Por esa razón los delitos que más deben perseguirse en Filipinas, y en los que debe mostrar el Gobierno especialísimo celo, son los delitos contra Religión y personas eclesiásticas, por ser los que vulneran el mayor bien social, y más directamente contrarían á la fundamental obligación que España contrajo al incorporar estas Islas á su Corona. De ahí que no deba permitirse, sino castigarse severamente, la masonería, sociedad anticatólica y antinacional; que deba proscribirse toda propaganda contra los dogmas, preceptos é instituciones de nuestra Santa Madre la Iglesia; que deban castigarse con mayor rigor que cuando se cometen contra otra clase de personas los desafueros contra los clérigos y religiosos, dándoles el carácter que positivamente tienen de sacrilegios; que desde el Gobernador General hasta el último dependiente del Estado todos deban esforzarse por demostrar con su palabra y con su ejemplo, en público y en privado, y sin esas exterioridades convencionales de pura forma social (catolicismo que viene á ser algo así como de mero cumplimiento y cortesía, y que por desgracia tanto abunda), que aman y respetan la Religión Católica, y que estiman en más, cual procede, los deberes para con Dios y para con su Iglesia santa, que cualquier otro deber y obligación, por alta y respetable que sea la institución que lo imponga.
De ahí que el Gobierno de la Nación y las altas autoridades hayan de ser las primeras que deban desechar, no solo en sus actos oficiales, sino en los privados, y como políticos, como escritores, como empleados, como militares, en los diferentes órdenes de la vida social, la idea ridícula y despreciativa que el libre pensamiento ha esparcido contra los sacerdotes y religiosos, permitiéndose hablar de ellos en tono que tan poco honor hace al Clero, y que sabido por los elementos de otras clases sociales inferiores, viene á hacer que cada día se debilite más el respeto al sacerdocio católico, juzgando muchos que la religión de las personas oficiales no es con frecuencia más que una hipocresía social y una práctica de mera conveniencia política. De ahí que el Gobierno deba cuidar con gran diligencia que todo el personal suyo en el Archipiélago tenga arraigadas creencias católicas, para que no se vuelva á dar el triste espectáculo que tantas veces, y con harta profusión hemos presenciado, de que los primeros en contrariar la labor apostólica de las Corporaciones Religiosas son los mismos que por ser funcionarios de un Estado católico debían ser los que más la apoyaran y corroboraran. De ahí que deba impedirse á todo trance que tenga representación ó sucursales en estas Islas toda asociación, junta ó empreas, que, bajo cualquier nombre ó pretexto, incluso el ejercicio de derechos políticos, tienda á sembrar aquí ideas antirreligiosas ó anticlericales, y que proceda restaurar, ó, mejor dicho, robustecer la previa censura para toda clase de libros, impresos y grabados que vengan del exterior y para los que aquí han de ver la luz pública. De ahí que sea cada vez más necesaria la estrecha unión de todos los elementos peninsulares aquí residentes, para que juntos todos al amparo de nuestra divina Religión, de todos acatada y obedecida, podamos resistir con mayor pujanza á los enemigos de la Patria, no demos motivo con nuestras discordias á reforzar el campo rebelde, y en lo posible consigamos levantar los prestigios morales, hoy desgraciadamente bastante decaídos. De ahí tambien la necesidad grande de que en las esferas gubernativas desaparezca una errónea idea, funestísima y grandemente deshonrosa á las Ordenes, que, propagada por espíritus sectarios ó por malos ó tibios católicos, parece ser ya como postulado de muchos políticos de Madrid y de gran parte de los peninsulares que arriban á este Archipiélago.
Concepto denigrante sobre la importancia de las Ordenes y manera con que suelen ser miradas.
Nos referimos al concepto empezado á difundirse desde la revolución del 68, que considera á los Religiosos de Filipinas como un mal necesario, como una institución arcaica con la cual hay que transigir por razones de Estado, como un resorte meramente político y de conveniencia para la Nación, la cual no puede sustituirle con otros. Ese concepto denigrante, manifestado unas veces con franqueza, otras con reticencias ó medias palabras, que hieren más que un cuchillo, conócenlo nuestros declarados enemigos; conócenlo los naturales del país que han estado en la Península; conócenlo, porque se ha propagado en periódicos y otros impresos que han penetrado en el Archipiélago, gran número de indígenas que sin haber salido de Filipinas reciben de eso notable escándalo; y contribuyen á que cunda y se propague por las Islas, cuantos peninsulares nos hacen guerra, ya por preocupaciones antirreligiosas, ya por compromisos de secta, ya por resentimientos personales, ya por ligereza, ya por envidia, pues de todas esas clases tenemos enemigos.
De ese concepto se deriva que en opinión de muchos arrastremos en el país una existencia de conmiseración y de mera condescendencia; que vivamos aquí, más bien que honrados y considerados como cualquiera otra institución metropolítica, tolerados y como de limosna; que en muchos casos parezca que los religiosos somos y valemos menos que los militares, los empleados y los de otras profesiones y carreras; y que con facilidad pasmosa, como á los más desamparados y desvalidos, se nos achaque la culpa de todos los males que afligen al país, sirviendo nuestro nombre de obligado recurso, para escurrir el hombro y eludir responsabilidades, á gobernadores y otros representantes del gobierno y administración de las Islas, cuando les ocurre algún fracaso ó tienen que lamentar en su gestión algún suceso desagradable. Para todos hay indulgencia, para todos excusa, para todos benignidad y ojos de cariño; la época es de transigencias y respetos para toda clase de expansiones, aún con menoscabo de la moral y la justicia: solo lo que á los sacerdotes y religiosos pertenece debe mirarse con desdeñosa altivez, con extremado rigor y despótica exigencia. Todo lo ha de pagar el Religioso: de todo se le ha de echar la culpa: para él han de ser los disgustos, las desazones, las censuras, los desprecios. No parece, Excmo. Sr., sino que somos el anima vilis del Archipiélago.
Esta posición humillante que, como individuos obligados á mayor perfección que la generalidad de los cristianos, soportamos pacientemente, recordando las palabras del Apóstol tamquam purgamenta hujus mundi facti sumus omnium peripsema usque adhuc, y de la que no hablaríamos si el mal se circunscribiera á una de tantas molestias anejas á nuestro ministerio, claro es que no podemos en modo alguno consentirla como clase sacerdotal y religiosa y como corporación española; tanto más cuanto vemos desgraciadamente que ese injurioso y erróneo concepto perjudica grandemente á nuestro ministerio, y hace que cada día vaya siendo menor nuestra influencia en el pueblo que nos está encomendado, combatido, como se halla, viva y tenazmente por todos los agentes perturbadores que han traído la insurrección.
Respeto que merecen como religiosos y como españoles.
Las Corporaciones Religiosas deben ser grandemente honradas y distinguidas (y nos apena mucho, Excmo. Sr., tener que hablar de estas cosas): primero, porque sus individuos están adornados del carácter sacerdotal que entre cristianos es la mayor honra y dignidad que pueden tener los hombres; segundo, porque su misión apostólica ha propagado aquí y conserva las luces del Catolicismo. Son sacerdotes, y son religiosos; y así reunen los dos timbres que mayor veneración inspiran en una sociedad, que sienta algunas necesidades superiores á las materiales ó á las de su altiva razón, divorciada de Jesucristo.
No menos respeto merecen en su línea, como entidades españolas. Además de ser aquí ministros del culto oficial, son personas públicas eclesiásticas, reconocidas por el Estado; viven bajo su salvaguardia, como las entidades militares y civiles; han trabajado y trabajan, tanto por lo menos por la Patria, como cualquier clase española de las existentes en el Archipiélago; y en punto á ilustración, dentro de su respectiva carrera, y en moralidad y virtudes privadas y cívicas, rayan, no sólo colectiva, sino individualmente, á tanta altura como la clase del Archipiélago que se tenga por más alta y prestigiosa.
Hay una razón especialísima y de extraordinaria importancia para que ese respeto lo sancionen las leyes y lo afiancen las costumbres, y es que el Religioso en sus respectivos ministerios viene á ser por regla general el único peninsular y por lo tanto, el único representante de la Metrópoli en la mayoría de los pueblos filipinos; y por consiguiente, el prestigio español está grandemente interesado en que se le rodee de tales consideraciones y garantías, que estos habitantes, lejos de ver, como, por desdicha, han visto no pocas veces, que se le desprecia y rebaja, se confirmen cada día más en la idea tradicional de que su cura ó misionero es, á la par que el ministro de Dios, el representante de España, alto concepto que tanto ha redundado y redunda en favor de la Metrópoli, y tanto dice en honor de todas las entidades españolas.