Si estas conquistas al Este del Mediterráneo eran de escaso valor mercantil, como puntos de escala, mientras el enemigo impedía el libre tráfico con el extremo Oriente por el mar Rojo, adquirieron una importancia de primer orden desde que se abrió esta vía al comercio, y sobre todo cuando el canal de Suez puso a la Península a veinte días de navegación directa de sus posesiones indostánicas.
La constante protección dispensada por los gobiernos ibéricos a las empresas de general utilidad y conveniencia, produjo la canalización del Tajo, de que hablamos en el capítulo precedente; la del Guadalquivir hasta Córdoba, la del Ebro hasta Zaragoza, y la de muchos otros ríos, ya para la navegación, ya para el riego.
Conforme venían reclamando las Cortes desde el siglo XVI, pidiendo «que se plantasen montes por todo el reino y se guardaran las ordenanzas de los que había», se fomentó en grande escala el arbolado; previsora medida que redundó en provecho de la agricultura, cada vez más próspera y floreciente, incluso en las extensas llanuras de la Mancha y de Castilla la Vieja, donde con el transcurso de los años, gracias a la influencia de aquel, mejoraron las condiciones productivas del suelo. Innumerables carreteras y caminos en perfecto estado de conservación facilitaron el tráfico por todas partes, y cuando se inventaron los ferrocarriles, Iberia fue una de las primeras naciones en adoptarlos, construyendo en el espacio de cinco lustros muchos miles de kilómetros, sin necesidad de ajeno auxilio; tal era la masa de capitales que encerraba en su seno, y tal el espíritu emprendedor de sus hijos.
Abierto el canal de Suez, las transacciones de la Península con nuestro imperio del Indostán y el extremo Oriente convirtieron a Barcelona en el primer puerto del mundo, por el gran número de buques que lo visitaban, y en el centro industrial más importante, llegando su engrandecimiento al punto de componerse hoy la población de aquella célebre ciudad de dos millones y medio de habitantes. A la vez prosperaron Tarragona, Valencia, Alicante, Cartagena y los demás puertos del litoral mediterráneo, enriquecidos principalmente con el comercio de Levante, mientras que Cádiz, Sevilla, Lisboa, Oporto, Vigo y toda la costa cantábrica entretenían activísimo tráfico con los Estados de la América latina y con nuestras colonias del África occidental.
En las altas esferas del poder domina un sentido político superior a todo encarecimiento, y no se presenta o propone reforma útil y de prácticos resultados, que no se lleve a cabo sin especiosos pretextos, ni negligente abandono, ni parlamentarios entorpecimientos, ni livianos y ridículos temores.
La incompatibilidad de todo cargo público con el de diputado a Cortes ha venido rigiendo desde el siglo XVI, conforme con los deseos expresados por las mismas, a las cuales atendió siempre la Corona con solícito celo.[6] También procuró esta que las elecciones se verificasen con la mayor libertad, sin influir ni directa ni indirectamente en el nombramiento de representantes.
[6] Las peticiones de las Cortes a que alude el autor son hechos históricos, aunque no los resultados de aquellas. Los procuradores de las Cortes de Castilla se expresaban así en 1573: «Otrosí, porque de venir por procuradores de Cortes algunos criados de V. M. y ministros de justicia y otras personas que llevan sus gajes, se sigue que les parezca que tienen poca libertad para proponer y votar lo que conviene al bien del Reino, y aun otro gran inconveniente, que es que siempre son tenidos entre los demás procuradores por sospechosos, y causan entre ellos desconformidad, a V. M. suplicamos mande que los susodichos no puedan ser ni sean elegidos para el dicho oficio.»
Así es que las Cortes vivieron siempre rodeadas del prestigio que les daba su autoridad e independencia, porque el pueblo veía en ellas el fiel reflejo de las aspiraciones de la opinión pública y de las necesidades o intereses del país.
Mas si tales progresos políticos y materiales se han realizado en nuestra patria en el transcurso de cuatro siglos, ¡cuán grandes infortunios no lloraríamos ahora si la muerte, arrebatando en flor a don Miguel I, último vástago varón de las dinastías nacionales, hubiese elevado al trono español a la casa de Austria, convirtiendo a la nación, señora de tantos pueblos, en feudo de una familia ajena a nuestras costumbres, de distinta raza, enemiga de las libertades populares, obligada a amparar derechos patrimoniales en Europa que ni directa ni indirectamente afectaban a la Península, encarnación del despotismo que inmolaba la razón de Estado a un derecho personal, blanco de los odios y rencores de príncipes poderosos, obligada a defender los disgregados territorios de su herencia, y en fin, sin abnegación ni alteza de miras bastantes para deponer el interés privado en aras del vital principio de la nacionalidad ibérica y del afianzamiento de su unidad política y geográfica!
Acaso entonces no se hubiera podido completar definitivamente la fusión de los antiguos reinos, ni se hubiera constituido esta gran potencia europeo-africana, que la locomotora recorre hoy desde las verdes campiñas girondinas hasta las abrasadas regiones del Sahara, salvando el Estrecho de Gibraltar merced a un túnel submarino de veinte kilómetros de longitud.