[73] Ley del Congreso de 24 de Setiembre de 1789, sec. 22. En el caso de "Gordon v. Ogden" and "Smith v. Honey," 3 Peters V. S. 33.469, se declaró que cualquiera que fuere el monto de la cantidad reclamada por el actor en el tribunal inferior, si la que se falló en su favor no llegaba á $2,000, y era el demandado el que habia interpuesto el recurso de error, la corte careceria de jurisdiccion para conocer del caso; pero que la tendria expedita, si era el actor quien habia entablado el recurso, y la cantidad que reclamaba pasaba de $2,000; pues que en caso de revocarse el fallo inferior, puede recobrar la que él habia demandado. "Knapp v. Bantls," 2 Howard U. S. 73. "Bennett v. Butterworth," 8 How, U. S. 124.
En virtud de una ley expedida por el Congreso el 31 de Mayo de 1844, la Suprema Corte tiene jurisdiccion para conocer en apelacion de los negocios de hacienda (revenue cases) sea cual fuere la cantidad disputada, siempre que la sentencia apelada fuere dada por algun tribunal de circuito de los Estados Unidos. "The United States v. Carr" 8 Howard, U. S. 1. No ha lugar á la apelacion, si hecho el cómputo definitivo, se viere que la cantidad no puede exceder de dos mil pesos. "Swall v. Chamberlain," 5 Howard, U. S. 6. La Suprema Corte no tiene jurisdiccion para conocer en apelacion del fallo de un tribunal de Circuito, denegando el recurso de Habeas Corpus, entablado por un padre para sacar á su hijo del lado de la madre, porque la materia disputada, por su misma naturaleza, no es susceptible de estimarse en dinero, y no puede aplicarse por lo mismo la regla que fija la jurisdiccion. "Barry v. Mercein," (5 Howard, U. S. 103). Aunque las partes interesadas convengan en que el valor de la cosa disputada excede de dos mil pesos, si de autos resultare ser menor que esa cantidad, el tribunal deberá desechar la apelacion intentada. "Gruner v. United States," (11 Howard U. S. 163). El tribunal no computa los intereses para fijar el valor de la cosa «Udall v. Ohio,» 17 Howard, U. S. 17 «Olney U. Talcon,» id. 19.
En el caso de Metzger, (5 Howard, V. S. 176) un juez de Distrito durante el receso del tribunal [Sitting at Chambers] resolvió que habia causa suficiente para la extradicion de una persona, cuya entrega habia pedido el gobierno francés, y la arrestó en espera de la órden del Presidente de los Estados Unidos; la Suprema Corte declaró que ella no tenia jurisdiccion para conceder el recurso de habeas corpus con el objeto de revisar la decision del juez. Mas véase en este mismo caso de Metzger, 1 Bart. New York 248; allí aparece que se negó la autoridad del juez de Distrito de los Estados Unidos, y el preso fué puesto en libertad por un juez del Estado. Véase «In re Kaine,» 14 Howard, U. S. 103.
[74] Ley de 24 de Setiembre de 1789, sec. 14. Véanse «United States v. Hamilton.» 3 Dallas, 17; «Ex parte Bollman,» 4 Cranch, 75; «Ex parte Kearney», 7 Wheaton, 38. «Ex parte Watkins,» 7 Peters U. S. 568. Por los principios y prácticas del derecho, no deben entenderse aquí los principios y prácticas dimanadas de las disposiciones legislativas de ningun Estado en particular, sino de aquel derecho que lleva mucho tiempo de establecido, es generalmente reconocido y forma la base de las leyes de todos los Estados, como lo dijo el Presidente de la Suprema Corte de los Estados Unidos Mr. Marshall en el caso «United States v. Burr.» El «Judiciary Act» de 1789, sec. 17, daba á los tribunales de los Estados Unidos facultad discrecional de castigar con multas ó prision las faltas de respeto á su autoridad, cometidas en las causas que pendieran ante ellos; pero la ley de 2 de Marzo de 1831, c. 99 la restringió declarando que la facultad de expedir «attachments» é imponer castigos procediendo sumariamente, solo tendria lugar en los casos de irrespetuosidad cometida en presencia del mismo tribunal, ó tan cerca del local en que se instala, que obstruya la administracion regular de la justicia: malversacion de sus empleados en actos oficiales; y desobediencia ó resistencia, sea de los mismos empleados ó de los litigantes, jurados, testigos ú otras personas, cualesquiera que fuesen, á las disposiciones, reglas, decretos ó mandamientos legalmente expedidos por dichos tribunales.
Estas prevenciones fueron adoptadas en el Estado de Tennessee por su ley de 1831, y en el de Ohio por la de 1834, que puso algunas trabas á esta facultad de los tribunales, con el fin de que fuera mas tardía su ejecucion, disponiéndose que el cargo se hiciera por escrito, oyéndose la defensa de la parte acusada, por sí ó por su abogado. Los tribunales ingleses tienen facultades mas extensas. En el caso, «The King v. Clement,» (4 B and Ald 218, 11 Price, 68, S. C.) debian ser juzgadas varias personas sucesivamente por un mismo acto de traicion, ante el tribunal de «Oyer and Terminer.» Este prohibió que se publicaran sus procedimientos hasta que se hubieran concluido todas las sumarias, y declaró que el haberse hecho la publicacion, infringiendo su órden, era una falta punible con multa ó prision, y que podia ser multada en rebeldía la parte culpable, que se resistiera á comparecer ante el tribunal despues de haber sido emplazada al efecto. Parece que una buena administracion de justicia, requiere indispensablemente que exista y se ejerza esa facultad en casos semejantes. Pero á pesar de esto, la precitada ley de 1831, habla de toda falta cometida fuera del tribunal, por medio de libelos difamatorios contra los magistrados, las partes y las causas pendientes, prohibiendo á los tribunales que procedan contra los culpables expidiendo «attachments» ó castigándolos sumariamente, lo que es una restriccion muy considerable, por no decir poco cuerda, de las facultades discrecionales que desde tiempo inmemorial han ejercido los tribunales sobre las faltas cometidas á su autoridad. Pero en el «System of Penal Law» escrito para el Estado de Louisiana por Mr. Edward Livingston casi se privó á los tribunales de toda facultad para librarse de ser insultados. Ese Código contenia disposiciones sobre faltas cometidas en la presencia del tribunal por palabras, clamores, ruidos, desobediencia á las órdenes legítimas, violencia y amenazas. Contenia tambien algunas relativas á las irrespetuosidades que consisten en usar de expresiones descomedidas, despreciativas ó insultantes, dirigidas á los jueces ó contra ellos, con intencion de insultar, sea verbalmente ó en los alegatos y escritos que se presentaren á los mismos jueces en cualquiera causa pendiente. ¿Pero de qué manera debe procederse? Por medio de una sumaria, (que podria formarse en otro período de sesiones del tribunal) y el jurado debe calificar la intencion, y si las palabras fueron ó no descomedidas, despreciativas ó insultantes. Nada se dispone absolutamente respecto á los gestos ó miradas insultantes. [Código, tít. 5, c. 11]. Los «Revised Statutes» del Estado de New York, vol. II [4.ª edic.] trataron esta materia con mas moderacion y juicio, respetando mas el honor y decoro de los tribunales, tan necesarios para que la administracion de justicia sea ordenada, pura, independiente é imparcial. Facultan á todo «court of record» para castigar sumariamente los actos desordenados, despreciativos ó insolentes, cometidos en la inmediata presencia del tribunal, con tendencias á impedir sus procedimientos y faltar al respeto que se debe á su autoridad; la perturbacion de la tranquilidad pública: los gritos y tumultos que tienen por inmediato objeto interrumpir sus disposiciones: la desobediencia ó resistencia voluntaria á las órdenes legítimas, y la publicacion de noticias falsas ó muy exageradas de sus actos. Los comisionados nombrados para revisar el Código civil de Pennsylvania, en su exposicion de Enero en 1835, siguieron sustancialmente las disposiciones de la ley expedida por ese Estado en 1809, y limitaron la facultad de los tribunales para reducir á prision, únicamente á las faltas de respeto cometidas en pleno tribunal. Fuera de allí, ninguna publicacion contra los magistrados, empleados del tribunal, jurados, testigos ó partes interesadas en cualquier negocio pendiente en el mismo, puede sujetar al culpable á ser sumariamente castigado; y las personas agraviadas solo tendrian el remedio de entablar una accion civil ó criminal contra él. La ley del mismo Estado de 16 de Junio de 1836 contiene la misma disposicion. En el caso «Ex parte Poulson,» que resultó de un incidente intentado en el tribunal de circuito de la Union del distrito oriental de Pennsylvania en 1835, en el asunto de «Drew v. Surift,» pidiendo que se mandara á Poulson, editor de un diario, que expusiera que razones podia alegar para que no se le multara ó se le redujera á prision por haber publicado un artículo difamatorio contra el actor, durante la litispendencia, el Magistrado Baldwin creyó que debia denegar la solicitud en virtud de la ley del Congreso de 1831. Esa ley habia quitado á los tribunales de la Union la facultad dimanada del derecho comun para protejer á los litigantes, empleados judiciales, testigos y aún á los mismos tribunales, contra las difamaciones de la prensa, aunque fueran atroces, y se publicaran y circularan durante la litispendencia. El caso que tenia á la vista le estaba probando de una manera muy palpable la sinrazon de la ley, dejando sin proteccion á un litigante en el momento en que mas la necesitaba y cuando el mal que se le causa pudiera ser grave é irreparable. La falta de semejante proteccion, y la injusta desconfianza que implica la denegacion de la facultad que confiere el derecho comun á los tribunales para castigar la irrespetuosidad, tienden á producir en la opinion pública el menosprecio á la administracion de justicia.
Ultimamente se ha restringido mucho en Inglaterra la facultad de los tribunales para castigar sumariamente la irrespetuosidad. En el caso «The King v. Faulkner» [2 Mont. &. Ayr: cases in Bank. 311] el tribunal del Exchequer declaró que un solo comisionado del Court of Bankruptcy, no estando presentes sus colegas, no tenia facultad para castigarla, aunque fuera muy grave ó personal.
«In re Sheriff of Surry,» [2 Fost. & Finl. 234], se declaró que el Sheriff habia faltado al tribunal, dirigiendo la palabra al gran jurado en plena sesion contra la órden terminante del juez, y fijando un papel en las paredes, en que desaprobaba y protestaba contra una disposicion del tribunal que mandaba que salieran de la sala de audiencia las personas que allí habia.
[75] Leyes del Congreso de 24 de Setiembre de 1789, sec. 14, Marzo 2 de 1833, c. 57, sec. 7, y Agosto 29 de 1842, c. 257. La última se dió con motivo del caso de McLeod, á quien se formó una sumaria por homicidio, por haber pasado en la noche el rio Niágara, con una fuerza armada, apoderándose y destruyendo el vapor «Caroline» que estaba atracado en la orilla americana, causando la muerte de un ciudadano americano. McLeod alegó que habia procedido obedeciendo las órdenes del gobierno canadiense, y el gobierno británico asumió la responsabilidad; pero las autoridades judiciales de New York desestimaron la excepcion, y sujetaron á McLeod á un juicio. Véase 1 Hill, 377 y 25 Wendell 483.
En el caso de «Buron v. Deuman,» (2 Exch. 167), se declaró que la ratificacion de los actos de un individuo por el gobierno, los constituia actos del Estado, por los cuales solamente la corona era responsable.
[76]Leyes de 29 de Abril de 1802, c. 31; 3 de Marzo de 1837, c. 34; 22 de Febrero de 1838, c. 12, y 16 de Agosto de 1842, c. 180.