[187] En virtud de la facultad constitucional de que nos ocupamos, el Congreso puede prescribir cualquiera disposicion relativa á reglamentar el comercio; y en virtud de la que tiene para acuñar moneda, puede dictar las que estime oportunas para proteger el cuño nacional. Es por lo mismo constitucional la ley de 3 de Marzo de 1825 que impone penas á los que introduzcan moneda falsificada á los Estados Unidos con intencion de hacerla circular, así como para los que la circulen, &c. "The United States v. Marigold," (9 How U. S.).

[188] En el caso de Sinnot v. Davenport [22 Howard U. S. 227] se declaró que la ley del Estado de Alabama, que impuso á los dueños de los vapores que navegan en aguas del Estado, la obligacion de dar una noticia con expresion del nombre del vapor, nombres y vecindad de sus dueños, y el interés que cada uno representara antes de que dichos vapores salieran del puerto de Mobila, era nula respecto á los buques que tenian la correspondiente licencia para hacer el comercio de cabotage conforme á las leyes del Congreso. Tambien la Suprema Corte de New York en el caso de Cisco v. Roberts, [6 Boser. 494] declaró que no tenian fuerza obligatoria las leyes que expidió el Estado reglamentando el pilotage, cuando el Congreso ya habia legislado sobre el particular, en uso de sus facultades. De la misma manera es nula la ley del Estado de California, que impuso un derecho de sello sobre las facturas del oro y la plata que se exportaran del Estado, por ser un derecho sobre artículos de exportacion, Almy v. California (24 Howard U. S. 169.)

[189] El año de 1846, la facultad de reglamentar el comercio entre los diversos Estados, sufrió un debate muy luminoso en el tribunal de Distrito de la federacion en Missouri, tratándose del caso The United States v. The Steamboat James Morrison [relatado en el «New York Legal Observer,» Setiembre de 1846] en el que se revisó, ilustró y aplicó la doctrina asentada en el caso «Gibbons v. Ogden,» con la limitacion, que no contraría el principio en que se fundó esa ejecutoria, de que los ferry boats, [botes de vapor que cruzan de una orilla á otra] que no salen de los límites del Estado, no necesitan licencia de la federacion segun la ley de 7 de Julio de 1838, pues dicha facultad no abraza una navegacion de un carácter tan señaladamente interior y que ninguna conexion tiene con el comercio de fuera del Estado. La ley exige la licencia para hacer el comercio de cabotaje, y aquí no se trataba de eso. Pero se admitió, sin embargo, que era comercio de cabotaje el que hacia un buque entre dos ó mas puertos de rio de un mismo Estado, siempre que se enlaza y formara parte divisible de un comercio general entre dos ó mas Estados. En el Estado de New York hay una decision anterior á ésta, que la contraría abiertamente, y es la que dió en el caso «The United States v. Jackson,» el tribunal del Distrito meridional del Estado, en 1841 (N. York Legal Observer, Diciembre de 1846.) En ella se declaraba que la mencionada ley de 1838, comprendia toda clase de buques, sin excepcion alguna, movidos exclusiva ó parcialmente por vapor; que todo buque de vapor necesitaba la licencia é inspeccion, sea cual fuere el comercio á que se dedicara, ó los lugares entre los cuales hiciera viajes, hallándose comprendidos en esta disposicion aun los ferry boats que cruzaban entre puntos situados en un solo Estado.

[190]En el caso de «Cumming v. Corporation of Savannah,» uno de los tribunales superiores del Estado de Georgia declaró en 1816, que era legal la recaudacion de un impuesto municipal decretado por una ley de un Estado, sobre todo producto, que no siendo del mismo Estado, era remitido para venderse allí en comision, y que no podia tenerse como un derecho sobre importaciones. (R. M. Charlton 26). En el caso de «Green v. The City of Savannah» [ibid 368] se declaró que los Estados tienen derecho de imponer contribuciones tanto á las importaciones como á las exportaciones, para el efecto de hacer cumplir sus leyes de inspeccion. Así tambien se ha declarado que no era contraria á la constitucion federal la ley de un Estado imponiendo una contribucion á los vendedores al menudeo de mercancías extrangeras, apesar de que la ley comprendia tanto á los importadores como á los demás vendedores de esa clase de mercancías. «Biddle v. The Commonwealth,» [13 Serg. &c. Rawle, 405]. Pero la decision de este caso puede considerarse como revocada por la que se dió en el de «Brown V. State of Maryland,» que ya hemos citado, pues tiende á prohibir al importador á que venda el artículo importado por bultos, y el derecho de vender está inseparablemente enlazado con la ley que permite la importacion[190a]. La ley del Estado de Pennsylvania en que se fundaba la decision, era válida como se habia publicado al principio, sin la enmienda que tuvo despues, porque eximia á los importadores que vendian las mercancías en el mismo bulto ó fardo en que se habia importado.

La contribucion impuesta por un Estado á los corredores de cambio, no pugna con la facultad constitucional de reglamentar el comercio. Nathan v. Louisiana, [8 Howard U. S. 73]. No es nula una contribucion impuesta á los agentes de compañías extrangeras de seguros. People v. Thurber [13 Illinois, 554]. Tampoco lo es la ley de un Estado que grava con contribuciones á los extrangeros no domiciliados en los Estados Unidos por las cantidades que recibieren á título de herencia, donacion ó legado. Mayer v. Prima [8 Howard, U. S. 490].

[190a]En el caso de "Padelford v. Mayor" [14 George 438] se declaró que una ley municipal imponiendo una contribucion sobre el "monto total de las ventas de mercancías" no pugna con la cláusula de la Constitucion que prohibe á los Estados imponer contribuciones ó derechos sobre las importaciones. Era por lo mismo legal la recaudacion que se hacia sobre el precio de los géneros importados, vendidos por los importadores en su forma original.

[191] Art. 1. Sec. 19 de la Constitucion. Por la ley de 5 de Febrero de 1801, c. 83, el Congreso aprobó una disposicion de la legislatura de Maryland, que nombraba un oficial de sanidad para el puerto de Baltimore, y autorizó al Estado para cobrar una contribucion de un centavo por tonelada á todos los buques procedentes del extranjero que entrasen al distrito de Baltimore, cuyo producto debia destinarse á los objetos especificados en dicha disposicion. Esta ley prueba cuan estricto es el sentido en que se toma la cláusula constitucional citada en el texto.

[192] Opinion del Presidente de la Suprema Corte de Justicia Mr. Marshall en el caso de Gibbons v. Ogden (9 Wheaton, 203). En el caso The City of New York v. Miln [11 Peters U. S. 102] se declaró que la ley del Estado, de Febrero de 1824, que impuso á los capitanes de los buques que llegaban de cualquier puerto de fuera del Estado, la obligacion de presentar á las veinticuatro horas de su llegada, una relacion por escrito dando razon de los nombres, edad y último domicilio legal de los pasageros, y obligando á los mismos capitanes ó á los dueños de los buques, á otorgar una fianza de que indemnizarian á la ciudad de todos los gastos que le ocasionaran los pasajeros que no eran ciudadanos, no era un reglamento de comercio, sino de policía, y que debia tenerse como constitucional y válida. El caso fué muy discutido, pero no me parece que sea fácil dar á la ley de New York otro carácter que el de un reglamento de comercio, ni eximirla de las doctrinas anteriores de la Corte sobre que la facultad de reglamentar el comercio con las naciones extranjeras debe ser necesariamente privativa del gobierno de la federacion. Siguiéndose el principio sentado en esta decision, en el caso de Norris v. City of Boston [4 Metcalf, 282] se declaró que no pugnaba con la Constitucion federal la ley del Estado que no permite desembarcar á los pasageros de nacionalidad extrangera hasta que el dueño, capitan ó consignatario del buque en que llegasen hubiere satisfecho dos pesos por cada pasajero, el producto de cuyo impuesto se debia invertir en la mantencion de los extranjeros desvalidos [paupers] en el Estado, teniéndose como un reglamento de policía municipal y no de comercio. Así tambien en el caso de Worsley v. Second Municipality of New Orleans (9 Rob. Louisiana, 324) se declaró que un bando de la municipalidad de Nueva Orleans, que imponia un derecho sobre todo bulto que se introdujera ó exportara del lugar, era válido y no pugnaba con la Constitucion federal. No fué la mente de la Constitucion autorizar al Congreso para intervenir en las leyes que dictaran los Estados sobre muelles y otros medios usados por el comercio, y sobre la conservacion de puertos etc. Una derrama impuesta con el objeto de espensar la construccion de puentes y calzadas, ó con el de remover las obstrucciones de las corrientes de agua, y que gravita sobre los que reciben el beneficio de estas obras, no es contribucion, impuesta sin derecho.

En el caso de "Howell v. The State of Maryland" [3 Gill. 14] el tribunal de Apelaciones de New York decidió en Diciembre de 1845, que la ley del Estado que impone una contribucion sobre el interés que tienen personas residentes en el Estado en buques de cualquiera especie, sea que estén dentro ó fuera de puerto, era válida y no pugnaba con la Constitucion federal ni la ley del Congreso sobre matrículas.

Las leyes de New York autorizan al Comisionado de sanidad para exigir á los capitanes de todos los buques que lleguen al puerto del mismo nombre $1.50 por los mismos capitanes, dos pesos por cada pasagero de primera clase, &c., con aplicacion al hospital de Marina y á la sociedad para reforma de jóvenes delincuentes, &c. Otra ley de Massachusetts de 1837 no permite desembarcar á los pasageros extrangeros hasta que hayan pagado dos pesos para auxilio de extrangeros desvalidos. La cuestion de constitucionalidad de estas leyes se presentó á la Suprema Corte el mes de Febrero de 1849, en los casos, de "Smith V. Turner" y "Norris V. City of Boston" y dicho tribunal la falló en contra, declarándolas inconstitucionales, por ser verdaderos reglamentos de comercio, que solo el Congreso podia expedir. El Presidente de la Suprema Corte y otros tres de los magistrados disintieron, considerando dichas leyes como parte del sistema del Estado sobre desvalidos, y declarando que no pugnaban con ningun tratado ó ley de la Union, 1 Howard U. S. 282.