanos de diversos estados de la Unión, especialmente los del Sur. Bien pronto casi todo el territorio del Estado tejano fué repartido entre norteamericanos; todo el que estaba ávido de correr fortuna decidía ir allí. "Vaya a Tejas", llegó a ser la frase en boga, según nos refiere Edwin E. Sparks, en su obra La expansión social y territorial del pueblo norteamericano. A consecuencia de esa corriente migratoria, en 1830 llegó a haber en dicho Estado más de 20,000 ciudadanos de la Unión.

La comunidad norteamericana, residente en Tejas, apenas formada, comenzó a acariciar la idea de declararse independiente. Desde 1819, es decir, desde antes de cesar la dominación española, un grupo numeroso, dirigido por James Long, proclamó la libertad e independencia del país; y, efectuado aquel cambio de soberanía, reunióse una convención en 1826, que abogó por esa misma aspiración. Esas declaraciones, sin embargo, no tuvieron la sanción de todos, ni verdadera trascendencia en los destinos de Tejas.

El Gobierno de Washington, desde aquella época, pensó en la conveniencia de la anexión de Tejas. En 1819, el Secretario de Estado, John Quincy Adams, propuso en el Gabinete demandarle al gobierno de Madrid, con toda formalidad, el dominio del territorio tejano, por pertenecerle a la Louisiana todo el que corría hasta el río Bravo; pero, por razones de diversa índole, el Presidente Monroe y los otros Secretarios no hubieron de apoyar semejante determinación. Apenas ocupó Adams la presidencia, dióle instrucciones a Poinsett, Ministro en Méjico, para comprar a Tejas; pero dicho Ministro, después de explorar la situación, juzgó oportuno no dar ese paso; y no bien cesó Adams y ocupó el cargo Jackson, su Secretario de Estado, Van Buren, le dió instrucciones al propio Ministro para que propusiera la compra del territorio tejano, situado entre los ríos Sabina y Nueces, en $5,000.000.00. La oferta esta vez fué hecha, declinándola el Gobierno mejicano.

Alarmado el Gobierno de Méjico ante los propósitos de adquirir a Tejas, revelados por el de Washington, y pensando sin duda en que dichos propósitos tenían su antecedente en el hecho de que aquel Estado tuviera en lo social y en lo económico más conexiones con los Estados Unidos que con la República azteca, en 1830 prohibió la entrada de nuevos colonos americanos, canceló las concesiones de terrenos otorgadas a ciudadanos de los Estados Unidos y estableció una tarifa de aduana para los productos procedentes de la Unión, que hasta entonces no devengaban derechos de importación. Estas medidas, y la de abolir la esclavitud, adoptada el año anterior, causaron gran disgusto entre los norteamericanos residentes en el país, quienes al tomar la resolución de no dar la libertad a sus esclavos, se colocaron, de hecho, en una situación revolucionaria.

La abolición de la esclavitud en Méjico impresionó grandemente al elemento residente en los estados del Sur de la República norteamericana, empeñados en mantener aquella odiosa institución. Se daban cuenta los esclavistas de que no les convenía quedar colocados, como ahora lo estaban, entre territorios antiesclavistas; y de esa preocupación nació después en dichos elementos la idea de separar a Tejas de la confederación mejicana.

Más les interesaba a los esclavistas que Tejas fuera anexado a los Estados Unidos, que no que se convirtiera en una República independiente. Anexándola a los Estados Unidos, era fácil convertirla en uno o en varios Estados, y era para los del Sur de vital interés la entrada de nuevos estados esclavistas, a fin de contar con mayoría en el Congreso. Una ligera reseña sobre el estado de ese asunto en aquella época, nos lo habrá de explicar.

En los estados del Norte no hubo dificultad para hacer desaparecer la esclavitud, pero en los del Sur, dedicados a cultivos extensivos, principalmente el del algodón, resultaba muy apreciado el trabajo de los negros esclavos. De hecho se había establecido una especie de equilibrio político, entre unos y otros estados, a fin de que ninguno de los dos grupos llegara a ejercer un completo predominio.

Cuando se trató de formar el Estado de Maine, se opusieron los del Sur, dado que los votos de ese nuevo estado, en el Congreso, daban mayoría a los contrarios de la esclavitud. Debido a eso los esclavistas se opusieron a la admisión del nuevo estado, a menos que Missouri, que había de ser esclavista, no fuese también admitido como otro estado. La cuestión conmovió a todo el país, y al fin, a manera de transacción, se adoptó el famoso "compromiso de Missouri", que consistió en aceptar el paralelo 36° 30' como línea divisoria entre los estados esclavistas y los antiesclavistas. Este "compromiso" se adoptó en 1820; pero si se recuerda que en 1803 había sido comprada la Louisiana, y si por otra parte se observa la configuración que tenía ésta, se verá que era mucho mayor la parte de la misma situada al norte de dicho paralelo, que la colocada al sur de él. Al norte de esa línea había una extensión de 964,667 millas cuadradas, mientras que la del sur era tan sólo de 224,667.

Había, pues, más campo para formar estados antiesclavistas que esclavistas; de aquí que la anexión de Tejas fuera de gran interés para estos últimos.

No por esto se ha de entender, ha dicho Roosevelt, que el único factor que influyó para la separación de Tejas de la confederación mejicana, fué la gestión de los esclavistas. Tanto como este factor influyó en ese suceso el afán desmedido por adquirir nuevas tierras, que ha caracterizado siempre a los habitantes del Oeste, quienes juzgaron como un estorbo a sus propósitos y planes, primero, la ocupación del valle del Mississippi por los franceses, y después la de los territorios que baña el río Grande por los descendientes de los españoles. Pero hay aún, agrega después, un argumento mucho más trascendente y en presencia del cual cede el interés de todos los demás: la lucha entre las dos razas y la imposibilidad de que los mejicanos, que eran incapaces de gobernarse por sí mismos, pudieran gobernar a otro pueblo.

Desde 1833 Méjico era presa de una revolución. La nación toda, incluso Tejas, estaba sumida en el mayor desorden. En 1835 el general Santa Anna, Presidente de la República, pudo abatir la revolución en todo el país, menos en Tejas. Los revolucionarios, en aquel entonces, no aspiraban a la independencia. Abogaban solamente porque el Estado tuviera los fueros reconocidos por la Constitución federal de 1824 y suprimidos por el gobierno militarista y centralizador de Santa Anna. Así lo proclamó la convención que en 17 de octubre de 1835 se reunió en San Felipe de Austin. Si en aquellos momentos el Gobierno de Méjico hubiera sabido o podido desenvolver una política prudente y justa en los asuntos de Tejas, probablemente las cosas no habrían llegado donde llegaron.

En el mes de marzo del año 1836 se reúne una nueva Convención en New-Washington. De los cincuenta y ocho miembros que la formaron, sólo había tres mejicanos; los demás eran anglo-americanos. Esta vez se declaró la independencia y se adoptó una Constitución, por la que se previno la organización del gobierno. Se formaron tres poderes: el Ejecutivo, que sería ejercido por un Presidente, el Legislativo, que habría de residir en dos Cámaras, y el Judicial. Se abolieron los privilegios y los títulos de nobleza y se adoptó la "common law" inglesa como base del derecho privado. Por esta Constitución, además, se autorizaba la esclavitud y se prohibía la entrada de los negros libres.

El general Santa Anna, poniéndose al frente de un ejército, fué a combatir a los revolucionarios, quienes recibían recursos, en armas y hombres, de diversas poblaciones de los Estados Unidos. Al principio la suerte fué favorable a los mejicanos, pero después les volvió la espalda; y atrocidades como el fusilamiento de todos los prisioneros hechos en "El Álamo", sólo sirvieron para aumentar el ardor bélico de los tejanos.

En 27 de abril del propio año libróse en San Jacinto la batalla decisiva de la guerra. El ejército mejicano fué completamente derrotado, figurando entre los prisioneros, hechos por los tejanos, el propio general Santa Anna. En esa fecha se puede decir que quedó decidida la suerte de Tejas, perdida ya por siempre para Méjico. El día 14 de mayo se suscribió el tratado de Velasco en el que no sólo se puso fin a la contienda, sino que se reconoció por el Presidente Santa Anna la independencia de Tejas. Esta última estipulación, por sugestión de Santa Anna, se debía mantener en secreto. Quizás porque no quería que la nación tuviera conocimiento de ella, hasta tanto él estuviera de regreso en la capital y pudiera tomar medidas que evitaran que al conocerse semejante noticia produjera tan mal efecto que lo derribaran del poder; quizás porque pensaba burlarse del tratado después que recobrara su libertad. El Congreso de Méjico se enteró del tratado; rechazó lo hecho por Santa Anna y mandó continuar la guerra.

Apenas suscrito el tratado de Velasco, Burnett, Presidente de Tejas, se dirigió públicamente al pueblo de los Estados Unidos pidiéndole el reconocimiento de la nueva República. Esta apelación fué acogida por los estados esclavistas, los que a su vez se dirigieron al Congreso excitándolo a que hiciera dicho reconocimiento. Aparentemente no se trataba más que de un acto de la soberanía nacional: el reconocimiento de un nuevo estado; pero en el fondo, y era esto lo más importante, tratábase de una nueva batalla que pretendían librar los esclavistas. El "compromiso de Missouri", dice el escritor Edmund J. Carpenter, fué el primer episodio de la gran controversia esclavista; el reconocimiento de Tejas iba a ser el segundo.

En el Senado se inició un extenso debate sobre el asunto, en el que se distinguieron, entre otros, Daniel Webster, Walker y Porter. El tono de los discursos revela que por parte de casi todos había la mejor voluntad hacia la nueva República, pero que se temía, por no haberla reconocido Méjico, que al darse ese paso se rompieran las relaciones con esta nación. El Comité de asuntos exteriores del Senado, al que fueron enviadas para su dictamen todas las peticiones relacionadas con el reconocimiento de Tejas, propuso a dicho alto Cuerpo, en 20 de junio de 1836, una resolución que fué aprobada y que era algo así como un compás de espera, según se ve en su parte dispositiva, que rezaba así:

Se resuelve declarar que los Estados Unidos reconocerán la independencia de Tejas tan pronto como se obtengan informes de que en dicho país se ha establecido un gobierno de carácter civil, capaz de cumplir con los deberes y obligaciones inherentes a las naciones independientes.

En 21 de diciembre de 1836, el Presidente, en un mensaje especial, dió cuenta al Congreso de la información que le había suministrado Henry M. Morfit acerca de la situación de Tejas; aconsejando, al mismo tiempo, que no se hiciera el reconocimiento de la independencia. Después de hacer alusión a que los Estados Unidos habían adoptado por sistema no reconocer la independencia de ninguna colonia, hasta que su separación no fuese un hecho sin disputa, se extendía en estas consideraciones:

Median circunstancias, en las relaciones entre los dos países, que exigen que en este caso seamos más cautos que en ningún otro. Tejas ha sido reclamado como parte de nuestro territorio, y aun en nuestros tiempos muchos de nuestros conciudadanos siguen pensando en que debe integrarlo. Gran número de sus habitantes son emigrantes de nuestro país, hablan nuestra lengua, profesan nuestros principios políticos y religiosos y están unidos a muchos conciudadanos nuestros por lazos de parentesco y amistad; y, sobre todo, es sabido que el pueblo de ese país ha establecido un gobierno a semejanza del nuestro, y que después de vuestra última sesión ha resuelto pedirnos, tan pronto reconozcamos la independencia, su admisión como un Estado de la Unión. Esta última circunstancia, por su delicadeza y gravedad, tiene que preocuparnos grandemente. Tejas nos pide que reconozcamos la independencia, y sabemos que ese reconocimiento es el antecedente de la anexión. Debemos, pues, proceder con gran cautela, a fin de que no se piense que si reconocemos los derechos de nuestros vecinos es con miras interesadas.

La prudencia parece dictar, por consiguiente, que seamos cautos y que sostengamos nuestra actual actitud, hasta que Méjico mismo, o alguna de las grandes potencias, reconozca el nuevo gobierno, o al menos hasta que el transcurso del tiempo o el curso de los acontecimientos hayan demostrado evidentemente la habilidad del pueblo de ese país para mantener su soberanía independiente y conservar el gobierno por él establecido.

Si observamos esta conducta, ninguno de los contendientes tendrá derecho a quejarse. Si la seguimos, continuaremos observando nuestra tradicional política, esa que nos ha dado respeto e influencia en el exterior y completa confianza en casa.

Poco tiempo después, o sea en 18 de enero de 1837, el Presidente Jackson remitió al Senado copia de una carta que desde su prisión en Columbia, Tejas, le había dirigido en 4 de julio de 1836 el general Santa Anna, y de su contestación de 4 de septiembre.

El general Santa Anna decía en dicha carta que a pesar de su convenio con los tejanos, según el cual él debía regresar a Méjico, desde donde podía hacer que se respetaran las estipulaciones que había celebrado, se le mantenía en prisión; y que mientras tanto el Gobierno de Méjico, ignorante de lo que pasaba, había resuelto continuar la guerra; y le pedía a Jackson que promediara, que les hiciera ver a los tejanos el deber en que estaban de dejarlo regresar a Méjico, en la seguridad de que si esto se hacía habían de terminar los horrores de la guerra.

Consistían las estipulaciones aludidas, y que no se expresaba cuáles eran, en el reconocimiento, que había hecho Santa Anna en el tratado de Velasco, de la independencia de Tejas, que se debía mantener en secreto hasta tanto que él estuviera de regreso en Méjico.

El Presidente Jackson hubo de contestar al general Santa Anna que en cualquier circunstancia le sería muy grato evitar una guerra, pero que su gobierno había sido notificado por el de Méjico de que mientras él se encontrara prisionero, de sus actos no se podía derivar compromiso alguno para los mejicanos.

Por esta misma época el Presidente Jackson envió a la frontera tejana al general Gaines, a fin de evitar las incursiones de los indios. Esto no era más que un pretexto, dice el escritor Edmund J. Carpenter, antes citado en su obra El Avance Americano; en realidad esa medida se adoptó de acuerdo con el general Houston, que había sucedido a Burnett en la Presidencia de la República Tejana. El Ministro de Méjico en Washington, Eduardo Gorostiza, protestó de tal medida, pidiendo se retiraran de las fronteras las fuerzas del general Gaines; y como fuera rechazada esta petición, tanto por este hecho como por el de que públicamente se alistaran hombres en Nueva Orleans para engrosar las filas tejanas, dicho Ministro hubo de retirarse.

En los mismos días en que ocurría en Washington este incidente diplomático, se desarrollaba en Méjico otro de la misma naturaleza entre el Gobierno de dicha República y Powhatan Ellis, Encargado de Negocios de los Estados Unidos, y el cual, al producir el mismo resultado que aquél—la retirada del representante diplomático—, hizo que se completara de esa manera la ruptura de las relaciones entre los dos países. Tratábase de ciertas reclamaciones relativas a perjuicios causados a varios ciudadanos de los Estados Unidos, en sus personas e intereses, de que se hacía responsable al Gobierno de Méjico, y acerca de los cuales éste, por lo visto, no quería tratar.

El Presidente Jackson se refirió a este asunto en un Mensaje que dirigió al Congreso en 6 de febrero de 1837. Pidió por dicho documento que se votara una ley autorizando las represalias y facultándolo para usar de la marina de guerra, a fin de hacer valer las reclamaciones, por la fuerza, en el caso de que el Gobierno de Méjico no conviniera en someterlas a un arbitraje.

Cuando estas noticias sobre la ruptura de las reclamaciones diplomáticas con Méjico llegaron a conocimiento del Congreso, produjeron el efecto de excitar a los esclavistas, partidarios como eran del reconocimiento de la independencia de Tejas. En el mismo mes a que nos acabamos de referir presentóse una moción en la Cámara de Representantes concediendo un crédito con que atender a los gastos de un representante diplomático en Tejas. Dicha moción fué defendida vigorosamente por Bynum, de Carolina del Norte, y por otros Representantes, y atacada por John Quincy Adams y Samuel Hoar, de Massachusetts, quienes expresaron, entre otras cosas, que la finalidad que se perseguía no era la de reconocer la independencia, sino la de llegar después a la anexión; que no se podía sostener que Méjico no se pudiera reponer de sus quebrantos y restablecer su autoridad en Tejas, y que la facultad de reconocer los nuevos estados era de la incumbencia del Poder Ejecutivo. Esta fué la fórmula que en definitiva se adoptó: en 28 de febrero se aprobó una moción facultando al Presidente para hacer el reconocimiento, y el 3 de marzo el general Jackson envió al Senado el nombramiento de Alcee la Branche como Encargado de Negocios en la República de Tejas. Al día siguiente Jackson debía cesar en su elevado cargo; quiso, sin duda, que dicho reconocimiento fuera obra de su gobierno.

Pasó algún tiempo, y como el Gobierno de Méjico no pudo restablecer su autoridad en Tejas, a los tres años de aquella fecha los Gobiernos de Inglaterra, Francia, Bélgica y Holanda ya habían reconocido la nueva República.

No quedaría completa esta relación si no nos refiriéramos, antes de seguir adelante, a la verdadera posición del Presidente Jackson ante el conflicto tejano. Si examinamos su actuación según lo que rezan los documentos oficiales, se ve que se redujo a observar la más estricta neutralidad; pero si tenemos en cuenta otros antecedentes, que trascendieron al dominio público, se echa de ver que su conducta no guardaba relación con sus palabras: que mientras en mensajes y manifiestos proclamaba la neutralidad, indirectamente era un colaborador decidido de los revolucionarios tejanos.

Ningún testimonio más elocuente que el del propio Jackson. Varios años después de haber abandonado la Presidencia, en una carta dirigida a William B. Lewis le decía: "Después de la batalla de "San Jacinto", puse todo mi empeño en que se reconociera la independencia de Tejas, como medio de admitirla después en la Unión, pero las maquinaciones de Adams me impidieron realizar ese propósito."

Los escritores norteamericanos que se ocupan en estos asuntos, convienen en que el envío del general Gaines a la frontera no tuvo justificación, que las demandas formuladas al Gobierno de Méjico, por medio del Encargado de Negocios Powhatan Ellis, no fueron más que un ardid para provocar una guerra; y en que de haberlo podido impedir las autoridades, no se hubiera dado el caso de que en los puertos del Sur se equiparan las expediciones destinadas a auxiliar a la revolución.

Carpenter, en su obra antes citada, al referirse al Mensaje presidencial de 21 de diciembre de 1836, cuyos párrafos más esenciales antes transcribimos, y al aludir a la neutralidad que según dicho Mensaje debían guardar los Estados Unidos a fin de no provocar el enojo de Méjico, hace este comentario:

Aparentemente, según dicho Mensaje, el Gobierno tenía el propósito de proceder con verdadera cautela en el asunto de la independencia de Tejas. No se le quería causar ofensa alguna al Gobierno de Méjico, pero en el Norte se pensaba por todo el mundo, especialmente por los antiesclavistas, que las palabras del Presidente no eran sinceras. En primer lugar, una gran parte de la población de Tejas estaba formada por emigrantes del Sur de los Estados Unidos, y con este elemento se había formado casi todo el ejército tejano. En Nueva Orleans se reclutaban hombres públicamente para dicho Ejército, sin que las autoridades realizaran el menor esfuerzo para impedirlo; y, sobre todo, se sabía hasta la saciedad que la verdadera causa de la revolución tejana reconocía su origen en el hecho de que el Gobierno mejicano había decretado la abolición de la esclavitud.

Hechas estas breves indicaciones acerca de la verdadera actuación de Jackson en los asuntos tejanos, sigamos nuestra relación en el punto en que la dejamos: en el momento en que dicho Presidente reconocía la independencia de Tejas, la víspera de cesar en su cargo, en el que había de sustituirlo quien era de esperar que, por haber sido un colaborador de su Gobierno, habría de seguir su misma conducta política: Martin Van Buren.

Apenas reconocida la independencia de Tejas, su legislatura facultó al Presidente de la República para gestionar su admisión en la Unión; y habiendo recibido instrucciones en tal sentido Menucan Hunt, Ministro Plenipotenciario en Washington, este funcionario depositó una nota en la Secretaría de Estado, en 4 de agosto de 1837, formulando aquella pretensión. Transcurrió todo el mes de agosto sin que por la Secretaría de Estado se hiciera público el asunto, ni se tomara decisión alguna. En 4 de septiembre el Presidente convoca al Congreso a una sesión especial para tratar de diversos asuntos, y nada dice acerca de éste; pero, ya reunidas las Cámaras, John Quincy Adams, representante por Massachusetts, en 13 de ese mes interesó que por el Presidente de la República se informara acerca de si el Gobierno de Tejas había propuesto la anexión, y, en caso afirmativo, lo que se hubiere contestado.

Apoyó Adams su petición con un discurso en el que sostuvo que sólo el pueblo de los Estados Unidos directamente, de una parte, y el de Tejas, de la otra, podían resolver lo de la anexión, y que ésta constituía un problema tan grave, que una gran parte de la opinión prefería que se disolviera la Unión antes de que se consumara ese hecho. Por estos mismos días se reunieron las legislaturas de ocho Estados, declarándose también contrarias a la anexión; y en vista, sin duda, de todo esto, antes de que transcurriera el citado mes, el Secretario de Estado, John Forsyth, le contestaba al diplomático tejano que ni la proposición en cuestión, ni ninguna otra por su estilo, sería tomada en consideración mientras no cesara el estado de guerra existente entre Méjico y Tejas.

Este incidente, al poner sobre el tapete la cuestión de Tejas, produjo el efecto de despertar las iniciativas de los esclavistas. Si hubo Estados que se significaron contra la anexión, en cambio otros, como los de Tennessee, Alabama, Mississippi y Carolina del Sur, abogaron por dicha solución. John C. Calhoun figuraba como leader de los anexionistas. Desde mayo del año anterior, es decir, a raíz de la batalla de San Jacinto, había declarado que los Estados del Sur necesitaban a Tejas indispensablemente, como único medio de no ser aniquilados por los del Norte. Ahora se mostraba más radical aun: hay que escoger, decía, entre la anexión o la secesión.

Los esclavistas echaron sobre Adams la responsabilidad de que el territorio de Tejas no perteneciera a los Estados Unidos. Dicho territorio, decían, por haber formado parte siempre de la provincia española de la Louisiana, fué adquirido en 1803, cuando Jefferson compró dicha provincia; pero había sido devuelto a España en 1819, en el tratado de la Florida, efectuado bajo la dirección de Adams, al fijar a los Estados Unidos como límite por el Oeste el río Sabina. Suponían que Adams, al proceder de esa manera, se había inspirado en el propósito de impedir, por ese medio, que se formaran nuevos estados esclavistas; e invocaban el testimonio de Erving, Ministro que había sido en Madrid cuando se negociaba el tratado de la Florida, y que había declarado que si esas negociaciones se hubieran concluído en aquella Capital, o, por mejor decir, donde se iniciaron, y no hubiesen sido llevadas después a Washington, donde fueron concluídas, España hubiera convenido en el dominio de los Estados Unidos sobre Tejas, desde el momento en que él hubo conseguido que se reconociera el río Grande como lindero.

Es por esto por lo que los anexionistas adoptaron como lema la palabra "reanexión"; pero lema, dice Roosevelt, que no era más que el barniz de derecho con que querían cubrir sus pretensiones. Tenemos que reanexarnos, decían, el territorio que es nuestro y de que nos ha privado la maldad de un estadista del Norte. Se olvidaban los acusadores de Adams de que, según dijimos antes, siendo éste Presidente de la República había iniciado gestiones para obtener de Méjico la cesión de Tejas, y que anteriormente, como Secretario de Estado, en la época de la presidencia de Monroe, quiso demandarle a España el reconocimiento del dominio de los Estados Unidos, oponiéndose sus compañeros de Gabinete, y el propio Monroe, a que se formulara semejante pretensión.

No se arredró el insigne ex Presidente ante las imputaciones de sus adversarios. En junio de 1838 presentó en la Cámara de Representantes la siguiente moción:

Se resuelve que la facultad de anexar a esta Unión un estado independiente, no está delegada por la Constitución en el Congreso, ni en ningún otro Departamento del Gobierno, sino que es privativa del pueblo; y que cualquier tentativa del Congreso para realizar la anexión de la República de Tejas, ya se intente efectuarla por medio de una ley o por medio de un Tratado, ha de constituir una usurpación de poder, un acto ilegal y nulo, que el pueblo libre de la Unión tendrá el derecho de resistirla y el deber de anularla.

Adams, en defensa de esta moción, pronunció un discurso que por su resonancia, por el efecto que produjo, se puede decir que hizo época, hasta el punto de que en tres años, hasta que expiró el mandato de Van Buren, no se volvió a hablar de la anexión. Sus adversarios han negado tal cosa, atribuyendo este hecho al propósito, que se hizo Van Buren, de no darle oídos a nada que se relacionase con la anexión de Tejas, mientras entre ésta y Méjico existiera un estado de guerra.

En 4 de marzo de 1841, ocupó la Presidencia de la República William Henry Harrison. Dados sus antecedentes, su amistad personal e identificación política con Adams, se pensó que no cambiaría de aspecto la cuestión tejana; pero al mes de ocupar el cargo lo arrebató la muerte, y fué sustituído por John Tyler, virginiano y de ideas opuestas a las suyas. Procedía Tyler, políticamente, de elementos que se habían significado como esclavistas genuinos, y se recordaba que siendo Senador había sostenido que el Congreso carecía de atribuciones para prohibir la esclavitud en ningún territorio. Todo esto presagiaba que no había de transcurrir mucho tiempo antes de que se agitara la opinión y se planteara de nuevo la anexión de Tejas. La ocasión era propicia para que los esclavistas, cuyas aspiraciones habían estado dormidas, pero no muertas, se pusieran de nuevo en actividad. Hemos de ver que así ocurrió; que los esclavistas supieron aprovechar la oportunidad que con la muerte de Harrison les deparaba el destino.

Al abrirse el Congreso en diciembre de dicho año, se dió cuenta con las solicitudes de varios estados del Sur, que nuevamente venían a reclamar de los poderes federales que se realizara la anexión. Por estos mismos días se equipaba en Santa Fe, por cuenta del Gobierno de Tejas, una importante expedición, sin que el de los Estados Unidos tomara medidas para evitarlo, a pesar de que los soldados habían sido reclutados públicamente; y en estos mismos días, también, dispuso Tyler que se activase la ejecución de un tratado celebrado desde hacía años entre los Estados Unidos y Tejas, fijando el lindero de los dos países. Al darle cuenta al Congreso, en su mensaje de 7 de diciembre, de haber concluído dicho Tratado, la comisión nombrada por las dos naciones aludía en términos tan lisonjeros a la República de Tejas, que al leerlo se sospechaba que tales afectos nacían de algún propósito.

En marzo del año 1842, el Ministro de Tejas en Washington se entrevista con Daniel Webster, Secretario de Estado, y le trata de la anexión de su país. Webster se negó a entrar en negociaciones, entre otras razones porque estaba convencido de que si se celebraba el Tratado, el Senado habría de rechazarlo. No parecía Webster muy decidido por la anexión; no era el hombre que podía ayudar a Tyler en el propósito de realizarlo, siendo este motivo una de las causas de que abandonara la Secretaría de Estado, lo que ocurrió en mayo de 1843.

A Webster lo sustituyó Upshur, de Virginia, muy conocido como esclavista. Apenas ocupó la Secretaría de Estado, se dedicó con ahinco a estudiar el problema de la anexión de Tejas. Por esta época se presentó un nuevo aspecto en este asunto, que sirvió para que los esclavistas redoblaran sus energías. Inglaterra quería mezclarse en los asuntos de la nueva República, a fin de que ésta suprimiera la esclavitud; y, aprovechando la circunstancia de que la situación financiera del Gobierno tejano era deplorable, lo halagaba ofreciéndole facilidades para salir de la crisis. Había, pues, que darse prisa, supuesto que el peligro era grave: la supresión de la esclavitud en Tejas podía quebrantar el mantenimiento de esta institución en los estados del Sur. Francia había unido sus esfuerzos a los de Inglaterra, y los gobiernos de éstas dos naciones habían conseguido que entre Méjico y Tejas cesaran las hostilidades, que se firmara un armisticio. Era fácil, además, que se firmara la paz definitiva.

Upshur se apresuró: no convenía que Méjico y Tejas hicieran la paz; y, decidido a no demorar la anexión por más tiempo, en 16 de octubre del año a que nos venimos refiriendo la propuso con toda formalidad a Van Zand, representante diplomático de Tejas en Washington, sin que le preocuparan, en lo más mínimo, las protestas que formuló Juan Almonte, Ministro plenipotenciario de Méjico. Al llegar a conocimiento del general Houston, Presidente de Tejas, la proposición de la anexión, pensó, acertadamente, que si la tomaba en cuenta, que si iniciaba las negociaciones, el gobierno de Méjico seguramente habría de reanudar las hostilidades; y ante este temor preguntó al Gobierno de Washington si en caso de una agresión por parte de aquella República, se podría contar con el apoyo de los Estados Unidos, mientras el tratado de anexión estuviera pendiente de aprobación. Upshur no se atrevió a contestar; pero Murphi, agente diplomático de los Estados Unidos en Tejas, dió por su cuenta una contestación afirmativa; aseguró que en caso de que Méjico pretendiera realizar una invasión, se podía contar, para repelerla, con las fuerzas de los Estados Unidos; y tan en serio se tomó Houston esta contestación, que al serle sometido el armisticio con Méjico, concluído en esos días, hubo de rechazarlo.

En esa situación, en 17 de enero de 1844 muere Upshur a bordo de la fragata Princeton, por consecuencia de la explosión de un cañón; y John Nelson, Procurador General, que interinamente se hace cargo de la Secretaría de Estado, adopta una actitud inexplicable: le dice a Murphi, por una parte, que se ha excedido al hacer su ofrecimiento, supuesto que el Presidente, sin la autorización del Congreso, no puede emplear la marina y el ejército contra una nación amiga, y por otra, que el Poder Ejecutivo

no tenía inconveniente en concentrar una escuadra en el golfo de Méjico y un contingente militar en la frontera, en defensa de los habitantes de Tejas y de su territorio.

Rápidamente se fueron precipitando las cosas. En 29 de marzo ocupó la Secretaría de Estado John C. Calhoun, quien había figurado siempre como uno de los directores de la tendencia esclavista, y que declaró, al ocupar su cargo, que no llevaba al mismo otro fin que el de realizar la anexión, y que lo renunciaría una vez obtenida ésta. Al día siguiente llegó a Washington Henderson, el delegado tejano que debía negociar el tratado de anexión. Calhoun no tuvo inconveniente en ratificar las manifestaciones de Murphi y de Nelson acerca del envío de fuerzas que defendiesen a Tejas en caso de una agresión mientras se ratificaba el tratado; sin que lo preocupase el hecho de que con semejante medida, que en cierto modo equivalía a una declaración de guerra, se invadieran las atribuciones del Congreso. El día 12 de abril se suscribió el Tratado y diez días después fué enviado al Senado por medio de un mensaje.

La causa de que se perdieran diez días en este trámite, en un asunto a que se le había impreso tanta celeridad, obedeció a un hecho que los norteamericanos, celosos de su Historia, no hubieran querido que hubiese ocurrido. Demoró Calhoun de intento el envío del mensaje; quiso que el Senado conociera al propio tiempo, y se impresionara con ella, la respuesta dada por él al despacho de Lord Aberdeen, Primer Ministro inglés, en que se exponía que uno de los propósitos que llevaba la Gran Bretaña al mediar con Méjico en el asunto de Tejas, era el de obtener la abolición de la esclavitud en este país. Decía Calhoun en su contestación, que fué dada a Lord Aberdeen en 18 de abril, que en vista de dicha actitud del Gobierno inglés, el de Washington se había apresurado a suscribir el tratado de anexión, con objeto de que no se realizaran aquellos propósitos, ya que en ello estaban empeñadas la paz y la seguridad de los Estados Unidos.

Esa contestación, ha dicho el profesor Von Holst, era algo así como una proclama elevando la esclavitud a institución nacional, ya que se exponía la Unión a los riesgos de una guerra sólo por defenderla. Por su parte el notable escritor Carl Schurz se expresa en estos términos:

Los Estados Unidos, al anexarse a Tejas, corrían los riesgos de una guerra, y lo hacían nada más que por defender y mantener la esclavitud. Ese fué el verdadero móvil de la conducta del Presidente y del Secretario de Estado; en semejante posición colocaron estos señores ante el mundo a la gran República Americana.

Nada de esto, sin embargo, nada acerca de que fuera el mantenimiento de la esclavitud el verdadero móvil de la anexión, se decía en el Mensaje antes citado, dirigido al Senado, acompañando el tratado de anexión. Se hablaba de que el territorio tejano había sido cedido a los Estados Unidos por el tratado del año 1803; de que la población de Tejas, por su origen, por sus antecedentes y hábitos, era homogénea a la de los Estados Unidos; de que la anexión habría de reportar beneficios positivos a los intereses de la Unión, y, últimamente, de que dicha solución sólo interesaba a Tejas, que era un Estado independiente, y a los Estados Unidos; pero ni una palabra acerca de la conveniencia de favorecer los intereses esclavistas.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno y de los esclavistas para que el Senado aprobara el tratado, después de varias semanas de deliberaciones, en la sesión del día 8 de junio fué rechazado por 35 votos contra 16; lo que se debió, en parte, al fuerte espíritu antiesclavista que dominaba, y en parte al temor de provocar una guerra con Méjico.

No se arredró Tyler ante la decisión del Senado. Interesado en realizar la anexión, en cualquier forma, ya no quería reparar en los medios, aun cuando éstos no fueran lícitos. Dos días después de la resolución de aquel Cuerpo, se dirigió por un Mensaje a la Cámara de Representantes sugiriéndole a ésta la conveniencia de que el Congreso acudiera a cualquier otro procedimiento, a fin de realizar la anexión. Ese otro procedimiento no podía ser más que el de una Resolución Conjunta. En realidad, a lo que se aspiraba era a burlar la necesidad de la concurrencia de las dos terceras partes de los miembros que formaban el Senado. Se trataba de un tratado, y éstos, según la Constitución, necesitan para su aprobación el asentimiento de las dos terceras partes de los senadores, y con la joint resolution se evitaba la necesidad de ese quórum extraordinario; bastaba la mayoría simple u ordinaria. Desde luego que se infringía la Constitución, que se apelaba a un procedimiento inadecuado; pero los esclavistas pensarían, sin duda, que el fin justificaba los medios.

Apenas leído el Mensaje en la Cámara de Representantes, inicióse un intenso debate sobre el mismo, es decir, sobre la legalidad del procedimiento de acudir a una joint resolution. Stephen A. Douglas, de Illinois, y Charles J. Ingersoll, de Pennsylvania, sostenían la afirmativa, rebatiéndoles Robert C. Winthrop, de Massachusetts. A pesar de los esfuerzos de los esclavistas, terminó la legislatura sin que se acordase nada.

Mientras tanto, fuera del Congreso, se iniciaba un movimiento que fué el último y decisivo esfuerzo de los esclavistas para anexar a Tejas. Hasta este momento se puede decir que partidarios y adversarios de la anexión no habían llevado sus aspiraciones a determinado partido político: unos y otros pertenecían, indistintamente, a una u otra agrupación; pero en la campaña presidencial efectuada el año de 1844, a que nos venimos refiriendo, se deslindaron los campos entre demócratas y "whigs".

La convención nacional de los whigs, reunida en Baltimore en 1º de mayo, designó candidato a la Presidencia al ilustre Henry Clay, quien días antes había escrito una carta afirmando que si bien los Estados Unidos habían adquirido a Tejas por el tratado de 1803, la habían perdido después por el de 1819; que hacer la anexión era provocar una guerra con Méjico y romper el equilibrio entre los estados esclavistas y los antiesclavistas.

Los demócratas por su parte, al reunir su convención en 27 del mismo mes, hicieron algo más que proclamar a un candidato simpatizador con sus ideas: aprobaron una moción recomendando la "reanexión" de Tejas y la reocupación de Oregon. El candidato de los demócratas, James K. Polk, era poco menos que desconocido, hasta el punto de que se puso en boga la frase: "¿Quién diablos es Polk?"; pero, en cambio, se adoptó un estribillo en la campaña, a manera de lema, más interesante y significativo que la figura del candidato presidencial: "Tejas o la desunión".

Había gran diferencia entre uno y otro candidato. Clay, dice Roosevelt, estaba sostenido por los mejores elementos del país; mientras que Polk tenía sus mantenedores entre los esclavistas y entre esa clase de políticos viciosos y corrompidos de las grandes ciudades del Norte y de Nueva Orleans. Las probabilidades de la victoria estaban de parte de Henry Clay; pero éste, mal aconsejado, dió un paso que, según se dice, le arrebató la victoria. Ocurrió que en el Sur, donde predominaban los esclavistas, como se viera Clay muy combatido por sus ideas contrarias a la anexión de Tejas, expuestas en la carta antes citada, y le pidieran algunos amigos de Alabama que hiciera alguna manifestación que atenuara aquel mal efecto, no tuvo inconveniente en declarar que él, personalmente, no era contrario a la anexión; que, antes al contrario, la vería con gusto siempre que se pudiera realizar sin deshonor, sin guerra y en términos justos y equitativos. Esta contradicción entre lo dicho antes y lo que se decía ahora, sin duda que debilitó a Clay ante la opinión, que vió en él, dice Schurz, a un político de la clase corriente, de los que no tienen otro principio que el de su conveniencia. Semejantes declaraciones, agrega, lo debilitaron donde estaba fuerte y no le dieron más fuerza donde estaba débil.

La elección de Polk significaba que se habría de realizar la anexión; pero ésta se verificó antes de lo que se esperaba, antes de que aquél inaugurase su período presidencial. ¿A qué se debió esto? A lo siguiente: Tyler había aspirado a la designación o "postulación"; pero los demócratas, su partido, lo desairaron; y un tanto despechado, no queriendo que otro se llevara la gloria por él tan acariciada de realizar la anexión, puso en juego todas sus influencias para que ésta se consumara antes de abandonar su cargo. En 3 de diciembre dirigió un Mensaje al Congreso, exponiendo que supuesto que el país se había significado por la anexión, no se la debía demorar por más tiempo. Moviéronse sus amigos en las Cámaras y recabaron de éstas la aprobación de la joint resolution, tan deseada por los esclavistas. En 1º de marzo fué aprobada por Tyler, que tres días después había de cesar en su elevado cargo.

Mientras estas cosas ocurrían en los Estados Unidos, los gobiernos de la Gran Bretaña y de Francia, interesados, como antes vimos, en que entre Méjico y Tejas cesara el estado de guerra, habían conseguido que la primera de estas dos Repúblicas suscribiera la paz, a condición de que la última se comprometiera a no anexarse nunca a otra nación. Se había redactado el oportuno tratado y éste había obtenido ya la sanción del Gobierno mejicano. Faltaba la de Tejas.

En 16 de junio del año 1845 debía reunirse el Congreso tejano. Podía optar entre la paz ofrecida por Méjico y la anexión a los Estados Unidos. Decidióse por esto último; y, habiendo ratificado el pueblo, directamente, esa decisión, por medio de un plebiscito celebrado el día 4 de julio del propio año, se adoptó después la constitución local, por la que se debía regir como nuevo Estado de la Unión.

En 29 de diciembre el Congreso de los Estados Unidos acordó admitir el "Estado de Tejas", en las mismas condiciones que los demás. La República norteamericana no sólo aumentaba el número de las comunidades políticas que la formaban, sino que ensanchaba notablemente su extensión territorial. El área que nuevamente se adquiría tenía una extensión de 371,063 millas cuadradas; algo así como la superficie de la antigua monarquía Austro-Húngara, Italia y Suiza unidas.

(E)
(1848) Alta California y Nuevo Méjico.

Tan pronto como fué sancionada la joint resolution por la que se aprobó la anexión de Tejas, el Ministro de Méjico en Washington pidió sus credenciales y se retiró, quedando rotas, de esa manera, las relaciones entre las dos naciones. Este detalle, por lo visto, preocupó bien poco a los hombres que en aquel entonces dirigían los destinos de los Estados Unidos. Es que la esclavitud, dice Mc. Laughlin, había hecho en el país el efecto de un veneno. Parecía natural que después de la adquisición del territorio tejano, el Gobierno permaneciera tranquilo, preocupado en reanudar sus relaciones con el de Méjico; pero no fué así; hemos de ver ahora que ambicionó un plan que suponía un verdadero despojo. Se pretendió que el límite entre Tejas y Méjico no lo constituyera el río "Nueces", como hasta entonces, sino que se quiso llevar dicho límite más al Sur, hasta el río "Grande", en perjuicio desde luego de la República Mejicana, que contaba como parte de su territorio la extensión situada entre dichos dos ríos. Vamos a referir cómo desenvolvió el Presidente Polk su plan de conquista.

En 30 de julio del año 1845, el general Taylor recibió órdenes de cruzar el río "Nueces", al frente de cuatro mil hombres, e invadir el territorio situado entre este río y el "Grande", aunque sin aproximarse a los destacamentos del ejército mejicano situados en la margen septentrional de este último. Taylor cumplió esa orden; pero apenas había cruzado el río "Nueces", y encontrándose acampado en Corpus Christi, fué instruído de que en el caso de que los mejicanos cruzaran el río "Grande", debía rechazarlos y ocupar la ciudad de Matamoros. Al mismo tiempo que se comunicaban estas órdenes al Ejército, se disponía que dos escuadras, una en el Pacífico y otra en el Atlántico, se aproximaran a las costas de Méjico.

Estos preparativos bélicos no eran todavía el comienzo de la campaña de conquista; no tenían más finalidad que la de impresionar al pueblo y al gobierno mejicanos, para de esa manera crearle un ambiente, propicio a un arreglo, a un representante que se pretendía enviar a la capital de Méjico. Pensaba el gobierno del Presidente Polk que si la diplomacia podía actuar con eficacia, era preferible confiar a ella sus propósitos, antes que a las armas. Animado de estos deseos, en septiembre el Secretario de Estado, Buchanan, inquirió del Gobierno de Méjico si estaba dispuesto a recibir a un enviado de los Estados Unidos, con plenos poderes para arreglar las cuestiones pendientes entre los dos gobiernos; y como se obtuviera una contestación favorable, se nombró para desempeñar ese encargo a John Slidell, quien partió inmediatamente para su destino. No se reducía la misión de Slidell a obtener que se fijara el río "Grande" como límite de las dos naciones; eran más extensas ahora las pretensiones de los Estados Unidos. Se debía gestionar la cesión de Nuevo Méjico y de la California, a cambio de recibir el Gobierno de Méjico una indemnización de $25,000.000, y a cambio, también, de que el Gobierno de los Estados Unidos renunciara al cobro de unas indemnizaciones pendientes. Un encargo más llevaba Slidell: debía realizar ciertas averiguaciones para saber cuál sería la actuación de las potencias europeas, caso de que se rompiesen las hostilidades.

Al presentarle Slidell sus credenciales al general Herrera, Presidente de Méjico, vióse que no era un comisionado especial para arreglar las diferencias entre los dos países, sino un funcionario de carácter permanente, un Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario; y como se estaba en la inteligencia de que aquél habría de ser su carácter, y no éste, dado que estaban rotas las relaciones entre los dos países, el Gobierno se negó a recibirlo; y encontrábase haciendo gestiones el diplomático norteamericano para ser admitido, cuando un movimiento revolucionario depuso a Herrera y elevó a la presidencia a Paredes. Negóse también el nuevo Presidente a recibir a Slidell, y perdida ya por éste toda esperanza de ser admitido, en 21 de marzo de 1846, regresó a los Estados Unidos.

Al enterarse el Presidente Polk de la ineficacia de la actuación diplomática, le dió órdenes a Taylor de que avanzara; y antes de que hubiera transcurrido el mes antes citado, las fuerzas al mando de este General se habían aproximado a la ciudad de Matamoros, emplazando tan cerca de la plaza sus baterías, que la dominaban perfectamente. Al mismo tiempo la escuadra bloqueaba la boca del río Grande, a fin de impedir que por esta vía recibieran recursos y alimentos los habitantes de dicha ciudad. De hecho los Estados Unidos iniciaban la guerra, y comprendiéndolo así el Presidente Paredes, en 23 de abril publicó un manifiesto declarando que frente a la actitud de la vecina República, Méjico no tenía otro camino que el de responder a la guerra con la guerra, y que ya había dispuesto que el General en Jefe de la división de la frontera del Norte hostilizara al enemigo.

El 24 de abril tiene lugar la primera escaramuza. Una fuerza mejicana se encontró con un destacamento de dragones americanos y le hizo 16 muertos. Este era el pretexto que el Gobierno de Polk necesitaba para romper las hostilidades de manera oficial. El día 9 de mayo llegó a Washington la noticia de dicho combate, y el día 11 el Presidente se dirigió al Congreso para que éste, reconociendo la existencia de un estado de guerra, proveyera lo conducente a facilitar al Ejecutivo hombres y recursos. Achacábase en ese documento la responsabilidad de la guerra al Gobierno de Méjico.

Después de reiteradas amenazas—se decía—Méjico ha roto nuestra frontera invadiendo el territorio de los Estados Unidos y derramando sangre americana en nuestro suelo; por otra parte, también ha declarado su gobierno que las hostilidades han comenzado y que las dos naciones se encuentran en guerra. Ante estos hechos, ocurridos a pesar de nuestros esfuerzos por evitarlos, nos exigen el deber y el patriotismo que reivindiquemos con toda energía el honor, los derechos y los intereses de nuestro país.

No nos extrañan las palabras de Polk. No recordamos que en ningún caso la nación agresora, en una guerra injusta, no haya tratado de eludir la responsabilidad de su conducta.

El propio día 11 la Cámara de Representantes declaró, sin que hubiera debate, que existía el estado de guerra, y además autorizó al Presidente para alistar 50,000 hombres y para disponer de un crédito hasta de $10,000.000. Sólo catorce representantes votaron en contra del "bill", figurando entre éstos John Quincy Adams. Al día siguiente fué aprobado en el Senado por cuarenta votos contra dos.

No pasó mucho tiempo antes de que el propio Presidente Polk se encargara de decir, de manera encubierta, pero indudable, que la guerra que se estaba haciendo era de conquista. En 8 de agosto del año que acabamos de citar, envió un Mensaje al Congreso: empezaba diciendo que lo que se ventilaba en la guerra era una cuestión de límites entre las dos Repúblicas, y que se le debía autorizar para disponer hasta de $2,000.000 a fin de pagarle a Méjico, en justa compensación, "cualquier concesión que tuviera que hacer"; y terminaba recordando que cuando el Gobierno estuvo en negociaciones para adquirir primero la Louisiana y después la Florida, se había autorizado al Presidente para disponer de determinadas sumas de dinero. ¿A qué otro cosa que a la compra de territorios mejicanos se podía aludir por el Presidente al hablar de retribuirle a Méjico "las concesiones que hiciera"?

El Congreso se dió cuenta de que el Presidente se había referido a la posibilidad de que se compraran territorios mejicanos. Lo prueba el hecho de que con motivo del "bill" que se presentó en la Cámara de Representantes, concediendo el crédito pedido, introdujo una enmienda el Representante David Wilmot, de Pensylvania, prohibiendo la esclavitud en "el territorio que se adquiriera de Méjico". El "bill", con la enmienda, fué aprobado en la Cámara, pero fracasó en el Senado; y tan necesario lo estimaba el Presidente, que en su Mensaje anual de 8 de diciembre volvió a insistir en que se le otorgara el crédito en cuestión.

Con motivo de esta petición se inició un debate en el Senado, que duró varios días, pudiéndose apreciar que el Norte y el Sur estaban más separados que nunca. La famosa enmienda de Wilmot prohibiendo la esclavitud "en los territorios que se adquirieran en Méjico", fué reproducida, combatiéndola el senador Colquitt, de Georgia, en un violento discurso. Daniel Webster, por su parte, pidió se declarase que los Estados Unidos no hacían la guerra para ensanchar sus linderos a costa de Méjico, y que sólo aspiraban a que esta nación se prestara a tener un arreglo sobre sus límites. John C. Calhoun presentó otra moción pidiendo se declarara que "la aprobación de cualquier ley que directa o indirectamente privase a los ciudadanos de cualquier estado de la Unión del derecho de emigrar con sus propiedades a cualquier territorio de los Estados Unidos, sería considerada como una violación de la Constitución". Thomas H. Benton combatió esta moción, y por cierto que al hacerlo no tuvo inconveniente en declarar que el principal responsable ante la historia, de la guerra, era Calhoun. Al fin, después de tanta discusión, se autorizó al Presidente para disponer de un crédito de $3,000.000.

Mientras estas cosas ocurrían en Washington, la campaña se desenvolvía en forma bien desdichada para Méjico. Los diversos ejércitos que invadieron el territorio mejicano no encontraron la resistencia que era de esperar se les hiciera. Debióse esto a que ni aun en situación tan angustiosa los partidos supieron darse una tregua en sus eternas rivalidades; el patriotismo no se pudo imponer al espíritu partidarista, y de ahí que la mayor parte de los Estados se mostraran "poco menos que indiferentes" ante el invasor, según nos dice el historiador Jerónimo Becker.

El ejército mandado por Taylor, después de derrotar a los mejicanos en Palo Alto y en Resaca de Guerrero, se apoderó de Matamoros y otra fuerza mandada por el general Scott puso sitio a Veracruz, logrando que la plaza capitulara, tras un tremendo bombardeo, en 27 de febrero de 1847. Otros lugares, como Nuevo Méjico y California, fueron ocupados sin resistencia.

Tantos contratiempos sirvieron de pretexto no para que el país reaccionase, sino para que un nuevo movimiento revolucionario arrojara de la presidencia a Paredes y colocara de nuevo en su lugar a Santa Anna. Este, poniéndose al frente de un ejército, trató de cortarle el paso al general Scott, que se dirigía sobre la capital; pero, derrotados los mejicanos en Cerro Gordo, Puebla y Churubusco, en 14 de septiembre, tras un corto armisticio, penetraron los invasores en aquélla.

En 22 de noviembre del año 1847, a que nos venimos refiriendo, los mejicanos pidieron la paz. Las dos naciones nombraron sus comisionados; se iniciaron las negociaciones en Guadalupe Hidalgo, y en 2 de febrero del año siguiente se firmó el tratado que lleva el nombre de esta ciudad.

Por este tratado se fijó como lindero entre los Estados Unidos y Méjico, el río Grande, por una parte; por otra, el Gila, afluente del Colorado, y últimamente la línea divisoria entre las dos Californias. En compensación, Méjico recibiría $15,000.000. De esta manera se anexaban los Estados Unidos todo el territorio de la Alta California y de Nuevo México, con una extensión superficial de 522,568 millas cuadradas. Dentro de esa área se formaron después los estados de California, Nevada y Utah y parte de Wyoming, Colorado, Arizona y Nuevo Méjico.

(F)
(1846) Oregon.

El tratado de Gante, celebrado a fines del mes de diciembre de 1814, puso fin a la guerra entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, iniciada en 18 de junio de 1812. Pero apenas suscrito ese Tratado, una nueva cuestión puso en pugna los intereses de las dos naciones: nos referimos a la discusión sobre el mejor derecho a ocupar el territorio de Oregon, limitado al Norte por el paralelo 54° 40', al Sur por California, al Este por las Montañas Rocallosas y al Oeste por el Océano Pacífico. Antes de que se originara esa discusión, habían visitado dicho territorio arriesgados exploradores españoles, ingleses, rusos y franceses, pero ninguna de las expediciones había realizado una verdadera ocupación. España, por su carácter de nación descubridora, parecía estar asistida de mejor derecho a poseer el Oregon, pero en realidad nunca le reconoció importancia a esa posesión. Con tales antecedentes, ¿cuáles podían ser los títulos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña para ejercer semejante dominación? Vamos a examinarlos.

Los títulos de los norteamericanos eran éstos: 1º El viaje de la "Columbia", embarcación mandada por el capitán Robert Gray, que con fines comerciales llegó en 1792 a las costas de Oregon, navegando y remontando después un caudaloso río, hasta entonces desconocido, que fué bautizado con el nombre de aquella embarcación; tomando además los expedicionarios posesión del país en nombre de los Estados Unidos. 2º El viaje de Meriwether Lewis y William Clark, enviados en 1803 por el presidente Jefferson—a quien no se ocultaba la necesidad de que la nación tuviera un frente al Océano Pacífico—y los que después de atravesar la cordillera de las Rocallosas llegaron hasta el nacimiento del río "Columbia", navegando éste hasta el Pacífico; suministrando a su regreso preciosos datos y antecedentes sobre el país. 3º La compra a Francia de la Louisiana; por estar comprendido Oregon en los términos de la cesión de dicho territorio, no obstante la aparente vaguedad de aquéllos. Y 4º El hecho de que la ciudad de Astoria, fundada y habitada por ciudadanos norteamericanos, y que había sido ocupada por los ingleses durante la guerra de 1812, hubiese sido devuelta a los Estados Unidos en cumplimiento de la cláusula del Tratado de Gante, según la cual las dos naciones se debían devolver las posesiones que respectivamente se hubiesen arrebatado.

Frente a esos títulos, invocaba la Gran Bretaña los diversos viajes de sus navegantes a Oregon, algunos anteriores al del capitán Gray; y, especialmente, los aprovechamientos que realizaba en dicha región la "Hudson Bay Company", empresa fundada desde 1670 y a la que el Gobierno Británico había otorgado el monopolio en el comercio de las pieles, desde Montreal hasta la isla de Vancouver.

En 1818, las dos naciones concertaron un modus vivendi. Por el tratado de este año, en que se fijó el paralelo 49 como límite al Este de las montañas Rocallosas, entre los Estados Unidos y el Canadá, se convino al mismo tiempo, con respecto al territorio de Oregon, que durante diez años habría de estar abierto a la colonización de los dos países, sin que esto alterase las respectivas posiciones de los reclamantes, esto es: los derechos de que creían estar asistidos al pretender el dominio de dicha región.

Al año siguiente de suscrito este Tratado, se concertó el de la Florida, a que antes nos hemos referido, y de sus términos hicieron derivar los norteamericanos un nuevo título a su pretensión. Por este Tratado, según se recordará, no sólo fué cedida la Florida a los Estados Unidos, sino que quedaron fijados de manera definitiva, según su artículo tercero, los límites entre la Louisiana y las posesiones españolas situadas al Oeste, quedando comprendido, como parte de ésta, el territorio que nos ocupa.

Había otra nación, que creía también tener derecho a explotar el territorio de Oregon: Rusia. En junio de 1799 el Emperador Pablo le otorgó a una Compañía formada por rusos el privilegio exclusivo de hacer el comercio en las islas Aleucianas y costas inmediatas, y como esta Compañía pretendiera, algunos años después, instalar un Establecimiento en la bahía de Bodega, situada al Norte del sitio en que hoy está emplazada la ciudad de San Francisco, en 22 de julio de 1823 el Secretario de Estado, John Quincy Adams, protestó por medio de una nota, diciendo que los Estados Unidos no habían de consentir nuevas colonizaciones en la América y la que se recordará fué uno de los antecedentes de la doctrina de Monroe. A consecuencia de esta protesta, en 17 de abril del año siguiente, se concertó en San Petersburgo un tratado entre los Estados Unidos y Rusia, por el cual este Imperio renunció a todo derecho y soberanía sobre los territorios situados al Sur del paralelo 54° 50' y a su vez por otro tratado suscrito entre Rusia y la Gran Bretaña, en 28 de febrero de 1825, la primera reiteró esa renuncia y obtuvo de la segunda que se le reconociera el derecho a una estrecha faja de territorio, a lo largo de la costa, desde el Océano Artico hasta el mencionado paralelo.

Quedaban pues en manos de los Estados Unidos y de la Gran Bretaña, los destinos de Oregon. La situación no llevaba trazas de variar, y en 6 de agosto de 1827 las dos naciones suscriben un tratado, prorrogando indefinidamente el concertado en 1818; pudiendo cualquiera de las dos partes darlo por terminado, mediante aviso a la otra con un año de anticipación. Permanecía pues el país abierto a la colonización de las dos naciones, sin restricciones de ninguna clase.

En la lucha entre las dos colonizaciones, indudablemente que la norteamericana habría de llevar y llevaba sobre la inglesa la mejor parte. Los ciudadanos de los Estados Unidos que se dirigían a Oregon, se iban a establecer, a fijar su residencia; con lo cual está visto que dicha región habría de llegar a ser el asiento de una comunidad de norteamericanos; mientras que por parte de los ingleses no había más actividad que la de la "Hudson Bay Company." Los ingleses iban pues de tránsito, a obtener del país los mayores rendimientos y a retirarse después. Eran "aves de paso", podríamos decir, recordando la frase de un insigne cubano, dicha en memorable ocasión.

Así y todo, por el año 1838, la "Hudson Bay Company" daba señales de una actividad tan absorbente, que el Senador Linn propuso en el Alto Cuerpo de que formaba parte que se pusiese término al tratado y que el Ejército de los Estados Unidos ocupara el país. Nada acordó el Senado; mostró la mayor indiferencia y en ella permaneció también cuando, en enero del año 1839, dió lectura Linn a un escrito que suscribían los norteamericanos residentes en Oregon, demandando el reconocimiento y la protección de los Estados Unidos y en el que decían que si éstos lograban establecer en dicho país un gobierno adecuado a la protección de vidas y haciendas, éste no tardaría en asombrar al mundo por sus riquezas, atrayendo un gran número de inmigrantes; pero que mientras esto no se hiciera, no pasaría de ser lo que era, "un refugio para los renegados de la civilización".

Indudablemente que para el gobierno no constituía motivo de preocupación la adquisición de Oregon. A los esfuerzos realizados por Linn en el Senado y a que nos acabamos de referir, siguieron otros en diciembre de 1839 y en enero de 1841, pero en estas ocasiones dicho congresista no fué más afortunado que en las anteriores. Al suscribirse el Tratado llamado de Aushburton, entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos, por el que se resolvió una cuestión de linderos entre el estado de Maine y las provincias inglesas adyacentes, así como otros asuntos de menor cuantía, con poco trabajo se hubiera podido dejar resuelta la cuestión de Oregon, pero ni siquiera se intentó el esfuerzo. Hay que tener en cuenta que en aquel entonces ocupaba la Secretaría de Estado Daniel Webster y que probablemente los mismos intereses que lo impulsaban a favorecer la anexión de los territorios situados al Sur de la línea del "compromiso de Missouri", le exigían que se opusiera a la adquisición de los que estaban situados al Norte de dicha línea.

El senador Linn volvió a las andadas. En diciembre del año 1842 propuso que la soberanía de los Estados Unidos se hiciera extensiva al territorio de Oregon. Esta vez fué más afortunado. En 3 de febrero de 1843, después de un debate en que intervinieron Benton, Choate y Calhoun, fué aprobada dicha resolución. No tuvo ésta la misma suerte en el otro Cuerpo colegislador. La Cámara, en 16 del propio mes, acordó rechazarla, de acuerdo con el informe que emitiera la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tres semanas después de haber rechazado la Cámara el citado proyecto de resolución, llegaba a Washington, procedente de Oregon, el Dr. Marcus Whitman, misionero norteamericano enviado a aquel país desde el año 1834 por la iglesia metodista y quien habiéndose enterado, cuando se negociaba el Tratado de Aushburton, de que se proyectaba cederlo a la Gran Bretaña, se decidió a ir a la capital de la República con ánimo de convencer a todos de que los Estados Unidos no debían abandonar sus derechos sobre tan rico país. El viaje del Dr. Whitman revela lo que puede una voluntad enérgica puesta al servicio de una causa. Había que salvar una distancia de cuatro mil millas, cruzando territorios inexplorados, habitados por indios, sin vías de comunicación y cuando comenzaba el invierno. Nada de eso lo detuvo: "sé que arriesgo la vida—decía al emprender su viaje—pero ésta vale bien poco al lado de lo que significa salvar este país para los Estados Unidos."

Cuando Whitman llegó a Washington, se enteró de que ya el Tratado se había firmado, pero que en éste no se resolvía nada acerca de Oregon. Dióse entonces a la tarea de impresionar los ánimos en favor del país, e indudablemente que consiguió su propósito. Celebró entrevistas con el Presidente y con algunos Secretarios y legisladores y a todos les arrancó la promesa de que Oregon no sería abandonado por los Estados Unidos en manos de Inglaterra. En el verano del mismo año, emprendió su viaje de retorno, llevando un crecido número de familias inmigrantes.

Al año siguiente, al iniciarse la campaña presidencial, los demócratas consignaron entre los puntos de su programa de gobierno la ocupación de Oregon, lo que demuestra que la visita de Whitman había producido una reacción en la opinión pública en favor de la adquisición de dicho territorio. Fué en esa misma campaña en la que, según se recordará, los demócratas ofrecieron al país la "reanexión de Tejas". Con respecto a sus propósitos sobre Oregon, se adoptó esta frase o estribillo, repetida en todos los actos de propaganda: "fifty-four forty or fight"; es decir, o se llegaba hasta el paralelo 54° 40', límite Norte de Oregon, o de lo contrario habría guerra.

Obtenido el triunfo por el Partido Demócrata, los miembros pertenecientes al mismo en la Cámara, queriendo hacer buenas las promesas hechas, en febrero de 1845 aprobaron un bill por el que se disponía que el gobierno ocupase a Oregon. Pero en este bill se proveía, además, que en el nuevo territorio se habría de prohibir la esclavitud, y como este extremo no agradase a la mayoría en el Senado, el proyecto "quedó sobre la mesa", en dicha alta Cámara, indefinidamente. Por su parte el Presidente Polk, candidato triunfante por dicho partido, una vez electo, no dió muestras de tener interés en que se activase el asunto de Oregon. Limitóse la Secretaría de Estado a continuar con calma las negociaciones iniciadas desde enero de 1844, entre dicho centro y Richard Pakenham, Enviado por el Gobierno de la Gran Bretaña con ese objeto. En estas negociaciones Inglaterra había exteriorizado su aspiración, que no era otra que la de llegar hasta la ribera Norte del río Columbia.

En 16 de abril de 1846 el Congreso, tras dilatadas discusiones, en que se mantuvieron puntos de vista muy diversos, aprobó una resolución conjunta, en cuyo preámbulo se decía que era necesario resolver de una vez la cuestión de Oregon, tanto porque a este país no le convenía el estado de incertidumbre en que se encontraba, sometido a dos jurisdicciones, lo que era causa de continuos conflictos, cuanto porque semejante situación era un obstáculo para la buena inteligencia entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Su parte dispositiva rezaba así:

Se resuelve por el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso, autorizar al Presidente de los Estados Unidos, para que cuando lo juzgue discreto, le haga saber al gobierno de la Gran Bretaña, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2º del tratado de 6 de agosto de 1827, que esta convención debe quedar sin efecto.

Como se ve, el Congreso echaba sobre los hombros del Presidente la responsabilidad del asunto, y comprendiendo Polk que estaba obligado a actuar de manera eficaz, decidióse a acelerar las negociaciones iniciadas.

Dos meses después enviaba al Senado un proyecto de tratado, resultado de las negociaciones con el Enviado de la Gran Bretaña, pero que aún no había sido suscrito y por el cual se fijaba el paralelo 49 como la línea divisoria entre las dos naciones. Esto rompía los precedentes. Los tratados siempre habían sido enviados al Senado para su ratificación, después de suscritos, pero nunca habían sido elevados en consulta antes de ser firmados. Esta nueva práctica obedecía, dice Willis Fletcher Johnson, a que estando Polk comprometido con el país a que el límite Norte del tan discutido territorio habría de llegar hasta el paralelo 54° 40' y no hasta el 49°, lo que reducía el área a que creían tener derecho los Estados Unidos, no quería asumir, por sí solo, la responsabilidad de su traición. Con efecto, Polk no ya en la campaña política que lo llevó a la presidencia, sino en su discurso de cuatro de marzo de 1845, al inaugurar ésta, había dicho: "nuestro título a todo el territorio de Oregon es claro e indiscutible."

Poco esfuerzo costó, sin embargo, que el Senado mostrase su conformidad con el Tratado. A los demócratas, que eran amigos del Presidente, decididos a aprobarlo, sumáronse los whigs.

Realmente la opinión del país no era unánime en este asunto. Si había quienes creían que los Estados Unidos debían ocupar todo el territorio de Oregon, había también quienes opinaban que esa ocupación debía llegar solamente hasta el paralelo 49° y hasta había quienes pensaban que los Estados Unidos debían renunciar a todo derecho en dicho territorio. Si no era, pues, unánime la opinión del país y si la fijación del paralelo 49º equivalía a transigir el asunto asignándole una parte del territorio a los Estados Unidos y otra a la Gran Bretaña, se explica que el Senado, deseoso ya de solucionar este asunto, mostrase su conformidad con el Tratado. Tal acuerdo se adoptó en 18 de junio, y el 17 del mes siguiente se canjeaban las ratificaciones en Londres.

En el área del territorio adquirido por los Estados Unidos en esta forma y compuesta de 288.859 millas cuadradas, erigiéronse después los Estados de Oregon, Washington e Idaho y parte de los de Montana y Wyoming.

(G)
(1854) (El valle de Mesilla).

Poco después de suscrito el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, a que antes nos hemos referido, surgieron de nuevo algunas dificultades entre el gobierno de los Estados Unidos y el de Méjico, originadas por cierta incertidumbre acerca de cuál era la verdadera línea divisoria entre el Estado de Chihuahua y el territorio de Nuevo Méjico. Tratábase de determinar a cuál de las dos naciones pertenecía un área de 45.535 millas cuadradas dentro de la cual estaba situado el Valle de Mesilla, famoso por la feracidad de sus tierras y por sus ricas minas de plata.

En 1851, puestos de acuerdo los dos gobiernos, designan una comisión formada por miembros de una y otra parte, que trasladándose al territorio objeto de la disputa, debía estudiar el asunto y emitir dictamen; pero el trabajo de esta comisión resultó estéril. En el seno de los mismos comisionados norteamericanos ocurrieron desavenencias, se mantuvieron puntos de vista diversos, y el resultado fué que dicha comisión dió por terminados sus trabajos, sin que los mismos hubieran dado resultado.

No se detuvo el gobierno de Washington ante esta dificultad. Apenas ocupó Pierce la presidencia, el año de 1853, nombró a James Gadsden Ministro en Méjico y le dió instrucciones para solucionar el asunto de la diferencia de linderos. Apenas se inició Gadsden en el desempeño de sus funciones, dedicóse con ahinco a gestionar la solución de la cuestión pendiente y al fin culminaron sus esfuerzos en un tratado que suscribió con el gobierno mejicano, en trece de diciembre de dicho año. A tenor de esta convención, el territorio objeto de la disputa pasaba al dominio de los Estados Unidos, recibiendo Méjico en compensación la cantidad de $20,000.000.00. En 10 de febrero de 1854, el Presidente envió dicho tratado al Senado con la recomendación de que fuera aprobado siempre que se introdujeran en el mismo algunas modificaciones, entre otras, la de reducir a $15,000.000.00 el importe de la indemnización que se debía pagar.

En 25 de abril el Senado aprobó el Tratado, reduciéndose el importe de la indemnización a $10,000.000.00 y aceptada esta modificación por el Gobierno de Méjico, quedó realizada la adquisición del nuevo territorio; que después, por acta del Congreso de 4 de agosto del propio año, fué incorporado al territorio de Nuevo Méjico.

II
LA ADQUISICION DE TERRITORIOS DISTANTES

(A)
(1867) Alaska.

En 15 de julio de 1741 el navegante ruso Capitán Fschirikow descubrió las tierras del Alaska, las que desde entonces, por razón de dicho descubrimiento, quedaron agregadas a la corona de los Czares. A fines del siglo XVIII radicaban en Alaska unas sesenta compañías rusas dedicadas al comercio de pieles, que se refundieron en 1799 en una sola: la "Compañía Ruso-Americana", que, política y comercialmente, llegó a ser muy poderosa. Era la que ejercía las funciones de gobierno en dicho territorio; incluso nombraba a los jueces; y en su afán de dominación pretendía que las posesiones de Rusia se extendieran hacia el Sur, ocupando, según vimos en el capítulo precedente, todo el Oregon y que el Océano Pacífico, en su parte septentrional, fuera un mar cerrado al comercio de otras naciones.

Así las cosas, en septiembre del año 1821 el Czar lanza su famoso úkase declarando que el dominio de Rusia se extendía por toda la costa del Pacífico, hacia el norte del paralelo 51°, y prohibiendo a los extranjeros que comerciaran en aquella región y fué, esta disposición, la que motivó la célebre nota de Adams, de julio de 1823, negándole a Rusia el derecho de fundar nuevos establecimientos en este continente, y la que constituye el antecedente de una de las dos declaraciones que encierra la doctrina consignada por el Presidente Monroe en su Mensaje de 2 de diciembre de ese año.

Ante la resuelta actitud de los Estados Unidos, el Gobierno de Rusia se apresuró a suscribir el tratado de 17 de abril de 1824, a que nos referimos en el capítulo precedente. Por este tratado se reconocía la dominación de los Estados Unidos sobre los territorios situados al Sur del paralelo 54° 40', así como el derecho de navegar libremente por aquellos mares.

Con la libertad de navegación, reconocida a los Estados Unidos, cesó el monopolio que ejercía la "Compañía Ruso-Americana", cuyos negocios habían venido a menos hacía años, desde que sus directores convirtieron a Silka, población de la Alaska en que radicaba el centro de las operaciones de aquélla, en una pequeña corte que competía en esplendor y derroche con la de San Petersburgo. Al decaer la "Compañía Ruso-Americana", tuvo que decaer también la importancia de los intereses rusos en dicha región. Nada ocurrió, sin embargo, por el momento. Pero algunos años después habría de acaecer otro hecho que hizo nacer en el Gobierno de San Petersburgo el propósito de abandonar la Alaska. Ese suceso no fué otro que el Tratado de 1846, por el cual la Gran Bretaña y los Estados Unidos se dividieron el territorio de Oregon. Pudo convenirle a Rusia mantener aquella posición mientras fué la única gran potencia que dominó en el Pacífico, pero desde el momento que la Gran Bretaña, por razón de su nueva posesión, estaba en condiciones de discutirle ese predominio, conveníale, más que ir a mantener esa disputa, reforzarse en sus posiciones del Asia.

A Rusia le convenía, pues, deshacerse de la Alaska, y no había mejor comprador que los Estados Unidos; por la posición de éstos y porque de acuerdo con la doctrina de Monroe, no habrían de tolerar que dicho territorio fuese enagenado en favor de otra potencia europea.

En 1854, durante la guerra de Crimea, necesitando dinero el Gobierno de Rusia, le propuso al de los Estados Unidos, por medio de su Ministro acreditado en Washington, la venta de la Alaska; pero la propuesta no encontró un ambiente preparado y ni siquiera fué tomada en consideración. Cuatro años más tarde algunas personas influyentes del Gobierno de los Estados Unidos hacen saber al Ministro ruso que dicho gobierno pagaría hasta $5,000.000 por la Alaska y éste contesta, después de consultar con el gobierno imperial, que dicha suma resultaba muy pequeña. Y no se mueve más el asunto, hasta que en enero de 1866, durante la presidencia de Johnson, la legislatura del territorio de Washington acuerda pedir a los poderes nacionales que gestionen la adquisición del territorio que nos ocupa, como conveniente y necesario a la nación. Esta idea fué recogida en las esferas del Gobierno por William Henry Seward, que desempeñaba la Secretaría de Estado, y de cuyas ideas favorables a la expansión territorial de la Nación tenemos muchos ejemplos.

Inició Seward las gestiones con el barón de Stoeckl, y tras pocos esfuerzos redactaron ambos el tratado por el cual los Estados Unidos compraron en precio de $7,200.000.00 el territorio que durante 126 años había pertenecido a la corona de los Czares y que ocupa un área de quinientas setenta y siete mil trescientas noventa millas cuadradas. En 9 de abril de 1867 el Senado aprobó el Tratado y en 20 de junio fueron canjeadas las ratificaciones en Washington.

Este Tratado encierra una novedad con respecto a los anteriores, es decir, aquellos por los cuales los Estados Unidos realizaron las adquisiciones territoriales de que precedentemente nos hemos ocupado, y es, la de que no le ofrecieron a la parte vendedora que el territorio enagenado en ninguna oportunidad habría de ser admitido en la Unión. No se ha previsto la posibilidad de que algún día la Constitución sea aplicada a Alaska: parece que su destino es el de ser siempre una colonia. Hasta 1844 estuvo gobernada como un Distrito militar, y a partir de este año se estableció un gobierno civil nombrado por el Presidente, pero sin la representación popular concedida siempre por la Unión a sus territorios. No tiene, pues, esta región, para los Estados Unidos, otro carácter que el de una mera dependencia.

(B)
(1898) Haway.

En la Polinesia, en pleno Océano Pacífico podríamos decir, encuéntrase el grupo de islas Sandwich, aisladas de todo sistema continental o insular. Más próximas a la América que al Asia, distan sin embargo de San Francisco de California unas 2.100 millas. Ocho de ellas son habitables y tienen un área de 6.800 millas cuadradas, de la que corresponde las dos terceras partes a Haway, que es la más importante de todas y con cuyo nombre generalmente se conoce el grupo. Descubriólas en 1535 el piloto Juan Gaetano, italiano de nacimiento, puesto al servicio del Rey de España, pero ni dicho navegante ni el explorador Cook, que las visitó en 1778, tomaron de ellas posesión. En 1784 desembarcó Vancouver, pretendiendo ocuparla para la Corona Británica, pero ésta no se dió por enterada de semejante ocupación y los nativos continuaron, como hasta entonces, sometidos al reyezuelo que los gobernaba.

Al estudiar la forma en que surgieron en las Islas Sandwich los intereses norteamericanos, otra vez nos encontramos con que es la iniciativa individual, la actividad privada, el factor primordial a que se hace forzoso acudir. Con efecto: apenas suscrito con la Gran Bretaña el Tratado de 1783, que puso término a la guerra de independencia, iniciaron los comerciantes de Boston el tráfico de mercancías con China. En 1784 llegó a Cantón el primer barco; dos años después llegaban cinco, y al siguiente nada menos que quince. Iban los barcos cargados de pieles y regresaban con te, sedas y otros productos chinos. Varias causas, de diversa índole, contribuían a dar importancia a este comercio, y de ellas era la más importante la de que por estar empeñadas por aquel entonces las naciones de Europa en las guerras que duraron desde fines del siglo XVIII hasta principios del siguiente, no pudieron dedicar sus actividades a las empresas mercantiles.

Los navegantes norteamericanos, desde que se iniciaron los primeros viajes, deteníanse en Haway, que les quedaba en la ruta, y donde había elementos para reparar las averías y para aprovisionarse. Añádase a esto que los nativos, que fueron siempre de superior condición a los de las otras islas del Pacífico, acogían hospitalariamente a los viajeros, y se comprenderá fácilmente que Haway, por estas y otras razones, había de resultar una "estación" de inmejorables condiciones.

Pero no pasó mucho tiempo antes de que Haway fuese para los norteamericanos algo más que una simple estación para el avituallamiento de los barcos, para secar las pieles que habían de ser vendidas en Oriente, o para resguardarse de las tempestades en los meses de invierno. Muy pronto llegó a ser el centro de una importante actividad comercial. Descubriéronse en las islas espléndidos bosques de sándalo, y los norteamericanos se dedicaron a extraer dicha madera en grandes cantidades, que vendían a precios muy remuneradores. La pesca de la ballena en el Pacífico llegó a constituir también un negocio muy lucrativo; y Haway, como lugar de depósito, resultaba de excepcional interés. Júzguese cuál no sería su auge que en una ocasión, en 1822, se llegaron a contar en Honolulu hasta veintidós barcos pescadores de dichos cetáceos.

Pero al mismo tiempo que los intereses comerciales de los norteamericanos en el Archipiélago iban tomando cada vez mayor incremento, los hijos de la poderosa República dejaban sentir su influencia bajo otros aspectos. A los ciudadanos que iban en busca de negocios, de ganancias, siguió un buen golpe de misioneros protestantes, guiados por el deseo de convertir a los nativos al cristianismo, logrando su empeño gracias a las buenas relaciones que se mantuvieron entre indígenas y americanos desde que llegaron los primeros de éstos, a fines del siglo XVIII.

Vióse en todo el influjo de la mano civilizadora de los norteamericanos: en las escuelas que se levantaron, los caminos que se trazaron, la forma de cultivar la tierra y sobre todo en la adopción de leyes y de un sistema constitucional de gobierno. No tardaron en establecerse relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Haway. En 1820 se envió un Cónsul al Archipiélago, y en 1828 se celebró entre los dos países un Tratado de "comercio, amistad y navegación", que aunque no llegó a ser ratificado por el Senado de los Estados Unidos, el Gobierno de Haway, le concedió una completa eficacia. Al año siguiente, por último, dicho gobierno recibió un Mensaje del Presidente de los Estados Unidos, reconociendo con toda formalidad la independencia de Haway.

No tardó la codicia de las naciones europeas en fijarse en Haway. En 1836 la Gran Bretaña obtiene casi a viva fuerza, enfilando sobre Honolulu los cañones de sus barcos de guerra, la celebración de un tratado análogo al que fué estipulado con los Estados Unidos, y en 1839 Francia obtiene otro, recurriendo a iguales medios, y como se susurrara que no habían de quedar en eso dichas ambiciones, al menos las de Inglaterra, en marzo de 1842, Legare, Secretario de Estado, le dirigió una carta a Everet, Ministro de los Estados Unidos ante el gobierno de Londres—y que no fué otra cosa que la aplicación de la doctrina de Monroe a un territorio no americano—significándole le hiciera saber a dicho gobierno que aquella nación no habría de consentir que Haway cayera en manos de una potencia europea y que si para evitarlo era necesario acudir a la fuerza, a ella se apelaría.

Diéronse cuenta los habitantes de Haway de que ante el peligro de las amenazas europeas y para preservar la independencia, no había más camino que el de estrechar las relaciones de las islas con los Estados Unidos, y, convencidos de ello, pusieron sus empeños al logro de ese propósito. A fines del propio año de 1842, el Gobierno de Haway envió al de Washington dos comisionados, Timoteo Haalillo, indígena, y William Richards, sacerdote de origen norteamericano, que debían recabar de este gobierno el compromiso de que gestionase de los europeos un reconocimiento tan formal y eficaz que pusiera a salvo al país de futuros temores y acechanzas. Dichos comisionados iniciaron sus gestiones en la Secretaría de Estado, y en verdad que su resultado no pudo ser más satisfactorio. En el mes de diciembre del referido año de 1842, obtuvieron de Daniel Webster, que desempeñaba aquel Departamento, la siguiente declaración, que colmaba sus deseos:

Los Estados Unidos consideran que el Gobierno que rige las islas Sandwich ha emanado del pueblo, y en tal virtud entiende el Presidente que está en el interés de todas las naciones que sostienen relaciones comerciales con dichas islas que ese gobierno, lejos de ser amenazado, sea respetado en el exterior. Es sabido que la mayoría de los barcos que visitan las islas pertenecen a los Estados Unidos, lo que indica que esta nación ha de estar más interesada en el destino de las islas que ninguna otra. Por este motivo el Presidente no tiene inconveniente en declarar, interpretando los sentimientos del gobierno, que el de las islas Sandwich debe ser respetado; que ninguna nación puede tomar posesión de dichas islas para fines de conquista o de colonización, ni podrá tampoco controlar dicho gobierno para recabar ventajas comerciales ni para ningún otro propósito.

Estos principios fueron ratificados por el Presidente Tyler en su Mensaje al Congreso de 30 de diciembre del tan citado año. El párrafo más importante de dicho mensaje decía así:

A pesar de las estrechas relaciones que los Estados Unidos mantienen con dichas islas, no es el propósito de nuestro gobierno recabar ninguna ventaja de nuestra posición; nos basta con que el gobierno de Haway mantenga, mediante su independencia, su seguridad y prosperidad; y si alguna nación pretendiera atentar contra dicha independencia, la importancia de aquellas relaciones sería suficiente para justificar que nos colocáramos frente a semejante actitud.

No obstante el tono claro y terminante de estas declaraciones, la Gran Bretaña y Francia pretendieron desconocerlas; pero apenas puesta en evidencia esa disposición o esa actitud, el Gobierno de los Estados Unidos supo y pudo exigir que la política que había enunciado con respecto a las islas Sandwich fuera respetada. En febrero de 1843 se presentó en la bahía de Honolulu un barco de guerra inglés, enviándole su comandante Lord George Paulet, al Rey, un despacho en que formulaba una serie de reclamaciones por supuestos daños y ofensas inferidas a súbditos de Su Majestad Británica, bajo la amenaza de que si dichas reclamaciones no eran satisfechas dentro de veinticuatro horas, habría de bombardear la población. Pareciéronle al rey de Haway muy exageradas las reclamaciones, y como por otra parte pensó que no le convenía entrar en negociaciones con quienes en forma tan violenta se producían, adoptó el partido de poner el gobierno en manos de los reclamantes. Apenas dada a conocer al Comandante del crucero inglés la actitud del Rey, exigióle aquél la entrega del gobierno, izándose en los edificios públicos la bandera inglesa.

Acto seguido el Rey apeló al Gobierno de Washington; la Secretaría de Estado protestó, por medio de su ministro en Londres, invocando las declaraciones a que precedentemente nos hemos referido, de las que constaba la actitud de los Estados Unidos con respecto a Haway, y el gobierno británico resolvió desautorizar la conducta de Lord George Paulet y que se devolviera a los nativos su independencia.

Hubo más: no sólo en abril del propio año reconoció la Gran Bretaña con toda formalidad la independencia de las islas, sino que temerosa de que Francia abrigara algún propósito con respecto a las mismas, en noviembre, por iniciativa suya, puestos de acuerdo los dos gobiernos, se comprometieron a respetar dicha independencia y a no ocupar las islas en ningún caso, ni como protectorado ni en ninguna otra forma.

No tardó el Gobierno de Francia en olvidarse de ese compromiso. En 1849, so pretexto de que el Gobierno de Haway había violado un tratado de comercio que con el mismo tenía celebrado, comenzó a realizar determinados actos que constituían verdaderos atentados contra la soberanía de las islas. Unas veces se ocupaba un edificio público; otras se desembarcaban fuerzas y ya cansado el gobierno de Haway, en 1851, previo acuerdo de las dos Cámaras, apeló al de los Estados Unidos, poniendo todos sus derechos de Estado soberano bajo la protección de éstos y confiándoles, al propio tiempo, la solución de las cuestiones pendientes con Francia. No fué necesario llegar a esto. Daniel Webster, que desempeñaba de nuevo la Secretaría de Estado, inició ciertas gestiones con el gobierno de Luis Napoleón y por consecuencia de las mismas éste retiró sus demandas e hizo protestas de que habría de respetar la soberanía de las islas.

Con motivo de estos sucesos hubo de declarar una vez más el Gobierno de Washington, por boca de John M. Clayton—que durante la ocurrencia de los mismos desempeñó también la Secretaría de Estado—que aquél no habría de consentir que las islas Sandwich pasaran a manos de una potencia europea; sin que esto quisiera decir que los Estados Unidos tuvieran el propósito de controlarlas, pues sólo aspiraban a que mantuvieran su independencia.

Pocos años después cambiaba radicalmente la actitud del gobierno de los Estados Unidos con respecto a la soberanía de Haway. Hasta ahora lo hemos visto decidido a que las islas mantengan su independencia, pero a fines del año 1853 William L. Marcy, Secretario de Estado, dirige una carta al Ministro en París reveladora de que el gobierno acariciaba el proyecto de anexarlas a la República.

Parece cosa indudable, decía, que las islas han de caer definitivamente bajo el control de los Estados Unidos, y a eso de seguro que no se habrán de oponer la Gran Bretaña ni Francia, siempre que tal cosa ocurra por medios justos.

Obedecía semejante cambio en la actitud del Gobierno de Washington a que con posterioridad a la adquisición de California se había iniciado un intenso comercio entre San Francisco y el Asia, y con tal motivo para los Estados Unidos ofrecía más interés que nunca la posesión de Honolulu, por la necesidad de dar garantías a aquel comercio y por el peligro de que las islas fueran ocupadas por la Gran Bretaña o por Francia.

Contaba Marcy, para realizar su proyecto de anexión, con algo más que con el estímulo de los intereses americanos vinculados en Haway: contaba con la cooperación del gobierno de las islas. Con efecto, a principios del año 1854, el Rey de éstas y el Representante de los Estados Unidos concertaron la anexión por medio de un tratado. Pero contenía éste una cláusula que fué causa de que el Presidente se decidiera a abandonarlo, a no presentarlo al Senado, ante la seguridad de que este cuerpo lo habría de rechazar: la relativa a que Haway ingresaría en la Unión como un Estado. Por muy grande que fuera el interés de los Estados Unidos en adquirirlo, ese interés no era suficiente para establecer el precedente de que un territorio, que no era continental y que estaba poblado por otra raza, ingresase como un Estado.

Algunos años después, al terminar la guerra de secesión, decayó el comercio americano en el Pacífico, y en consecuencia decayó también el interés de Haway para los Estados Unidos. Obedeció esto a varias causas. En primer lugar, porque ante el temor a los buques de guerra de los confederados, casi todos los mercantes de bandera americana se habían ausentado de aquellos mares, y después, porque la pesca de la ballena había decaído notablemente, en parte debido a que el número de estos cetáceos había disminuído y en parte a que su aceite fué sustituído, para muchos usos, por el aceite mineral. Todo esto fué causa de que los norteamericanos, que estaban interesados en negocios en Haway, demandaran protección. Particularmente la industria azucarera necesitaba que se le ofrecieran algunas ventajas, y como ninguna resultaba más adecuada que la que podía reportar el tratado de reciprocidad, el gobierno de Washington, atento a esos clamores, en mayo de 1867 hubo de concertar semejante tratado, a la sazón en que Johnson ocupada la Presidencia y Seward la Secretaría de Estado. La legislatura de Haway inmediatamente lo ratificó, pero no le cupo la misma suerte en el Senado de los Estados Unidos, que hubo de rechazarlo debido, más que nada, al espíritu de oposición de que estaba animado a cuanto emanara del Presidente Johnson.

No desmayaron los defensores de aquellos intereses. El proyecto de anexión parecía abandonado, pero el deseo de concertar un tratado de reciprocidad que mejorase las condiciones económicas de las islas era cada vez más sentido. Al fin, en 1876, se concertó dicho tratado y, por consecuencia del mismo, la exportación de azúcar a San Francisco tomó un incremento muy grande.

En 1881, el gobierno de la Gran Bretaña pretendió celebrar un tratado análogo con el gobierno de Haway, pero los Estados Unidos se opusieron. El ilustre James G. Blaine, que desempeñaba en aquel entonces la Secretaría de Estado, se opuso franca y abiertamente al concierto de ese tratado. A su juicio, el tratamiento que le daba Haway a los Estados Unidos, de ser "la nación más favorecida", no se podía aplicar al mismo tiempo a otro país. E hizo más dicho funcionario: aprovechó la ocasión para declarar no solamente que los Estados Unidos, en ningún caso, permitirían que dichas islas pasaran al dominio de una potencia europea, sino que por no formar parte del "sistema asiático", en el caso de que obtuvieran la independencia, se asimilarían al "sistema americano", por exigirlo así las leyes naturales y las necesidades de la política.

En 1887 el gobierno de Haway alquiló la Bahía Perla, para una estación, a los Estados Unidos. Resultaba dicho lugar un punto estratégico excelente para una base de operaciones. Comprendió el Gobierno de Washington que era necesario dar ese paso, no sólo porque había que brindar garantías a los capitales norteamericanos invertidos en las islas, sino para ganar consideración e importancia, para infundir respeto al Gobierno Británico, que habría de temer, en caso de una guerra, los perjuicios que a su comercio podía causarle la armada de los Estados Unidos. Fué por esto, sin duda, por lo que la Gran Bretaña protestó de la cesión; pero semejante protesta no fué tomada en consideración.

Pocos años después se iniciaron en las islas los acontecimientos que habían de dar al traste con su independencia.

El año 1891, por muerte de la reina Kalakaua, ocupó el trono su hermana Liliuokalani, la que apenas inició su gobierno reveló estar poseída de instintos reaccionarios y tiránicos. El sistema liberal de Gobierno la estorbaba y como no quería que se le opusiera inconveniente a cuanto se le antojaba, no tardó en verse en conflicto con las Cámaras. Quería derogar la Constitución vigente y promulgar otra en su lugar, dentro de la cual cuadraban mejor sus medidas arbitrarias y en la que no se reconociera más autoridad que la suya, y como entendiera que no podía dar este paso sin contar con la voluntad del Congreso, para ganárselo trató de corromperlo, repartiendo entre sus miembros los productos de una lotería que estableció, al estilo de la de Louisiana, y los del monopolio del opio, que también implantó. A principios del año 1893 dió la reina el golpe de estado, derogando por medio de un Decreto la Constitución vigente y promulgando en su lugar otra redactada a su antojo, en la que de hecho quedaba suprimido el gobierno representativo y en la que los blancos quedaban privados de los beneficios de la ciudadanía, excepto aquellos que se casasen con las indígenas.

Apenas dado el golpe de estado, el elemento blanco y numerosos ciudadanos nativos de las islas se aprestaron a combatir el nuevo régimen, iniciando en todo el país un movimiento de protesta tan vigoroso, que la reina, temerosa de la suerte que le pudiera caber, se rodeó de numerosas fuerzas del ejército. Entre una y otros, entre la reina y los protestantes, decidióse el país por estos últimos, y como aquélla se diera cuenta de toda la gravedad de la situación, abandonó el poder antes de que los sucesos, tomando para ella un sesgo más desagradable, hicieran peligrar su vida. En lugar de la autoridad monárquica, hízose cargo del gobierno, con carácter provisional, un Comité que se denominó de salvación pública. La rapidez con que actuó este Comité y la eficacia de las medidas que adoptó, no fueron suficientes para impedir que los elementos refractarios al orden, ávidos siempre de saciar sus malsanos apetitos, hicieran de las suyas, dedicándose, principalmente, al saqueo de la propiedad privada. Para conjurar el conflicto, el Comité apeló al Ministro de los Estados Unidos, pidiéndole que dispusiera el desembarco de la marinería del crucero "Boston" que acababa de arribar a Honolulu. El Ministro atendió la solicitud y como desembarcaron varios pelotones, no tardó en restablecerse la normalidad. A esta medida siguió otra de mayor trascendencia: la deposición de la reina, por ser incompatible su gobierno con la existencia de las libertades públicas. Casi al mismo tiempo el ejército se sometió al Gobierno Provisional, acto que vino a consagrar y a afianzar la autoridad de éste, y por su parte los representantes de todas las Naciones extranjeras acreditados en Haway no tardaron también en reconocer la nueva situación.

No sin protesta resignó la reina su autoridad. Apenas abandonó el poder redactó una proclama en la que hizo constar que de no ser por la cooperación que brindó el Ministro de los Estados Unidos a los elementos que la combatían, cooperación que se tradujo en el desembarco de las fuerzas del crucero "Boston", probablemente no hubiera perdido su trono. Al propio tiempo designó la reina una Comisión que se había de dirigir a Washington para protestar contra lo que se había hecho y a pedir que se la restableciera en su trono, mediante la protección del Gobierno de los Estados Unidos.

Mientras tanto el Gobierno provisional inclinaba la suerte de las islas del lado de los Estados Unidos. Primero pidió al Ministro Stevens que proclamara el protectorado de su nación sobre las islas, y dicho funcionario no sólo lo hizo así, sino que sustituyó la bandera de Haway por la de los Estados Unidos. Después designó dicho gobierno una Comisión que debía negociar en Washington la celebración de un tratado de anexión. Integraban dicha Comisión, Lorrin A. Thurston, W. C. Wilder, William R. Castle, Charles L. Carter y Joseph Marsden, todos nacidos en Haway pero de origen norteamericano. El día tres de febrero del año 1893 llegaron a Washington los comisionados. Dentro de breves días debía cesar en su cargo el Presidente Harrison. En aquella fecha, Grover Cleveland, que cuatro años antes había abandonado el propio cargo, ya estaba elegido. Se iba a efectuar algo más que un cambio de personas: iba a ocurrir un cambio de política: Harrison era republicano y su ilustre sucesor pertenecía al Partido Demócrata.

Harrison era partidario de la anexión, y a instancias suyas, por haber dispuesto que se activase la negociación del Tratado, dentro de breves días quedó éste suscrito. El día quince del propio mes en que arribaron a Washington los comisionados, envió el Presidente el Tratado al Senado para su ratificación. He aquí los términos en que defendía la solución anexionista.

Nuestra administración ha hecho algo más que respetar la existencia del Gobierno independiente en las islas Haway: ha favorecido esa independencia; pero es claro que ese respeto sólo debe mantenerse en tanto que dicho gobierno sea capaz de proteger las vidas y haciendas y en tanto en cuanto no dé lugar a la ocupación de las islas por un poder extraño. Se había podido observar, en nuestras amistosas relaciones diplomáticas con Haway y en nuestra cortesía para con sus gobernantes, que a éstos les habíamos brindado siempre nuestro apoyo moral. No hemos sido nosotros los culpables de la caída de la monarquía; la única responsable ha sido la reina Liliuokalani por su política reaccionaria al par que revolucionaria, que ha puesto en peligro los intereses de los Estados Unidos y los de todos los extranjeros en las islas, haciendo imposible la paz de éstas, e impidiendo al propio tiempo la posibilidad de que se mantenga una administración civil que sea decente. Era imposible que se mantuviera la monarquía en esas condiciones; el gobierno de la reina resultaba muy débil, aparte de que sólo la rodeaban personas desacreditadas y sin escrúpulos. La restauración de la reina no es deseable; resulta imposible, y si tal restauración se obtuviera—que sólo se podría conseguir merced a la acción de los Estados Unidos—la misma sería seguida de desastres incontables, de la desorganización de todos los negocios. La influencia e intereses de los Estados Unidos en las islas, debemos tratar de que vayan en aumento, no de que disminuyan.

Estamos hoy frente a dos caminos: el protectorado de los Estados Unidos o una anexión total y completa. Esta última solución es la que se ha adoptado en el tratado, y es, sin duda alguna, la que ha de promover mejor los intereses del pueblo de Haway y la que ha de brindar mejores garantías a los de los Estados Unidos. Estos intereses hoy no están seguros: necesitan la garantía de que las islas no serán ocupadas en el futuro por ninguna otra gran potencia. Nuestros derechos resultan tan indiscutibles, tan clara resulta nuestra posición, que ningún gobierno ha protestado contra la anexión. Todos los representantes extranjeros acreditados en Honolulu, han reconocido al gobierno provisional y es unánime la opinión de que la reina no debe ser restaurada.

Nada pudo hacer el Senado en aquella legislatura. Otros asuntos, tan importantes como éste, entretenían su atención y fué así que en 4 de marzo, al ocupar la presidencia Grover Cleveland, aquel alto cuerpo aún no había sometido el tratado a discusión.

Uno de los primeros actos realizados por Cleveland al inaugurar su gobierno fué el de pedir al Senado que le devolviese dicho tratado, "con el propósito de reexaminarlo". Esa petición fué correspondida. Deseaba el Presidente examinar detalladamente todos los antecedentes relacionados con los sucesos acaecidos en Haway, pues era su propósito que las cosas volvieran al estado que tenían cuando fué destronada la reina, si se comprobaba el cargo, hecho por ésta, de que su deposición había sido el resultado de las maquinaciones ilegítimas del representante de los Estados Unidos en las islas. Había, pues, a juicio de Cleveland, que investigar la verdad de lo que había ocurrido y para emprender ese trabajo designó a James H. Blount, prominente personalidad, que había sido Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, y quien para llenar su misión debía trasladarse a Haway en concepto de representante personal del Presidente. Fué esta la primera vez que se hacía semejante nombramiento. Después, en otras ocasiones ha sido hecho, cuando el Presidente ha tenido necesidad de realizar ciertas gestiones en otro país. Dicho nombramiento no fué sometido al Senado. Blount iba dotado de plenas facultades, en todo lo que se refiriese a las relaciones de los Estados Unidos con las islas.