§ III

Que fuí mal español después de entregada Manila.

(IMPUTACIONES 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y 12.)

Esos periódicos que tanto habían ponderado mi españolismo y el de las Ordenes religiosas en diferentes ocasiones, pero muy especialmente desde que estalló la insurrección filipina hasta la época que nos ocupa, como puede comprobarse leyendo sus colecciones de ese período de tiempo; ahora, no sé por qué maravillosa metamórfosis, se convierten en nuestros implacables acusadores, pretendiendo que el mismo tribunal de la opinión pública, que antes nos había preconizado como eximios españoles, nos condene hoy como reos de lesa Patria. Ellos se lo dicen todo: que el Arzobispo de Manila fué un gran patriota, y que el Arzobispo de Manila fué un mal español; que las Ordenes religiosas eran, por su celo y abnegación, el firme sostén de la soberanía española en Oriente, y que las Ordenes religiosas allí todo lo subordinaron á sus intereses egoistas. ¡Válgame Dios! y ¡qué voluble se muestra esa prensa, órgano soi-dissant de la tan traída y llevada opinión pública!

Porque es de todo punto una novela que yo saliera á recibir al ejército yanqui victorioso; que negara ante el nuevo dominador mi nacionalidad española, cuanto más que negociase la americana; que cobrara de los americanos sueldo ni obvención de ningún género; que tratara de arrojar á nuestros soldados del único alojamiento que tenían en las iglesias y los conventos; que visitara diariamente á los Jefes americanos, ni que hiciera un viaje á Cavite para bendecir á los buques yanquis; y, por último, que felicitara á los enemigos de mi Patria en el aniversario de su triunfo. Es cierto, sí, que tuve tratos con los americanos y que los visité varias veces, porque á ello me obligaban los deberes de mi cargo; como tuvieron que entenderse con ellos nuestros Jefes y las Comisiones oficiales que allí quedaron. Porque, desgraciadamente, ellos eran la autoridad que mandaba en Manila; ellos los encargados de suministrar víveres á nuestro ejército; ellos los que tenían la superior inspección de todos los servicios; ellos los que administraban justicia; ellos los que tenían la fuerza; ellos los que, según la capitulación, estaban obligados á la repatriación de nuestras tropas. ¿Qué remedio sino entenderse con ellos?

El Arzobispo, por lo tanto, si quería lograr algo eficaz en pro de los sagrados intereses que le estaban confiados, forzosamente tenía que acudir, como cualquier particular, á las nuevas Autoridades; pero acudió á ellas sólo dentro del justo límite que le imponía su condición de español y Prelado católico. Mis tratos con los americanos y mi permanencia en Manila no obedecieron á otros fines que éstos: 1.º Cumplir mis deberes religiosos de Prelado. 2.º El alivio y, en lo posible, la libertad de los prisioneros españoles en poder de los filipinos. 3.º Asegurar la conservación de las numerosas obras pías españolas existentes en Manila.

Cumplir mis deberes religiosos como Prelado.—Esa era mi principal obligación, como lo es de un militar mantener el honor de las armas, y de un padre cuidar de sus hijos. Al presentarme el Gobierno español para la sede de Manila, sabía que, una vez expedidas por el Sumo Pontífice las bulas de mi institución, echaba sobre un súbdito suyo un vínculo sacratísimo que le ligaba estrechamente con su grey, interín el Jefe Supremo de la Iglesia no relajara esos lazos. Esto es elemental para cualquiera que haya saludado el Derecho Canónico. Un Pastor no puede nunca abandonar su rebaño, sino cuando lo justifiquen las causas que establecen los cánones y acompañe el permiso de la Silla Apostólica. Los obispos de la Alsacia y la Lorena no abandonaron á sus diocesanos aun después de la guerra franco-alemana, no obstante haber sido presentados para sus respectivas sedes por el Gobierno francés, que perdió entonces aquellas provincias. Los Prelados de Santiago de Cuba y de la Habana no salieron de sus diócesis hasta que la Santa Sede no les otorgó el correspondiente permiso. Y como la Santa Sede, lejos de concederme esa licencia, me ordenó continuara al frente de la Metrópoli de Filipinas, mi deber era cumplir ese soberano mandato; hasta que, por último, en Septiembre de 1900, estando ya en Manila un Delegado Apostólico, recibí autorización para ir á la capital del Cristianismo, con objeto de hacer la visita ad limina é informar personalmente al Papa acerca del estado de la Iglesia católica en el Archipiélago; no para defender los bienes de nadie, como quiere hacer creer á sus despreocupados lectores la prensa sectaria. (Apéndice núm. [16] y [17].)

¿Tenía razones el Sumo Pontífice para obrar de ese modo? Para los buenos católicos, basta saber que así lo hizo. Y los que no lo sean, reflexionen el estado de anarquía en que quedó el Archipiélago á consecuencia de tantas y tan hondas convulsiones; el cisma en que cayó buena parte, aunque la más ignorante y relajada, del clero filipino; y que las diócesis de Nueva Cáceres y de Nueva Segovia carecían de Prelado, porque al primero le habían obligado sus dolencias á salir de las Islas, y al segundo retenían prisionero los tagalos, con cerca de trescientos religiosos y algunas religiosas.

Alivio y libertad de los prisioneros españoles.—Este fué, desde el primer momento, uno de los cuidados que más vivamente me preocuparon, y al que dediqué toda mi actividad, como, en honor á la verdad, me complazco en decir que en esto trabajaron muchísimo las Comisiones civiles y militares que allí tuvo el Gobierno, todo el comercio español en Manila, el Casino Español, las Ordenes religiosas y varios filipinos y extranjeros, que, lamentando la triste situación de tantos miles de prisioneros, nos prestaron su generoso concurso para tan humanitaria empresa. El resultado de tantos afanes fué, desgraciadamente, estéril, por lo que atañe á la libertad de los cautivos, quienes no pudieron libertarse hasta que las armas americanas fueron batiendo al ejército revolucionario, y sucesivamente apoderándose de todas las provincias del Archipiélago. Pero que se trabajó por todos con entusiasmo á dicho fin, y que se logró aliviar algún tanto el sufrimiento de tanto desgraciado, es cosa evidentísima y palmaria, que consta en la prensa de Manila y de la Península, y de cuya verdad el Gobierno debe poseer abundantes é incontrastables testimonios.

Las gestiones del Arzobispo y del Clero regular á ese fin, fueron, entre otras, las siguientes:

Se telegrafió á Roma y á Baltimore, para que el Delegado Apostólico en Washington, en unión con el Cardenal Gibbons, interesara del Gobierno americano diese á sus representantes en Filipinas órdenes conducentes al alivio y rescate de los prisioneros. Repetidas veces se enviaron al campo insurrecto, en las provincias de Bulacán, Tarlac, Ilocos, Lepanto, Cagayán, Isabela y Camarines, cuantos emisarios indios, chinos y yanquis se pudieron, llevando socorros de víveres y dinero, mereciendo citarse entre esas personas el sacerdote católico del Olimpia Mr. Reaney, que á dicho fin se puso á disposición del Prelado. Se suplicó con grandes instancias al Gobernador Capitán General americano, Mr. Ottis, que enviara á Cagayán un barco de guerra con auxilios para los cautivos de aquella región, en donde sabíamos que los insurrectos los trataban cruelísimamente. Por medio del coronel católico Mr. Smith se entablaron activas negociaciones con el Gobierno de Malolos, á fin de conseguir mejorase el trato que daban á los prisioneros, lo cual, en parte, si bien pequeña, se logró, aunque fracasaron los intentos de rescate. Se envió al Presidente del gobierno insurrecto una Comisión de respetables sacerdotes filipinos, á cuyo frente fué el Dr. D. Mariano Sevilla, que gozaba gran prestigio ante los mismos revolucionarios. Dirigí expresivas cartas á varios de los ministros de Aguinaldo, antiguos discípulos míos; y hasta conseguí que el insigne jurisconsulto filipino D. Cayetano S. Arellano aceptase la cartera de Secretario de Estado, sólo con el patriótico fin de libertar á los prisioneros; intento que también fracasó, porque dicho señor se vió obligado á renunciar su puesto por la ruda oposición que le hicieron los masones que formaban la corte del jefe de la insurrección. El Clero indígena, único que podía seguir ejerciendo su ministerio en el territorio insurrecto, recibió de su Prelado órdenes terminantes para socorrer á los prisioneros, incluso autorizándoles para invertir en esa obra de caridad los fondos de las parroquias y hasta los vasos sagrados; disposición que dió algún resultado, puesto que varios de los militares y paisanos libertados se me presentaron á darme las gracias por los socorros recibidos de sacerdotes indígenas, en cumplimiento de lo mandado. Prestóse con dicho fin el más caluroso apoyo á los generales Ríos y Jaramillo y á los señores del Río y Toral, como fué notorio en Manila, y hasta la prensa de Madrid lo publicó. A muchos de los ya libertados se les facilitó ropa y albergue en Manila, y dinero para su embarque á España. Mantuve igualmente correspondencia con el Gobierno de la Nación, indicándole los medios á mi juicio más oportunos para la más feliz solución de tan triste negocio; y el Gobierno, no sólo aprobó mi conducta, sino que me llegó á decir que hacía muy bien en no salir de Filipinas mientras hubiera un solo prisionero.

Era entonces Presidente del Consejo de Ministros D. Francisco Silvela, que fué quien, por despacho cablegráfico, me comisionó para dicho fin, independientemente de los funcionarios civiles y militares que tenían igual encargo. (Apéndice [núm. 10].)

No debe omitirse especialmente cuanto hizo el almirante Dewey para salvar al glorioso destacamento de Baler, que mantuvo enhiesta la bandera española más de un año después de arriada en Manila. A ese objeto, valiéndome de la amistad que ya entonces me unía con el capellán del Olimpia, escribí á dicho Almirante tuviera la bondad de enviar á Baler un buque menor de su escuadra para recoger y traer libres á Manila á aquellos héroes. Mr. Dewey accedió á mis instancias; pidióme una carta escrita de mi puño y letra al Jefe de aquel destacamento, para que, dando crédito al oficial de la escuadra yanqui que se la presentara, no tuviera inconveniente en seguirle con la fuerza á sus órdenes y trasladarse á bordo del barco yanqui. Pidióme además un plano de la costa de Baler, plano que facilitado por el eminente cartógrafo D. Enrique D’Almonte, también se le envió; y, dispuesto todo, zarpó para Baler el cañonero Yorktown. La expedición no pudo ser más desgraciada. Al bajar á tierra, los insurrectos rodearon al oficial y soldados americanos que habían desembarcado; murieron en la refriega dos marineros, y otros fueron heridos; y, agotadas las municiones, se vieron en el trance de rendirse los restantes, quedando en poder de los filipinos un oficial, un contramaestre, dos cabos y nueve soldados.

Mr. Dewey, profundamente apenado por una desgracia que no tuvo que lamentar en el combate de Cavite, después de comunicarme tan triste nueva, tuvo la bondad de visitarme en mi propia casa, por lo cual me creí obligado á devolverle la visita á bordo del buque insignia, repitiéndole las gracias por todo lo hecho en favor de nuestros soldados de Baler. (Apéndice [número 13].)

Esa fué la única vez que yo fuí á bahía. A Cavite, ni una sola vez; y, por lo tanto, carece de fundamento la acusación de que bendije á los barcos yanquis en Cavite; de que pronuncié discursos en el aniversario de su triunfo naval, y otros infundios de igual monta. Ignoran, quienes esto dicen, que los americanos tuvieron la gran delicadeza de no celebrar ese aniversario, ni el de la rendición de Manila, indudablemente por no herir las nobles susceptibilidades de los vencidos que allí estábamos.

Las obras pías españolas.—Estas eran las siguientes: el Colegio de Santa Isabel y Casa de la Misericordia; el Colegio de San José y el de Santa Rosa; las Terceras Ordenes de Santo Domingo y San Francisco; la Archicofradía de Jesús Nazareno de Recoletos; el Hospital de San Juan de Dios, el de San Lázaro y el Monte de Piedad y Caja de Ahorros; fundaciones que, en conjunto, sumaban un capital de varios millones de pesos, producto del legado de antiguos españoles con destino á obras de instrucción, piedad y beneficencia. Todas esas instituciones, aunque no eran propiedad del Estado español, estaban bajo el Real Patronato, que en Indias tenía mayor extensión que en la Península; y, por lo tanto, su administración y gobierno se regían conforme á las leyes que el Ministro de Ultramar y los Vice-Reales Patronos habían dictado al efecto. Eso dió ocasión á que los nuevos dominadores creyeran que podían seguir haciendo lo mismo que España, y, así, que pretendieran que su propiedad había pasado á manos de ellos, considerándola como derechos de la soberanía española ya caducada. No poco trabajo costó hacerles comprender lo contrario; pero, al fin, quiso Dios que se convencieran de que se trataba de bienes eclesiásticos y no de bienes del Estado español, á lo cual contribuyó no poco mi decreto fecha 14 de Noviembre de 1898, en el cual, reivindicando los derechos que sobre esas Obras Pías concede á los Obispos el Tridentino, declaré no vigentes las leyes que sobre el particular había dictado el Real Patronato, abolido ya en Filipinas. Con eso quedaron á salvo la mayor parte de esas fundaciones, en su inmensa mayoría destinadas á descendientes de españoles; si bien, para salvar el Hospital de San Juan de Dios y el Monte de Piedad, hubo que sostener más larga y vigorosa lucha. Respecto á los bienes del Colegio de San José, fué preciso seguir ante los tribunales un litigio con parte de los filipinos afiliados al partido allí llamado federal, que pretendían ser aquellos bienes propiedad de los naturales; litigio que á mi salida de Manila dejé ya en estado de sentencia, la cual en principio nos ha sido favorable, aun cuando todavía esos bienes no han sido plenamente adjudicados á la Iglesia. (Apéndice [núm. 6].)

Alojamiento de los soldados.—Sobre que tratara de arrojar de las iglesias á los soldados españoles, debo decir que el Acta de capitulación, en su art. 1.º, disponía que las tropas españolas se acuartelarían en los locales que designaran las autoridades americanas; y en el art. 7.º, que «las iglesias de Manila y su culto quedaban bajo la salvaguardia especial de la fe y honor del ejército americano». Por consiguiente, se faltó á la capitulación mandando alojar los soldados en las iglesias, con lo cual, evidentemente, éstas y el culto no fueron respetados. Tan manifiesta violación de lo pactado, momentos después de estipularlo, no podía ser grata á un español y á un obispo. Tampoco se dió tiempo en algunos templos para, antes de entrar los soldados, retirar el Santísimo, las sagradas reliquias é imágenes, y tomar las imprescindibles disposiciones que exige cambio de uso tan radical como el que distingue á un cuartel de una iglesia. Tampoco se contó para eso con la Autoridad eclesiástica. Sin embargo, tan lejos estuve de querer privar de tal alojamiento á nuestras tropas, que saben ellos y sabe todo el público de Manila cómo, gracias principalísimamente al elemento eclesiástico (pues nuestros generales nada podían entonces hacer en su favor), tuvieron nuestros soldados donde vivir y curarse de sus enfermedades. No sólo las iglesias, sino los conventos de Santo Domingo, San Francisco, Recoletos, San Ignacio y el Seminario, quedaron convertidos en vastos cuarteles, donde, á la par de los religiosos, vivían nuestros beneméritos soldados. La nueva amplísima casa que poseían los Padres Agustinos cerca de su convento, todavía no estrenada por ellos, también sirvió de cuartel y oficinas de guerra. Todos los hospitales militares se instalaron igualmente en casas religiosas, las cuales prestaron también albergue á bastantes familias de Jefes y Oficiales.

Todo eso debían haberlo hecho las autoridades americanas; pero, ya que no lo hicieron, la caridad y el patriotismo nos obligaron á llenar esa falta, pues no merecían nuestros soldados pagar ajenas culpas.

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Réstame contestar á otras dos imputaciones: que encomendé las parroquias al clero indígena, prescindiendo del clero español; y que, ejerciendo mi cargo en territorio extranjero, perdí mi carácter de español.

En aquellas circunstancias, cuando todo español, eclesiástico ó seglar, que no se supeditara al Gobierno masónico é impío de la llamada República filipina, estaba imposibilitado de vivir fuera de Manila, ¿qué sacerdotes habían de estar al frente de las parroquias, sino los pocos indígenas que parecían aptos al Prelado? Además, si la casi totalidad de los Regulares se encontraban prisioneros, ó habían tenido forzosamente que emigrar, y allí no había otros sacerdotes españoles, ¿de quién, sino de los indígenas, había de disponer el Arzobispo? Si hubiese dispuesto de peninsulares, hubieran también dicho de ellos, con igual razón que lo dicen de mí, que perdieron su nacionalidad; porque ignoran, ó aparentan ignorar, las más rudimentarias nociones de Derecho respecto á la cuestión de ciudadanía.

El Arzobispo de Manila no perdió un solo momento su nacionalidad española. El tratado de París, en su art. 9.º, dice que «los súbditos españoles naturales de la Península residentes en territorios cuya soberanía abandona ó cede España..... si quieren permanecer en esos territorios conservando su nacionalidad, tendrán que inscribirse en el registro oficial declarando su propósito de seguir siendo españoles, y dentro del primer año siguiente á la ratificación de este tratado». Yo fuí de los primeros, dentro del plazo legal, en inscribirme en el Consulado español de Manila, manifestando mi firme deseo de conservar mi amadísima nacionalidad española; y, por lo tanto, claro es que ni un solo momento he dejado de ser súbdito de España.

¡Que seguí ejerciendo mi cargo arzobispal bajo la soberanía americana!... Indudable; pero de ahí no se deduce que perdiera mi condición de español, como no pierden la suya de italianos, franceses, belgas y alemanes, los obispos que ejercen su jurisdicción en China, Tong-king, Indostán, Hong-Kong y Japón, aun cuando sean titulares de ciudades de esos territorios, como acontece á los del imperio japonés. En los Estados Unidos, los obispos, católicos ó protestantes, no tienen carácter público alguno: son los jefes de las respectivas comuniones religiosas, y para el Gobierno tienen igual representación que los presidentes de una asociación privada, mercantil, industrial ó literaria. No interviene para nada en su nombramiento, ni se entromete en lo más mínimo en si Roma los nombra, los quita ó los suspende, ó si sus adeptos les obedecen ó dejan de obedecerles. Por consiguiente, el aplicar al caso presente el art. 1.º de la Constitución española, es revelar la más crasa ignorancia, ó aparentarla.