Decidido protector de la Inquisición, tuvo el singular placer de que en el año 1731, en la iglesia de Santo Domingo, se verificase un auto de fe, en el cual salieron varios sentenciados como hechiceros y por otros delitos. Asistió el virrey al auto citado «haciendo con esta solemnidad una nueva concordia de Magestad y Religión...»[474]. En su afán de propagar la religión católica, ayudó con todas sus fuerzas las misiones del reino de Chile y la de Chiloe, dirigidas por los PP. Jesuítas; las de las provincias de Tarma, Jauja y ciudad de Guanuco, en que está comprendida la principal del Cerro de la Sal, realizadas por los PP. Franciscanos, «héroes de Dios» como les llama el virrey. Dictó algunas disposiciones encaminadas a proteger y ayudar al Hospital de Santa Ana, fundado por la ardiente piedad de Santo Toribio, arzobispo de Lima, y entregado después a la protección de nuestros monarcas. Sin embargo de su ferviente catolicismo, hubo de decir que era conveniente «resistir el aumento de Religiones y conventos de ambos sexos en esta ciudad (Lima), cuyo número ha crecido más de lo que pedía el de los vecinos que contiene, siendo todos 34, los 19 de religiosos y 15 de monjas, fuera de algunos beaterios y casas de recogimiento y colegios de mujeres»[475].

Cuidó del fomento de las minas, publicando con tal objeto acertadas ordenanzas; en particular se fijó en las minas de azogue de Guancavélica y de la plata del Potosí. También fueron objeto de su atención las casas de moneda de Lima y Potosí. La defensa del reino fué asunto que preocupó al marqués de Castel-Fuerte, mereciendo no pocas alabanzas por las obras que dispuso lo mismo en el Callao que en Lima.

Tuvo capital importancia la alteración del orden en el Paraguay. Habiendo nombrado la Real Audiencia de la Plata, para la averiguación de ciertos hechos, a D. José de Antequera, de la orden de Alcántara y promotor fiscal de aquella misma Audiencia, llegó a la Asunción, y después de poner preso al gobernador, asumió este cargo. Don Diego de los Reyes, que este era el nombre del gobernador, logró escapar de la prisión, en tanto que el virrey Morcillo (1723) ordenaba que Antequera cesase en el gobierno de dicha provincia del Paraguay y en su comisión, sin embargo de cualesquiera despachos contrarios de la Real Audiencia de la Plata, y saliese de aquella jurisdicción dentro de veinte días, y dentro de cinco meses volviera a la ciudad de la Plata, dando cuenta de haberlo ejecutado bajo la pena de 8.000 pesos. No obedeciendo la orden ni Antequera ni tampoco el cabildo de la Asunción, los cuales pensaban del mismo modo, se dispuso que D. Baltasar García Ros, teniente de R. E. I. de Buenos Aires, acudiese con las armas reales a castigar la rebelión. Dióse la batalla entre Antequera y García Ros el 24 de agosto de 1724, consiguiendo la victoria el primero. Poco después, el virrey marqués de Castel-Fuerte despachó a D. Bruno de Zavala, gobernador de Buenos Aires, para que pasase desde luego a pacificar la provincia del Paraguay. Huyó entonces Antequera a la Plata, donde fué preso por el presidente de la Real Audiencia. Antequera y D. Juan de Mena (otro de los jefes sediciosos) fueron mandados a Lima, a cuya ciudad llegaron por abril del año 1726. Tiempo adelante, se les condenó a muerte, que sufrieron el 8 de julio de 1731. Gran disgusto ocasionó a los religiosos franciscanos la muerte de Antequera, hasta el punto que fueron causa de un alboroto. La conducta del virrey mereció la aprobación del monarca. También dispuso que fuese separado de su cargo el comisario general de la orden de San Francisco, protector decidido de Antequera.

Nombrado posteriormente gobernador propietario del Paraguay don Manuel de Ruilova, volvió a tener fuerza la rebelión. Ruilova murió de un tiro de trabuco, teniendo el marqués de Castel-Fuerte que enviar por segunda vez a D. Bruno de Zavala para poner orden en el Paraguay.

En la Memoria que el marqués de Castel-Fuerte dejó a su sucesor el marqués de Villagarcía, pudo decirle lo siguiente: «Con todo esto dejo a V. E. descubierta mayor numeración de Indios, aumentados los tributos, fomentadas las minas, corrientes ambos minerajes, bien administrados los Reales derechos, pagados los salarios, remitidos los situados, pacificadas las provincias, seguro el mar, construídos los navíos del Rey y otro nuevamente fabricado, reedificada la muralla del principal puerto, la capital por la mayor parte, no sólo moderada, sino también devota.»[476]. También en la citada Memoria hubo de decir que la extinción de las encomiendas era el origen de la decadencia de la nobleza del país, pues mientras se han ido incorporando con justicia al real patrimonio, la citada nobleza, como cuerpo a quien se quita el alimento, ha sentido, primero la debilidad y después el fallecimiento. ¿Fueron o no fueron convenientes las encomiendas? Ya sabemos que el Padre Las Casas, dejándose llevar de su entusiasmo por los indios, dijo que ni a los diablos en los infiernos se les hubiera ocurrido inventar las encomiendas. De igual manera los jesuítas las combatieron, hasta el punto que no llegaron a establecerse en Chile por la influencia de los hijos de Loyola. Por el contrario, el Dr. Juan de Solórzano, en la Política indiana, y D. Antonio de León Pinedo, en el tratado de Confirmaciones reales, intentan justificar la creación de las encomiendas.

Grato nos es referir que durante el virreinato de D. Juan Antonio de Mendoza, marqués de Villagarcía, hicieron un viaje científico al Perú los sabios españoles D. Jorge Juan y D. Antonio Ulloa, con los franceses La Condamine, Godin y Jussieu. Declarada la guerra entre Felipe V e Inglaterra, una escuadra británica al mando del almirante Anson recorrió el Pacífico, entrando en la villa de Paita, donde recogió rico botín. Todavía fué más funesta la sublevación de los indios de Chanchamayo, quienes dieron muerte á varios misioneros, encerrándose luego en sus inaccesibles bosques, donde, ayudados o protegidos de los chunchos, se resistieron a las armas españolas. Si en el año 1687 doña Mariana de Austria solicitó del Papa la beatificación del P. Francisco del Castillo, natural de Lima, a la sazón el rey Felipe, desde San Ildefonso (22 agosto 1741) escribió al cardenal Aguaviva para que éste, a su vez, rogase al Papa la pronta beatificación del P. Francisco[477]. Pasados algunos años, por cédula dada en el Palacio del Buen Retiro el 4 de diciembre de 1762, se hicieron trabajos para la beatificación de la venerable María Ana de Jesús y Paredes[478]. Mediante Real cédula, dada en el Palacio del Buen Retiro el 20 de diciembre de 1736, se mandó al marqués de Villagarcía remitiese dos millones de pesos que había correspondido al Perú y Tierra Firme para la edificación de un real palacio en Madrid, pues el que existía se hubo de incendiar en el año 1734[479].

Al marqués de Villagarcía, virrey del Perú desde el año 1736 al 1745[480], le sucedió D. José Manso de Velasco, conde de Superunda, que gobernó desde el 9 de julio de 1745 hasta 31 del mismo mes en el de 1756. El distrito del virreinato del Perú comprendía las diócesis de los arzobispados de Lima y la Plata y obispados del Cuzco, Arequipa, Trujillo, Paz, Huamanga, Santa Cruz de la Sierra, Tucumán, Buenos Aires, Paraguay, Santiago y Concepción de Chile. El virrey alentó a los misioneros jesuítas y franciscanos, y reedificó los hospitales, arruinados por el terremoto de 1746. La Hacienda, que se hallaba en lamentable estado cuando el conde de Superunda se hizo cargo del virreinato, mejoró bastante, gracias a las disposiciones acertadas de dicho virrey. La justicia se compraba a cualquier precio y en su perfeccionamiento se fijó mucho el conde de Superunda. Encontróse dicha autoridad con la herencia de la enemiga de los indios chunchos y con las flotas de Inglaterra que amenazaban nuestros puertos. Creyendo Ensenada—según comunicó el 12 de enero de 1745 al virrey—que una escuadra inglesa compuesta de cuatro navíos de guerra al cargo del comandante Barnet se dirigía al mar del Sur, encargó a Superunda que tomase las providencias necesarias para combatirla. Del mismo modo, el marqués de la Ensenada—con fecha 28 de agosto de 1746—mandó Real orden, y en ella anunciaba que del puerto de Pormouth había salido una flota inglesa compuesta de 17 navíos de guerra bajo el mando del almirante Lecotok, con mucha tropa de desembarco, y que recelaba que iba dirigida contra alguna de nuestras posesiones de América[481].

Importante conspiración de los indios se verificó en el año 1750. Del virrey son las palabras que copiamos a continuación: «La primera noticia adquirida—dice—en el secreto inviolable de la confesión, me la comunicó el 21 de junio con misteriosa reserva un Religioso, a fin de que resguardase mi persona...»[482]. Confiado el asunto al Dr. D. Pedro José Bravo y Castilla, oidor de esta Real Audiencia de Lima, se descubrió la conspiración, siendo ajusticiados seis en el día 22 de julio. Los que se sublevaron en Huarochiri merecieron severo castigo por parte del marqués de Monterrico, pues siete sufrieron la última pena y otros fueron desterrados a la isla de Juan Fernández y al presidio de Ceuta. Premió el Rey al oidor Bravo, concediéndole honores del Supremo Consejo de las Indias, y al marqués de Monterrico lo promovió al grado de brigadier.

Un hecho verdaderamente aterrador registra la historia del Perú en el año de 1746. El 28 de octubre un terremoto casi destruyó a Lima y el puerto del Callao. Bastará decir que de la primera quedaron en pie 25 casas de 12.204 que tenía, y del segundo, que fué cubierto por las olas, se salvaron 100 habitantes de 5.000 de que constaba la población. Los buques se estrellaron en la playa y algunos cerros se hundieron con estrépito. No es de extrañar que los habitantes de Lima, para aplacar la cólera divina, hiciesen pública penitencia y saliesen recorriendo la arruinada ciudad descalzos y con sogas al cuello.

Don Manuel Amat y Juniet, que había ascendido del gobierno de Chile al virreinato del Perú, se ocupó mucho tiempo en los asuntos siguientes: gobierno eclesiástico, gobierno de Regulares, monasterios de Religiosas, de las misiones, de los hospitales y de la Inquisición. «Cierro—dice—el título relativo a puntos eclesiásticos con el de la expatriación de los jesuítas, mandada hacer por S. M. de todos estos sus Reales dominios, que ha sido uno de los sucesos más árduos que sobrevinieron a mi gobierno, cuyas resultas han dejado bastante materia a mi aplicación y desvelo»[483]. El 20 de agosto de 1767, a cosa de las diez de la mañana, llegó un oficial procedente de Buenos Aires y entregó al virrey un paquete, en el cual se hallaba el Real decreto y dos instrucciones relativas al modo que debía hacerse la expulsión. El Real decreto estaba firmado en El Pardo el 27 de febrero de 1767, y las instrucciones las firmaba el conde de Aranda en Madrid el 1.º de marzo del mismo año. Venía en el mismo pliego una carta escrita de la Real mano, que decía así: «Por asunto de grave importancia, y en que se interesa mi servicio y la seguridad de mis Reinos, os mando obedecer y practicar lo que en mi nombre os comunica el conde de Aranda, Presidente de mi Consejo Real, y con él sólo os corresponderéis en lo relativo a él.