Estratificada así la sociedad, el historiador puede seguir una línea correspondiente de separación durante todo el proceso histórico. Dos factores, diferentes cuando no antagónicos, se desarrollaron[508] en esas sociedades al sonar la hora de la revolución. El uno el factor idealista, que pudiéramos decir, se inspiraba en un pensamiento aristocrático, siquiera sea dicho en su estricto sentido etimológico, puesto que respondía a la convicción de que[509] las clases superiores y cultas tienen la responsabilidad de tutela social. Para estas clases el problema político era un problema filosófico, dependiente en gran parte de una legislación apropiada. Aunque para los prohombres el gobierno más perfecto era el que garantizaba el mayor bien al mayor número, ése era el límite extremo de sus teorías democráticas. Dado el medio en que actuaban, ninguno de ellos hubiera ido tan lejos como para proclamar el derecho de todos y de cada uno a contribuir con su expresión individual a formar el ideal colectivo; a constituir, en suma, una nación que fuera expresión fiel de la cultura moral y social existente entonces en el pueblo. Ninguno se habría resignado a dejar en manos de las ciegas mayorías el futuro de la nación. Nadie habría llevado tan lejos su fe en los instintos de la colectividad. Creían, pues, en el gobierno de los mejores, es decir, de los que ellos creían tales, pues para medir los méritos de los hombres aplicaban el cartabón de la cultura y de la sabiduría y no el simple magnetismo personal ni otras cualidades elementales y primitivas, que en los estratos inferiores de la sociedad despiertan admiración y deciden la superioridad.
De acuerdo con este criterio, las naciones sudamericanas han dado a sus instituciones políticas un sello a veces diferente del que imprimieron a las suyas las colonias anglo-sajonas, diferencia, por otra parte, que nadie sería osado a condenar pues son variantes del problema que con su existencia plantea desde hace siglo y medio la democracia.[510] Para no detenernos sino en uno de esos contrastes, véase el diferente alcance que las naciones de la América hispánica han dado al concepto “representativo”, respecto del sentido que ese término recibe en las prácticas políticas de la América inglesa. Según éstas, el gobierno representativo debe reflejar fielmente la fisonomía de la sociedad que representa; y para asegurar ese carácter, los representantes son emanación directa de las circunscripciones locales. El gobierno, pues, no puede nunca ser superior al pueblo, ni acaso para el espíritu de esas sociedades es deseable que lo fuese. Los países latinoamericanos han dado a la representación un significado menos estricto, haciendo que los representantes lo sean[511] en común de las grandes divisiones políticas, con lo cual se cumple el propósito de que la representación recaiga sobre las personas de mayor prestigio y sabiduría, residentes por lo general en las capitales y centros importantes.
El otro componente de la revolución argentina lo suministra el pueblo ignorante e ineducado, aunque celoso como pocos de su independencia personal. A despecho del papel pasivo que con la mejor intención se pretendía hacerle desempeñar[512] en el drama, ese pueblo fué el verdadero protagonista. Adivinó que llegaba el momento histórico de actuar y actuó, obrando según sus fieros y primitivos impulsos, exteriorizando los cuales[513] comenzaba en realidad su larga auto-educación política. La repugnante arena de las luchas fratricidas en que se debaten sus crudos intereses, ha sido en realidad la escuela de la democracia en Sud-América. Los caudillos locales que las turbas exaltaron, son el exponente y la expresión de las sordas voluntades colectivas. Aunque figuras menores[514] de la historia, siniestras a veces, no por eso son indignas del estudio del sociólogo.
El factor idealista de la revolución y de la organización nacional tiene su campo privativo de acción en la obra legislativa y de pensamiento; el otro en la acción concreta y visible de la negra anarquía y la sangrienta dictadura. Del choque de ambas corrientes, de su compenetración gradual, resulta la fisonomía política actual de la República Argentina, país donde el conflicto entre ambas formas de acción ha durado menos que en los otros, muchos de los cuales son todavía mundos políticos en formación, habiendo algunos[515] en los que el orden y el equilibrio aun no han aparecido. No sólo ha salvado la Argentina la época ígnea de las revoluciones, sino que su ambiente social permite ya que prospere en él la forma más delicada de la democracia, o sea el voto[516] secreto, cuyo advenimiento en las prácticas políticas de la gran república del sur tiene un significativo valor filosófico, como prenda de concordia y de colaboración entre las luces de la cultura y los instintos populares a cuyas inspiraciones esa ley entregó con plena confianza sus[517] destinos futuros. En la fisonomía actual del país los dos elementos de la evolución social han dejado impresa su huella. El espíritu democrático, ya madurado, coexiste con un pronunciado idealismo, un respeto casi religioso por la cultura, que ha llevado a las legislaturas y a las mansiones presidenciales hombres de pensamiento más bien que obreros de acción práctica, con decidida ventaja a veces para la exaltación del ideal político, si bien con alguna desventaja para la acción concreta inmediata. La constante calificación de cultura que ha servido de principal requisito al ejercicio del poder, ha impedido que éste caiga en manos mercenarias o bajo el dominio de inteligencias sin cultura que degradasen su función[518] social. Por eso ha sido motivo de sorpresa para los observadores inadvertidos el encontrar en las repúblicas latinas gobiernos no tan representativos como pudiera esperarse de la general falta de cultura de las masas. Los prestigios del mando, con su escuela de méritos y de honores para los servidores del país, las prácticas apenas atemperadas del paternalismo ancestral, han creado el anhelo del bien público llevado con extrema frecuencia hasta el sacrificio personal. Y si esta excesiva actividad central acaso obra, según se ha dicho ya, inhibiendo las actividades locales, no hay[519] duda que ha contribuído a revestir la función política de mayor dignidad y a darle el carácter de una defensa contra los avances del capitalismo. Un tipo tal de democracia traerá tal vez cierto exceso de intervención oficial que no se advierte en las democracias más homogéneas, en las que el estado recibe toda la savia de los estratos inferiores de la sociedad; pero sin duda evita la maléfica influencia de los poderosos intereses privados, de cuya presión son a veces resultado[520] legislaciones que disimuladamente los sirven.
Si la legislación constructiva y la demagogia destructiva constituyen respectivamente el anverso y el reverso de la vida nacional, en pocos momentos de la historia argentina se exhiben con mayor evidencia ni en forma más irreconciliable que en[521] el acto de celebrarse el Congreso de Tucumán. Se iniciaba esta asamblea después de seis años[522] de rotas las hostilidades con la madre Patria y sucedía a una serie de esfuerzos por dar forma política definitiva a la nueva nación. El Congreso era un incidente en el proceso idealista y llevaba[523] involucrados todos los caracteres de este último.[524] Así, no fué, ni podía ser, una emanación normal de las voluntades populares. Sus organizadores “poco se cuidaron de dar a la asamblea un origen democrático” y apenas representaba ésta una parte de las “provincias unidas” en cuyo nombre hablaba. Los caudillos habían aparecido. Uno[525] de ellos atraía hacia sí a Córdoba, Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, y poco después a Santa Fé, mientras el Paraguay se mantenía en su aislamiento. El Congreso procuró pacificar a los rebeldes decretando indultos generales, envió delegados para calmar desavenencias entre aquellos y hasta empleó la fuerza para sofocar sediciones que estallaban a su alrededor. Las actividades[526] del Congreso eran, pues, denegatorias de todo carácter representativo y significaban el ejercicio de una actividad que se invocaba en nombre de los principios absolutos más bien que en los de la representación, por mucho que se estirara el significado de ese concepto. Dada la descomposición a que en los seis años de guerra habían conducido los excesos del individualismo desenfrenado, el Congreso se abrogó la misión tutelar a que se sentía llamado, ejerciendo una acción realmente ejecutiva que lo distrajo de los propósitos cardinales para que había sido convocado, es decir, la declaración de la independencia y para redactar la constitución que habría de regir la nueva nación.[527]