Había vuelto a Málaga—cuenta Pepe Carmona—y me encontraba en una situación económica ya segura, pero en un estado moral triste y lamentable.
Mi antigua novia, María Teresa, se había casado con un muchacho rico, José Ignacio Ordóñez, que llevaba por entonces una vida de un jugador y de un perdido.
Este mozo parecía que daba tal aire a su dinero, que llevaba camino de arruinarse en poco tiempo.
Mi antigua novia estaba enferma, y después de haber tenido un niño se encontraba tan débil y tan delicada, que no se levantaba de la cama.
Su criada, una vieja de Archidona, antes protectora de mis amores, solía venir a mi casa a darme noticias de cómo seguía María Teresa, y de paso se lamentaba de que el señorito José Ignacio apenas se ocupara para nada de la enferma y de que anduviera siempre de bureo con lo más perdido del pueblo.
En aquella época, Málaga se hallaba en pleno período de efervescencia política; las noticias de la guerra que se recibían, los rumores de sublevación y el arresto de hombres conocidos, por suponerlos revolucionarios, tenían al pueblo en completo y continuo sobresalto.
A mí, aunque estas cuestiones no me interesaban gran cosa, me ocupaba de ellas, principalmente por el efecto que causaban en el comercio. Ya en mayo de 1836, al llegar a Málaga el decreto de la disolución de las Cortes, los ánimos, de suyo agitados por las excitaciones de los enemigos de Istúriz, por las sociedades secretas y por la gente partidaria de Mendizábal, se acaloraron más, y al toque de generala se reunió la Guardia nacional pidiendo la formación de una Junta popular en que se depositase el Poder hasta que la Reina instalase de nuevo el anterior Ministerio, o nombrase otro que inspirara confianza a la nación.
Al día siguiente quedó formada la Junta, que pensó por primera providencia imponer fuertes contribuciones a los más ricos comerciantes malagueños. Estos, apercibidos, se reunieron para conjurar el peligro; y con su influencia, y sacando a relucir las noticias favorables de la guerra que aquel día circularon, lograron la disolución de la Junta, que declaró estar muy satisfecha de la actitud de Málaga.
Estos movimientos populares tenían muchas veces por objeto el proteger la entrada de algún gran contrabando, y, conseguido esto, se reconocía la autoridad del Gobierno, que sancionaba lo hecho y se volvía a la vida normal.