Artículo fue este inoportunamente añadido, y que desde luego debió temerse serviría de tropiezo para llevar adelante la negociación; cuanto más presentándose de improviso y sin anterior acuerdo con la potencia aliada. En primeros de julio replicó el ministro de S. M. B. en Cádiz algo sentido, y dejando ya vislumbrar no se accedería a la condición secreta agregada por la Regencia a las otras seis de las Cortes.
En efecto así sucedió; y con tanta tardanza que solo al rematar enero de 1812 recibió el gabinete español la respuesta del de Londres. Tal negativa parecía indicar haberse roto del todo las negociaciones pendientes, cuando se supo que comisionados británicos llegaban a Cádiz para renovar los tratos y pasar en seguida a América con intento de llevarlos a cabo. Desembarcaron pues dichos comisionados, que se llamaban Sydenham y Cockburn, siendo el último el mismo que en 1815, ya almirante, condujo a Bonaparte a la isla de Santa Elena: y aunque entraron en Cádiz por abril, el ministro inglés, ya embajador, no hizo gestión alguna hasta el 9 de mayo, en que pasó una nota recordando el asunto, si bien insistiendo siempre en desechar la condición séptima, y con la añadidura ahora de que no hubiese en la negociación artículo alguno secreto. Don José Pizarro, sucesor de Don Eusebio de Bardají y Azara en el ministerio de Estado, habiéndose opuesto constantemente a que se suprimiese la base origen de disenso, quiso retirarse del ministerio más bien que variar de dictamen; a lo menos así lo ha dejado consignado en una apuntación escrita de su puño que hemos leído en el expediente. Sustituyole interinamente Don Ignacio de la Pezuela, ministro entonces de Gracia y Justicia, quien, en el mismo mayo, celebró varias conferencias con sir Henry Wellesley, cruzándose al propio tiempo entre ambos algunas notas acerca del asunto.
De aquí resultó el convenirse recíprocamente las dos potencias contratantes en la supresión del artículo 7.º; pero refundiendo parte de su contenido en el 6.º, aunque no tan lata y explícitamente. Mas cuando el gobierno español creía allanadas por este medio todas las dificultades, hallose con que el embajador inglés dando por supuesta la total desaparición de la base 7.ª sin añadir nada en la 6.ª, pedía en una nota de 21 de mayo a nombre y por orden especial de su gabinete que la mediación se extendiese a todas las provincias de Méjico, o sea Nueva España. Admirada la Regencia del reino de tan inesperado incidente, y ofendido el recto e inflexible ánimo del ministro Pezuela de las tergiversaciones que parecía querían darse a las conferencias celebradas, (* Ap. n. [21-10].) respondió [*] en 25 del propio mes con entereza amistosa, recordando al de Inglaterra no olvidase que lo ajustado no era suprimir del todo el artículo 7.º, sino refundirlo en el 6.º, concluyendo por afirmar que la Nueva España «no podía ser comprendida en la mediación, no habiendo sido provincia disidente ni computada para el efecto.»
(* Ap. n. [21-11].)
No desistió por eso Wellesley de su demanda, pasando una nota en [*] 12 de junio, en que fijaba diez proposiciones que debían servir de base a la nueva negociación. Entre ellas notábase una para restablecer la libertad de comercio dando ciertas ventajas y preferencia a la madre patria; y otras dos, la 9.ª y la 10.ª, muy reparables, pues de su contexto inferíase que más bien que a mantener la antigua monarquía unida y compacta se tiraba a formar con las provincias de ultramar un nuevo gobierno federativo, exigiéndose solo de ellas cooperación y auxilios para sustentar la guerra actual contra la Francia, y no la obligación de concurrir al propio fin por los mismos medios y en iguales proporciones que las provincias peninsulares. Esto, y el alegar el embajador inglés en otra nota del 4 de julio ser meramente gratuitos los servicios hechos a la causa española, como si no tuviese la Gran Bretaña interés directo en la empeñada lucha, desazonó bastante a nuestro gobierno, y también disgustó en el público luego que se traslució más el punto de que se trataba. (* Ap. n. [21-12].) En la nota citada arriba, afirmaba el embajador Wellesley [*] «que los gastos del armamento naval y terrestre de la Gran Bretaña en la Península no eran menos que de 17.000.000 de libras esterlinas al año, a cuya suma debía añadirse el socorro anual de 2.000.000 de libras esterlinas a Portugal y 1.000.000 a la España, en letras giradas contra la tesorería de S. M. B., de las armas, aprestos etc., etc...»
Singular cuenta en que figuraban como principales partidas y a manera de cargo contra España el coste de la marina y ejército británico empleados en la Península, los auxilios suministrados a Portugal, y un millón de letras giradas por nuestra tesorería contra la de Inglaterra; sin que al propio tiempo apareciese en descargo el hallarse la Gran Bretaña tan interesada como los peninsulares en derrocar de su asiento al coloso de Francia, el no pertenecer a España el abono de los socorros suministrados a Portugal, y el haber en fin reembolsado a su aliada sucesivamente las cantidades anticipadas por el giro de letras en valores recibidos de América, o en pagarés librados contra las arcas del Perú y de Méjico, que en lo general fueron puntualmente pagados. No añadiremos en este recuento los muchos mercados que se abrieron a la industria y comercio inglés en toda la América y también en la Península, los cuales hubiéranse mantenido cerrados sin el levantamiento contra Napoleón, y no acrecieran con abundantes ingresos, como se verificó, la suma de sus exportaciones. Además, ya lo insinuamos, pero bueno será repetirlo: grande sacrificio fue el de la expedición de Walcheren y mayores otros que en distintos puntos del continente había hecho la Inglaterra sin fruto ni favorable salida, y no por eso se pregonaron tanto como los nuestros, ni se echaron en cara tan injusta ni rudamente.
La sensación y desagrado que produjeron tan intempestivas observaciones y las oportunas con que contestó a ellas la Regencia del reino, desesperanzaron al embajador inglés del logro de la negociación; tomando de aquí pie para despedirse de nuestro gobierno, en 9 de julio, los comisionados ingleses, con resolución de regresar a su patria. Suspendieron, sin embargo, estos su partida por algunos días aguardando se tratase del asunto en las Cortes, a cuya deliberación se había elevado el expediente a instancias repetidas del embajador inglés, creído de hallar allí firme apoyo.
Examinose, pues, la materia en secreto y se discutió detenidamente a mitad de julio, pronunciándose en pro y en contra discursos muy notables. Don Andrés Ángel de la Vega sostuvo con talento y esfuerzo la mediación aun bajo los mismos términos y bases que últimamente había indicado la Inglaterra: rebatiéronle con especialidad Don Agustín de Argüelles y el conde de Toreno, que aunque no opuestos a la mediación, y antes bien apoyadores de ella siempre que se verificase conforme a las seis bases propuestas por las Cortes, la desechaban, según ahora se ofrecía, variadas las primeras condiciones y sustituidas con las diez insinuadas. Arrimose la gran mayoría de las Cortes al dictamen de estos dos vocales, y redújose la decisión a dar una respuesta vaga que, envolviendo la tácita aprobación de la conducta de la Regencia, no llenaba en manera alguna los deseos de sir Enrique Wellesley. Decíase en ella sencillamente al gobierno «que las Cortes quedaban enteradas de la correspondencia seguida sobre la mediación entre el embajador inglés y el secretario de Estado»; con lo cual desmayó del todo el primero en su intento, embarcándose luego para Inglaterra los comisionados que al efecto habían aportado a Cádiz.
Terminose así, y tan poco satisfactoriamente este asunto, por cierto de grande interés, pero empezado y seguido con desconfianza mutua y temores nimios. Porque receloso el gobierno español sobradamente de que no obrase de buena fe la Inglaterra, imaginose sin fundamento bastante que aquel gabinete andaba solo tras de la independencia de América, y exigió de él en la base 7.ª un seguro exagerado y fuera de razón. Manejaron los ingleses las negociaciones con harto desmaño e irresoluto giro, alegando beneficios, que aunque fuesen tales como los pintaban, no era ni generoso ni político traerlos entonces a la memoria, pidiendo de súbito y livianamente se extendiese a Méjico la pacificación, y esquivando siempre soltar prendas que los comprometiesen con los independientes, a cuyos gobiernos agasajaban por miras mercantiles, y temerosos de los acontecimientos diversos que podría acarrear la guerra peninsular.
En septiembre del mismo año volvieron los ingleses a resucitar el negocio, mas flojamente y de modo que no tuvo otra resulta sino el de que pasase el expediente al consejo de Estado. Permaneció allí hasta el mayo de 1813, que se devolvió al gobierno supremo acompañado de una consulta muy larga, y cuyo trabajo sirvió tan solo para aumentar en los archivos el número de documentos que hace olvidar el tiempo por mucho esmero que se haya puesto al escribirlos.