Número
que acude
a las elecciones.
Presidieron las elecciones de cada provincia de España individuos de la cámara de Castilla, y las de América Don José Pablo Valiente, del consejo de Indias. Hubo algunas bastante ruidosas, culpa en parte de la tenacidad de los presidentes y de su mal encubierto despecho, malogrados sus intentos. De casi ninguna provincia de España hubo menos de 100 electores, y llegaron a 4000 los de Madrid, todos en general sujetos de cuenta; infiriéndose de aquí que, a pesar de lo defectuoso de este género de elección, era más completa que la que se hacía por las ciudades de voto en cortes, en que solo tomaban parte 20 o 30 privilegiados, esto es, los regidores.
Temores
de la regencia.
Como al paso que mermaban las esperanzas de los adictos al orden antiguo, adquirían mayor pujanza las de los aficionados a la opinión contraria, temió la regencia caer de su elevado puesto, y buscó medios para evitarlo y afianzar su autoridad. Pero, según acontece, los que escogió no podían servir sino para precipitarla más pronto. Restablecen todos
los consejos. Tal fue el restablecer todos los consejos bajo la planta antigua por decreto de 16 de septiembre. Imaginó que como muchos individuos de estos cuerpos, particularmente los del consejo real, se reputaban enemigos de la tendencia que mostraban los ánimos, tendría en sus personas, ahora agradecidas, un sustentáculo firme de su potestad ya titubeante. Cuenta en que gravemente erró. La veneración que antes existía al consejo real había desaparecido, gracias a la incierta y vacilante conducta de sus miembros en la causa pública y a su invariable y ciega adhesión a prerrogativas y extensas facultades. Inoportuno era también el momento escogido para su restablecimiento. Las cortes iban a reunirse, a ellas tocaba la decisión de semejante providencia. Tampoco lo exigía el despacho de los negocios, reducida ahora la nación a estrechos límites, y resolviendo por sí las provincias muchos de los expedientes que antes subían a los consejos. Así apareció claro que su restablecimiento encubría miras ulteriores, y quizá se sospecharon algunas más dañadas de las que en realidad había.
Quiere
el consejo real
intervenir
en las cortes.
El consejo real desviviose por obtener que su gobernador o decano presidiese las cortes, que la cámara examinase los poderes de los diputados, y también que varios individuos suyos tomasen asiento en ellas bajo el nombre de asistentes. Tal era la costumbre seguida en las últimas cortes, tal la que ahora se intentó abrazar, fundándose en los antecedentes y en el texto de Salazar, libro sagrado a los ojos de los defensores de las prerrogativas del consejo. No lo consigue. Mas al columbrar el revuelo de la opinión, delirio parecía querer desenterrar usos tan encontrados con las ideas que reinaban en Cádiz y con las que exponían los diputados de las provincias que iban llegando, quienes, fuesen o no inclinados a las reformas, traían consigo recelos y desconfianzas acerca de los consejos y de la misma regencia.
Señala el 24
de septiembre
para
la instalación
de cortes.
De dichos diputados, varios arribaron a Cádiz en agosto, otros muchos en septiembre. Con su venida se apremió a la regencia para que señalase el día de la apertura de cortes, reacia siempre en decidirse. Tuvo aun para ello dificultades, provocó dudas, repitió consultas, mas al fin fijole para el 24 de septiembre.
Comisión
de poderes.
Determinó también el modo de examinar previamente los poderes. Los diputados que habían llegado fueron de parecer que la regencia aprobase por sí los poderes de seis de entre ellos, y que luego estos mismos examinasen los de sus compañeros. Bien que forzada, dio la regencia su beneplácito a la propuesta de los diputados, mas en el decreto que publicó al efecto, decía que obraba así, «atendiendo a que estas cortes eran extraordinarias, sin intentar perjudicar a los derechos que preservaba a la cámara de Castilla.» Los seis diputados escogidos para el examen de poderes fueron el consejero D. Benito de Hermida, por Galicia; el marqués de Villafranca, grande de España, por Murcia; D. Felipe Amat, por Cataluña; Don Antonio Oliveros, por Extremadura; el general Don Antonio Samper, por Valencia; y Don Ramón Power, por la isla de Puerto Rico. Todos eran diputados propietarios, incluso el último, único de los de ultramar que hubiese todavía llegado de aquellos apartados países.