Diccionario
manual,
y Diccionario
crítico-burlesco.
Pararon mucho en este tiempo la consideración pública dos producciones intituladas, la una «Diccionario razonado manual», y la otra «Diccionario crítico-burlesco», no tanto la primera por su mérito intrínseco, como por la contestación que recibió en la segunda, y por el estruendo que ambas movieron. El Diccionario manual, parto de una alma aviesa, enderezábase a sostener doctrinas añejas, interpretadas según la mejor conveniencia del autor. Censuraba amargamente a las Cortes y sus providencias, no respetaba a los individuos, y bajo pretexto de defender la religión, perjudicábala en realidad, y la insultaba quizá no menos que al entendimiento. Guardar silencio hubiera sido la mejor respuesta a tales invectivas; pero Don Bartolomé Gallardo, bibliotecario de las Cortes, hombre de ingenio agudo mas de natural acerbo, y que manejaba la lengua con pureza y chiste, muy acreditado poco antes con motivo de un folleto satírico y festivo nombrado «Apología de los palos», quiso refutar, ridiculizándole, al autor de la mencionada obra. Hízolo por medio de la que intituló «Diccionario crítico-burlesco», en la que desgraciadamente no se limitó a patentizar las falsas doctrinas y las calumnias de su adversario, y a quitarle el barniz de hipocresía con que se disfrazaba, sino que se propasó, rozándose con los dogmas religiosos, e imitando a ciertos escritores franceses del siglo XVIII. Conducta que reprobaba el filósofo por inoportuna, el hombre de estado por indiscreta, y por muy escandalosa el hombre religioso y pío. Los que buscaban ocasión para tachar de incrédulos a algunos de los que gobernaban y a muchos diputados, halláronla ahora, y la hallaron al parecer plausible por ser el Don Bartolomé bibliotecario de Cortes, y llevar con eso trazas de haber impreso el libro con anuencia de ciertos vocales. Presunción infundada, porque no era Gallardo hombre de pedir ni de escuchar consejos; y en este lance obró por sí, no mostrando a nadie aquellos artículos que hubieran podido merecer la censura de varones prudentes o timoratos. Sensación
que causa
el Diccionario
crítico-burlesco. La publicación del libro produjo en Cádiz sensación extrema, y contraria a lo que el autor esperaba. Desaprobose universalmente, y la voz popular no tardó en penetrar y subir hasta las Cortes.
Sesión de Cortes,
y resolución
que provoca.
En una sesión secreta celebrada el 18 de abril fue cuando allí se oyeron los primeros clamores. Vivos y agudos salieron de la boca de muchos diputados, de cuyas resultas enzarzáronse graves y largos debates. Había señores que querían se saltase por encima de todos los trámites, y se impusiese al autor un ejemplar castigo. Otros más cuerdos los apaciguaron, y consiguieron que se ciñese la providencia de las Cortes a excitar con esfuerzo la atención del gobierno. Ejecutose así en términos severos, que fueron los siguientes: «que se manifieste a la regencia la amargura y sentimiento que ha producido a las Cortes la publicación de un impreso titulado «Diccionario crítico-burlesco», y que en resultando comprobados debidamente los insultos que pueda sufrir la religión por este escrito, proceda con la brevedad que corresponda a reparar sus males con todo el rigor que prescriben las leyes; dando cuenta a las Cortes de todo para su tranquilidad y sosiego.»
Aunque impropia de las Cortes semejante resolución, y ajena quizá de sus facultades, no hubiera ella tenido trascendencia muy general, si hombres fanáticos o que aparentaban serlo, validos de tan inesperada ocurrencia, no se hubiesen cebado ya con la esperanza de establecer la Inquisición. Nunca en efecto se les había presentado coyuntura más favorable; cuando atizando unos y atemorizados otros, casi faltaba arrimo a los que no cambian de opinión o la modifican por solo los extravíos o errores de un individuo.
Tentativa
para restablecer
la Inquisición.
En la sesión pública de 22 de abril levantose, pues, a provocar el restablecimiento del Santo Oficio Don Francisco Riesco, inquisidor del tribunal de Llerena, hombre sano y bien intencionado, pero afecto a la corporación a que pertenecía. No era el Don Francisco sino un echadizo; detrás venía todo el partido antirreformador, engrosado esta vez con muchos tímidos, y dispuesto a ganar por sorpresa la votación. Pero antes de referir lo que entonces pasó, conviene detenernos y contar el estado de la Inquisición en España desde el levantamiento de 1808.
Estado
de aquel tribunal.
En aquel tiempo hallose el tribunal como suspendido. Le quiso poner en ejercicio, según insinuamos, la Junta central, cuando en un principio, inclinando a ideas rancias, nombró por inquisidor general al obispo de Orense. Pero entonces además del impedimento que presentaron los sucesos de la guerra, tropezose con otra dificultad. Nombraban los papas a propuesta del rey los inquisidores generales, y les expedían bulas atribuyéndoles a ellos solos la omnímoda jurisdicción eclesiástica; de manera que no podían reputarse los demás inquisidores sino meros consejeros suyos. Estos, sin embargo, sostenían que en la vacante correspondía la jurisdicción al Consejo supremo; pero sin mostrar las bulas que lo probasen, alegando que habían dejado todos los papeles en Madrid, ocupado a la sazón por los enemigos. Excusa al parecer inventada, e inútil aun siendo cierta, no pudiendo considerarse como vacante la plaza de inquisidor general, pues el último, el señor Arce, no había muerto, y solo, sí, se había quedado con los franceses. Cierto que se aseguraba haber hecho renuncia de su oficio en 1808; mas no se probaba la hubiese admitido el papa, requisito necesario para su validación, por estar ya interrumpida la correspondencia con la Santa Sede; cuya circunstancia impedía asimismo la expedición de cualquiera otra bula que confirmase el nombramiento de un nuevo inquisidor general. En tal coyuntura, no siéndole dado a la Junta suplir la autoridad eclesiástica por medio de la civil, y no constando legalmente que le fuese lícito al Consejo supremo de la Inquisición sustituirse en lugar de aquella, se estancó el asunto, coadyuvando a ello los desafectos al restablecimiento, que se agarraron de aquel incidente para llenar su objeto y aquietar las conciencias tímidas. Sucedió la primera Regencia a la Junta central, y en su descaminado celo o mal entendida ambición, ansiosa de reponer todos los consejos, conforme en su lugar apuntamos, repuso también el de la Inquisición. Mas los ministros de este tribunal prudentes, conociendo quizá ellos mismos su falta de autoridad, y columbrando a donde inclinaba la balanza de la opinión, mantuviéronse tranquilos sin dar señales de vida, satisfechos con cobrar su sueldo y gozar de honores en expectativa quizá de mejores tiempos.
Instaláronse las Cortes, cuyo comienzo y rumbo parecía desvanecer para siempre las esperanzas de los afectos al Santo Oficio. Una imprudencia entonces, semejante a la de Gallardo ahora, aunque no tan inconsiderada, reanimóselas fundadamente. Poco después de la discusión de la libertad de la imprenta, hallándose todavía las Cortes en la Isla de León, se publicó un papel intitulado la triple alianza, su autor Don Manuel Alzáibar, su protector el diputado Don José Mejía, su contenido harto libre. Tomaron las Cortes mano en el asunto, que provocó una discusión acalorada, decidiendo la mayoría que el papel pasase a la calificación del Santo Oficio. Contradicción manifiesta en una asamblea que acababa de decretar la libertad de la imprenta, e inexplicable a los que desconocen la instabilidad de doctrinas de que adolecen cuerpos todavía nuevos, y la diferencia que en la opinión mediaba en España entre la libertad política y la religiosa; propendiendo todos a adoptar sin obstáculo la primera, y rehuyendo muchos de la otra por hábito, por timidez, por escrupulosa conciencia o por devoción fingida. Entre los diputados que admitieron el que pasase a la Inquisición el asunto de la triple alianza, los había de buena fe, aunque escasos de luces; y había otros muy capaces que se fueron al hilo de la opinión extraviada. Más adelante convirtiéronse muchos de ellos en acérrimos antagonistas del mismo tribunal, o por haber adquirido mayor ilustración, o por no ver ya riesgo en mudar de dictamen.