Tal era el estado de Moxos en el citado año de 1767 en que fueron espulsados los Jesuitas de todas sus posesiones. Obedeciendo á una simple órden que les fué trasmitida por la audiencia de Charcas, retiráronse estos misioneros, un siglo despues de su primera entrada en esta dilatada provincia, dejando en ella, en vez de tribus hostiles y salvages, una poblacion medio civilizada y en las mas completa armonía.
Cuarta época, desde la espulsion de los Jesuitas hasta 1832.
Tan luego como se alejaron los Padres jesuitas, Francisco Ramon de Herboso, obispo de Santa-Cruz, dió un reglamento, aprobado por la audiencia de Charcas, el cual ordenaba que se conservasen todas las instituciones de aquellos religiosos, siendo estos reemplazados por curas, á cuya arbitrio se abandonó el gobierno espiritual y temporal de las misiones. Este reglamento autorizaba tambien la libertad del comercio con los habitantes de Santa-Cruz. La provincia de Moxos recibió ademas, un gobernador escogido entre los capitanes de la real armada, pero sin poderes para intervenir en la administracion de los curas, de donde resultaron naturalmente grandísimos desórdenes. Estos curas, careciendo de una educacion especial para la direccion de los ramos de industria, y sin conocimiento alguno del lenguage, no se ocuparon de otra cosa que de sus intereses personales. En los veintidos años que permanecieron en sus curatos, «los efectos,» como dice Viedma[1], «fueron muy contrarios á las esperanzas de conservar y aun adelantar aquellas misiones, pues en el tiempo que gobernaron los pueblos sus curas, vinieron á quedar un triste esqueleto de lo que habian sido. Los quince de Moxos se redujeron á once, y su opulencia, parte de ella trasplantada á los dominios portugueses, causando los progresos de sus establecimientos que tanto nos perjudican. Los infelices indios perdieron aquella inocencia de su buena educacion. El vicio florecia á la sombra del ocio, con el olvido de las preciosas artes que solo para la utilidad del cura hacian despertar aquellos miserables con el rigor y la violencia. Los gobernadores autorizados testigos de tantos desórdenes, no podian poner remedio por serles prohibido mezclarse en el gobierno económico de los curas, y las quejas y representaciones no alcanzaban la fuerza necesaria.»
[Nota 1: Informe, pág. 140, §498.]
Las misiones de San-José, de San-Borja, de San-Martin y de San-Simon fueron entónces abandonadas por los curas.
Siguiendo adelante los abusos, llegaron á ser intolerables; empero, entre los gobernadores españoles, mudos testigos de tan lamentable estado de cosas, á que no les era dado poner remedio, hubo uno que se atrevió á levantar la voz: este fué don Lazaro de Rivera, quien presentó sucesivamente á la audiencia de Charcas, en 1786 y 1787[1], varias memorias, expresando el voto de los habitantes de San-Pedro, de Trinidad y de Concepcion, que deseaban pagar el real tributo, y sustraerse al estremado rigor con que se veian tratados por los curas, quienes frecuentemente los hacian azotar por mero capricho, en tanto que escandalizaban al pueblo con la depravacion de sus costumbres. En uno de estos actos, los jueces de Trinidad declararon, que su cura habia mandado poner en el cepo, despues de haberle hecho dar cien azotes, á un indio, cuyo delito era haber obedecido, sin su licencia, á una órden del teniente-cura.
[Nota 1: Tengo en mi poder todas estas memorias, de que estraigo las circunstancias referidas.]
Habiendo sido infructuosas las diligencias practicadas por don Lazaro de Rivera para hacer que los indios fuesen sometidos al tributo, logró á lo ménos, en 1789, que se adoptase un nuevo plan de reforma, que consistia en dejar á cargo de los curas el poder espiritual, miéntras que la direccion industrial de cada mision seria confiada á un administrador secular, encargado de servirse para ello de las antiguas reglas establecidas por los Jesuitas. Este nuevo reglamento prohibia el comercio bajo las penas mas rigurosas; por manera que los indios vinieron á verse mas esclavos que lo habian sido ántes, y á tener, en vez de un absoluto señor, dos, cuyas continuas disidencias y mala conducta hicieron mas rápida la ruina de las misiones. No obstante, en el primer año que rigió el nuevo reglamento, todavía pudo la provincia suministrar al Estado la suma de cuarenta y seis mil duros.
Don Francisco Viedma[1], intendente de Cochabamba, movido por los sentimientos mas liberales, quiso sustraer de la esclavitud á los habitantes de Moxos; pidió la emancipacion de esta provincia, y su sometimiento á las leyes que regian las demas posesiones españolas del nuevo mundo; pero la audiencia de Charcas sostuvo el reglamento de Rivera, que en 1832 aun servia de régimen á los administradores.
[Nota 1: Informe, pág. 142, § 505.]