Por aquí también se despacharon las instrucciones dadas a una comisión puesta en el mismo abril a cargo del marqués de Ayerbe. Enlazábase esta con la libertad de Fernando VII, y habíase ya tratado de ello con el arzobispo de Laodicea, último presidente de la central, con el duque del Infantado y el marqués de las Hormazas. Presumimos que traía este asunto el mismo origen que el del barón de Kolly, sin tener resultas más felices. El de Ayerbe salió de Cádiz en el bergantín Palomo, con 2.000.000 de reales, metiose después en Francia, y no consiguiendo nada allí, tuvo la desgracia al volver de ser muerto en Aragón por unos paisanos que le miraron como a hombre sospechoso.
En junio propuso el gobierno inglés al español entrar en un concierto de canje de prisioneros, de que se estaba tratando con Francia. Las negociaciones para ello se entablaron, principalmente en Morlaix entre Mr. Mackenzie y Mr. de Moustier. Tenían los franceses en Inglaterra unos 50.000 prisioneros, y no pasaban de 12.000 los ingleses que había en Francia, ya de la misma clase, ya de los detenidos arbitrariamente por la policía al empezar las hostilidades en 1802. De consiguiente, queriendo el gabinete británico, según un proyecto de ajuste que presentó en 23 de septiembre, canjear hombre por hombre y grado por grado, hacíase indispensable que formasen parte en el convenio España y los demás aliados de Inglaterra. Mas Napoleón, que no se curaba de llevar a cabo la negociación sobre aquella base, y quizá tampoco bajo otra ninguna admisible, pedía que se le volviesen a bulto los prisioneros suyos de guerra en cambio de los ingleses, ofreciendo entregar después los prisioneros españoles. La negociación, por tanto, continuada sin fruto, se rompió del todo antes de finalizar el año de 1810. Y fue en ella de notar lo desvariado a veces de la conducta del comisario francés, Mr. de Moustier, que quería se considerase prisionero de guerra al ejército inglés de Portugal: Mr. de Moustier, el mismo que, tiempos adelante, embajador en España de Carlos X de Francia, se mostró muy adicto a las doctrinas del más puro y exaltado realismo.
(* Ap. n. [13-11].)
Manejada la hacienda por la junta [*] de Cádiz desde el 28 de enero, día de su instalación, no ofreció aquel ramo en su forma variación sustancial hasta el 31 de octubre, en que se rescindió el contrato o arreglo hecho con la regencia en 31 de marzo anterior. Las entradas que tuvo la junta durante dicho tiempo pasaron de 351.000.000 de reales. De ellas, en rentas del distrito, unos 84; en donativos e imposiciones extraordinarias de la ciudad, 17; en préstamos y otros renglones [inclusas 249.000 libras esterlinas del embajador de Inglaterra], 54; y en fin, más de 195 procedentes de América, siendo de advertir que en esta cantidad se contaban 27 millones que pertenecían a particulares residentes en país ocupado, y de cuya suma se apoderó la junta bajo calidad de reintegro: tropelía que cometió sin que la desaprobase la regencia, muy contra razón. Invirtiéronse de los caudales recibidos más de 92.000.000 en la defensa y atenciones del distrito, más de 146 en los gastos generales de la nación, y enviáronse a las provincias unos 112, en cuya enumeración, así de la data como del cargo, hemos suprimido los picos para no recargar inútilmente la narración. Las rentas de las demás partes de España se consumieron dentro de su respectivo territorio, aprontando los naturales en suministros lo que no podían en dinero.
Circunscribiose la primera regencia, en cuanto a crédito público, a nombrar en 19 de febrero una comisión de tres individuos que examinase el asunto y preparase un informe, encargo que desempeñó cumplidamente Don Antonio Ranz Romanillos, sin que se tomase, en su consecuencia, sobre la materia resolución alguna.
En 24 de mayo, antes de entrar el obispo de Orense en la regencia, decidió esta que se reservase para las urgencias públicas la mitad del diezmo, providencia osada y que no se avenía con el modo de pensar de aquel cuerpo en otras cuestiones. Así fue que pasó como relámpago, anulándose en breve, y en virtud de representación de varios eclesiásticos y prelados.
El ejército, que al tiempo de instalarse la regencia, estaba en muchas partes en casi completa dispersión, fuese poco a poco reuniendo. En junio contaba ya 140.000 hombres, y creció su número hasta unos 170.000. No dejó para ello de tomar la regencia sus providencias, particularmente en la Isla de León; pero lejos de allí debiose más el aumento al espíritu que animaba a los soldados y a la nación entera que a enérgicas disposiciones del gobierno central, mal colocado, además, para tener un influjo directo y efectivo.
Una de las buenas medidas de esta regencia fue introducir en el ejército el estado mayor general. Sugirió la idea Don Joaquín Blake cuando mandaba en la Isla. Por medio de dicho establecimiento se aseguraron las relaciones mutuas entre todos los ejércitos, y se facilitó la combinación de las operaciones, pudiendo todas partir de un centro común. Según la antigua ordenanza, desempeñaban aisladamente las facultades propias de dicho cuerpo el cuartel maestre y los mayores generales de infantería, caballería y dragones, desavenidos a veces entre sí. Blake formó el plan que, aprobado por el gobierno, se circuló en 9 de junio, quedando nombrado el mismo general jefe del nuevo estado mayor, plantel en lo sucesivo de excelentes y benémeritos militares.
Desde el principio del levantamiento, fija en el ejército toda la atención, habíase desatendido la marina, sirviendo en tierra muchos de sus oficiales. Pero arrinconado el gobierno en Cádiz, hízose indispensable el apoyo de la armada, no queriendo depender del todo de la de los ingleses.
Las fragatas y navíos que necesitaban entrar en dique, o no se podían armar por falta de tripulaciones, se destinaron a Mahón y la Habana. Los otros cruzaron en el Mediterráneo o en el océano, y traían o llevaban auxilios de armas, municiones, víveres, caudales y aun tropa. Los buques menores y la fuerza sutil, además de defender la bahía de Cádiz, la Carraca y los caños de la Isla, contribuían a sostener el cabotaje, defendiendo los barcos costaneros de las empresas de varios corsarios que se anidaban, con perjuicio de nuestra navegación, en Sanlúcar, Málaga y varias calas de la Andalucía.