Las gestiones del Arzobispo y del Clero regular á ese fin, fueron, entre otras, las siguientes:

Se telegrafió á Roma y á Baltimore, para que el Delegado Apostólico en Washington, en unión con el Cardenal Gibbons, interesara del Gobierno americano diese á sus representantes en Filipinas órdenes conducentes al alivio y rescate de los prisioneros. Repetidas veces se enviaron al campo insurrecto, en las provincias de Bulacán, Tarlac, Ilocos, Lepanto, Cagayán, Isabela y Camarines, cuantos emisarios indios, chinos y yanquis se pudieron, llevando socorros de víveres y dinero, mereciendo citarse entre esas personas el sacerdote católico del Olimpia Mr. Reaney, que á dicho fin se puso á disposición del Prelado. Se suplicó con grandes instancias al Gobernador Capitán General americano, Mr. Ottis, que enviara á Cagayán un barco de guerra con auxilios para los cautivos de aquella región, en donde sabíamos que los insurrectos los trataban cruelísimamente. Por medio del coronel católico Mr. Smith se entablaron activas negociaciones con el Gobierno de Malolos, á fin de conseguir mejorase el trato que daban á los prisioneros, lo cual, en parte, si bien pequeña, se logró, aunque fracasaron los intentos de rescate. Se envió al Presidente del gobierno insurrecto una Comisión de respetables sacerdotes filipinos, á cuyo frente fué el Dr. D. Mariano Sevilla, que gozaba gran prestigio ante los mismos revolucionarios. Dirigí expresivas cartas á varios de los ministros de Aguinaldo, antiguos discípulos míos; y hasta conseguí que el insigne jurisconsulto filipino D. Cayetano S. Arellano aceptase la cartera de Secretario de Estado, sólo con el patriótico fin de libertar á los prisioneros; intento que también fracasó, porque dicho señor se vió obligado á renunciar su puesto por la ruda oposición que le hicieron los masones que formaban la corte del jefe de la insurrección. El Clero indígena, único que podía seguir ejerciendo su ministerio en el territorio insurrecto, recibió de su Prelado órdenes terminantes para socorrer á los prisioneros, incluso autorizándoles para invertir en esa obra de caridad los fondos de las parroquias y hasta los vasos sagrados; disposición que dió algún resultado, puesto que varios de los militares y paisanos libertados se me presentaron á darme las gracias por los socorros recibidos de sacerdotes indígenas, en cumplimiento de lo mandado. Prestóse con dicho fin el más caluroso apoyo á los generales Ríos y Jaramillo y á los señores del Río y Toral, como fué notorio en Manila, y hasta la prensa de Madrid lo publicó. A muchos de los ya libertados se les facilitó ropa y albergue en Manila, y dinero para su embarque á España. Mantuve igualmente correspondencia con el Gobierno de la Nación, indicándole los medios á mi juicio más oportunos para la más feliz solución de tan triste negocio; y el Gobierno, no sólo aprobó mi conducta, sino que me llegó á decir que hacía muy bien en no salir de Filipinas mientras hubiera un solo prisionero.

Era entonces Presidente del Consejo de Ministros D. Francisco Silvela, que fué quien, por despacho cablegráfico, me comisionó para dicho fin, independientemente de los funcionarios civiles y militares que tenían igual encargo. (Apéndice [núm. 10].)

No debe omitirse especialmente cuanto hizo el almirante Dewey para salvar al glorioso destacamento de Baler, que mantuvo enhiesta la bandera española más de un año después de arriada en Manila. A ese objeto, valiéndome de la amistad que ya entonces me unía con el capellán del Olimpia, escribí á dicho Almirante tuviera la bondad de enviar á Baler un buque menor de su escuadra para recoger y traer libres á Manila á aquellos héroes. Mr. Dewey accedió á mis instancias; pidióme una carta escrita de mi puño y letra al Jefe de aquel destacamento, para que, dando crédito al oficial de la escuadra yanqui que se la presentara, no tuviera inconveniente en seguirle con la fuerza á sus órdenes y trasladarse á bordo del barco yanqui. Pidióme además un plano de la costa de Baler, plano que facilitado por el eminente cartógrafo D. Enrique D’Almonte, también se le envió; y, dispuesto todo, zarpó para Baler el cañonero Yorktown. La expedición no pudo ser más desgraciada. Al bajar á tierra, los insurrectos rodearon al oficial y soldados americanos que habían desembarcado; murieron en la refriega dos marineros, y otros fueron heridos; y, agotadas las municiones, se vieron en el trance de rendirse los restantes, quedando en poder de los filipinos un oficial, un contramaestre, dos cabos y nueve soldados.

Mr. Dewey, profundamente apenado por una desgracia que no tuvo que lamentar en el combate de Cavite, después de comunicarme tan triste nueva, tuvo la bondad de visitarme en mi propia casa, por lo cual me creí obligado á devolverle la visita á bordo del buque insignia, repitiéndole las gracias por todo lo hecho en favor de nuestros soldados de Baler. (Apéndice [número 13].)

Esa fué la única vez que yo fuí á bahía. A Cavite, ni una sola vez; y, por lo tanto, carece de fundamento la acusación de que bendije á los barcos yanquis en Cavite; de que pronuncié discursos en el aniversario de su triunfo naval, y otros infundios de igual monta. Ignoran, quienes esto dicen, que los americanos tuvieron la gran delicadeza de no celebrar ese aniversario, ni el de la rendición de Manila, indudablemente por no herir las nobles susceptibilidades de los vencidos que allí estábamos.

Las obras pías españolas.—Estas eran las siguientes: el Colegio de Santa Isabel y Casa de la Misericordia; el Colegio de San José y el de Santa Rosa; las Terceras Ordenes de Santo Domingo y San Francisco; la Archicofradía de Jesús Nazareno de Recoletos; el Hospital de San Juan de Dios, el de San Lázaro y el Monte de Piedad y Caja de Ahorros; fundaciones que, en conjunto, sumaban un capital de varios millones de pesos, producto del legado de antiguos españoles con destino á obras de instrucción, piedad y beneficencia. Todas esas instituciones, aunque no eran propiedad del Estado español, estaban bajo el Real Patronato, que en Indias tenía mayor extensión que en la Península; y, por lo tanto, su administración y gobierno se regían conforme á las leyes que el Ministro de Ultramar y los Vice-Reales Patronos habían dictado al efecto. Eso dió ocasión á que los nuevos dominadores creyeran que podían seguir haciendo lo mismo que España, y, así, que pretendieran que su propiedad había pasado á manos de ellos, considerándola como derechos de la soberanía española ya caducada. No poco trabajo costó hacerles comprender lo contrario; pero, al fin, quiso Dios que se convencieran de que se trataba de bienes eclesiásticos y no de bienes del Estado español, á lo cual contribuyó no poco mi decreto fecha 14 de Noviembre de 1898, en el cual, reivindicando los derechos que sobre esas Obras Pías concede á los Obispos el Tridentino, declaré no vigentes las leyes que sobre el particular había dictado el Real Patronato, abolido ya en Filipinas. Con eso quedaron á salvo la mayor parte de esas fundaciones, en su inmensa mayoría destinadas á descendientes de españoles; si bien, para salvar el Hospital de San Juan de Dios y el Monte de Piedad, hubo que sostener más larga y vigorosa lucha. Respecto á los bienes del Colegio de San José, fué preciso seguir ante los tribunales un litigio con parte de los filipinos afiliados al partido allí llamado federal, que pretendían ser aquellos bienes propiedad de los naturales; litigio que á mi salida de Manila dejé ya en estado de sentencia, la cual en principio nos ha sido favorable, aun cuando todavía esos bienes no han sido plenamente adjudicados á la Iglesia. (Apéndice [núm. 6].)

Alojamiento de los soldados.—Sobre que tratara de arrojar de las iglesias á los soldados españoles, debo decir que el Acta de capitulación, en su art. 1.º, disponía que las tropas españolas se acuartelarían en los locales que designaran las autoridades americanas; y en el art. 7.º, que «las iglesias de Manila y su culto quedaban bajo la salvaguardia especial de la fe y honor del ejército americano». Por consiguiente, se faltó á la capitulación mandando alojar los soldados en las iglesias, con lo cual, evidentemente, éstas y el culto no fueron respetados. Tan manifiesta violación de lo pactado, momentos después de estipularlo, no podía ser grata á un español y á un obispo. Tampoco se dió tiempo en algunos templos para, antes de entrar los soldados, retirar el Santísimo, las sagradas reliquias é imágenes, y tomar las imprescindibles disposiciones que exige cambio de uso tan radical como el que distingue á un cuartel de una iglesia. Tampoco se contó para eso con la Autoridad eclesiástica. Sin embargo, tan lejos estuve de querer privar de tal alojamiento á nuestras tropas, que saben ellos y sabe todo el público de Manila cómo, gracias principalísimamente al elemento eclesiástico (pues nuestros generales nada podían entonces hacer en su favor), tuvieron nuestros soldados donde vivir y curarse de sus enfermedades. No sólo las iglesias, sino los conventos de Santo Domingo, San Francisco, Recoletos, San Ignacio y el Seminario, quedaron convertidos en vastos cuarteles, donde, á la par de los religiosos, vivían nuestros beneméritos soldados. La nueva amplísima casa que poseían los Padres Agustinos cerca de su convento, todavía no estrenada por ellos, también sirvió de cuartel y oficinas de guerra. Todos los hospitales militares se instalaron igualmente en casas religiosas, las cuales prestaron también albergue á bastantes familias de Jefes y Oficiales.

Todo eso debían haberlo hecho las autoridades americanas; pero, ya que no lo hicieron, la caridad y el patriotismo nos obligaron á llenar esa falta, pues no merecían nuestros soldados pagar ajenas culpas.

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