En varias ocasiones el gobierno dominicano ha invocado el auxilio de los Estados Unidos, sobre todo en estos últimos años. En 1899 pretendió de nosotros que celebrásemos un tratado, por virtud del cual la isla quedaba bajo nuestra protección, pero nos negamos a tal demanda. Después, en 1904, el Ministro de Relaciones Exteriores estuvo en Washington, pretendiendo que el gobierno de los Estados Unidos ayudara al de su país a salir de la crisis social y financiera en que estaba sumido. Una vez más fué desestimada semejante pretensión dominados por nuestra repugnancia a ingerirnos en los asuntos de otro país; pero ahora, lo que demanda esa ingerencia es nada menos que el mantenimiento de la paz internacional.
En 1903, el representante de una nación extranjera nos propuso que nos uniéramos a ella para controlar las finanzas de Santo Domingo, debiendo hacerse cargo el gobierno de los Estados Unidos de las aduanas y de los demás impuestos y entregarle parte del importe de la recaudación al gobierno de Santo Domingo para cubrir sus gastos, reservándose el resto para satisfacer los créditos de los acreedores extranjeros. El gobierno de los Estados Unidos no quiso entrar en tal arreglo. Ha llegado el momento de que no podamos permanecer en tal situación de indiferencia. Nuestra experiencia del pasado y nuestro conocimiento con respecto a la verdadera situación de Santo Domingo, nos dice, que si nos negamos a tomar alguna acción definitiva, no sólo perjudicamos los intereses dominicanos y desatendemos los deberes que nos impone la doctrina de Monroe, sino que tácitamente consentimos en que tal acción la adopte otro gobierno.
La enmienda Platt,—una de las medidas más sabias adoptadas en el orden internacional—establece un método que evita que aquellas dificultades ocurran en la nueva República de Cuba. Según esta enmienda la República de Cuba no puede contraer ninguna obligación, sin antes obtener el consentimiento de los Estados Unidos, los que pueden adoptar cuantas medidas impidan que se viole la letra y espíritu de aquélla. Si se adoptase un plan semejante con respecto a Santo Domingo, sería de grandes ventajas para esta nación y para las demás. No se contraerían obligaciones que no pudieran ser solventadas y aquellas que se estipularan infringiendo lo convenido, correrían el riesgo de no ser pagadas. Es decir que las demandas de los acreedores legítimos serían satisfechas y desechadas las de los simples especuladores.
Mientras no se adopte semejante plan, no tenemos más que dos caminos: permitir que se infrinja la doctrina de Monroe o realizar un arreglo, como el que ahora someto al Senado. Afortunadamente, en este caso, la prudencia y sagacidad del gobierno dominicano nos ha eliminado las dificultades: a petición suya es que hemos convenido tal arreglo. Según sus términos, las aduanas han de ser administradas de manera honrada y económica. El cuarenta y cinco por ciento de la recaudación se ha de entregar al gobierno dominicano y el resto los distribuirán los Estados Unidos entre los acreedores, equitativamente. La República no tendrá la amenaza de una agresión por el mar. No hemos de asumir por esto una nueva clase de obligaciones; contraeremos la que nos impone la doctrina de Monroe.
Es lo más probable que esta administración no tenga que asumir el papel impuesto por el adjunto protocolo.
Según dicho protocolo, la República de Santo Domingo, de manera prudente y patriótica acepta tanto las responsabilidades como los privilegios de la libertad y se ha impuesto, con notoria buena fe, el propósito de saldar sus compromisos en la forma que lo permitan sus recursos. No se puede pedir más ni nosotros permitiremos que después de tal conducta dicha nación sea molestada. En el caso presente, no somos más que los simples ejecutores de un deber que nos ha sido impuesto por la doctrina de Monroe; deber que ejecutamos, algo más que con la aquiescencia del gobierno de Santo Domingo, respondiendo a su solicitud. Nosotros sabremos demostrar que cumplimos tal deber con la mejor buena fe, sin la menor intención de extender nuestro territorio a expensas de nuestros débiles vecinos, animados sólo del propósito de poner término de una vez a las dificultades o rozamientos existentes entre éstos y algunas potencias europeas. Debemos tener el mayor interés en acreditar con nuestros actos que el mundo debe tener confianza en nuestra buena fe y saber que en este caso, no hacemos más que cumplir con un deber internacional, en interés, no sólo de nosotros, sino de todas las naciones y que estamos animados de un espíritu de justicia hacia todos. La aceptación del plan propuesto, equivaldrá a la aceptación de la doctrina de Monroe y supondrá además un paso de avance en el propósito de resolver los conflictos internacionales por medidas pacíficas y no por medio de la guerra.
Podemos citar con orgullo el caso de Cuba, en prenda de nuestra buena fe. Permanecimos en Cuba tan sólo el tiempo necesario para que la isla estuviera en condiciones de darse un gobierno propio, no pudiendo ser sus éxitos más evidentes. Las condiciones que les impusimos antes de dejarla en manos de sus hijos no tuvieron otro propósito, que el de evitarle conflictos con las naciones extranjeras. Nuestro propósito en Santo Domingo es desinteresado, nos ocurrirá lo que en Cuba, que los beneficios que hemos derivado de su situación, son más bien indirectos. Los principales beneficiados en el arreglo han de ser, Santo Domingo en primer lugar, y sus acreedores después, y en cambio las ventajas que hemos de derivar nosotros, han de ser indirectas pues se reduce nuestro interés al hecho de que las comunidades situadas al Sur disfruten de orden y de prosperidad y estén regidas por un gobierno propio e independiente.
Llamo la atención acerca de la necesidad de que se proceda con actividad. Tenemos la oportunidad de dejar resuelto el problema de la paz y la estabilidad de la Isla, sin conflictos ni derramamientos de sangre y procediendo de acuerdo con la invitación que nos ha hecho su gobierno. Sería ciertamente una desdicha que no evitemos la dificultad: si nos retraemos, continuarán en Santo Domingo las violencias y revoluciones y se recrudecerán los conflictos internacionales. Este protocolo ha de ser el mejor testimonio de la eficacia del gobierno de los Estados Unidos en el mantenimiento de la doctrina de Monroe.
No logró el Presidente Roosevelt, a pesar de sus esfuerzos, que dicha convención fuese aprobada por el Senado. Desde que se iniciaron los debates en dicha cámara, se vió que estaba dividida la opinión. Una parte de ella era partidaria de que la nación no se apartara de su tradicional política no intervencionista, mientras que otros elementos sostenían que el desarrollo por ella alcanzado exigía que se adoptara cierta acción con respecto a las Repúblicas vecinas. Fué aquella opinión, que podríamos llamar tradicionalista, la que prevaleció en la Alta Cámara.
No se desanimó el Presidente ante la actitud del Senado; creyó vencer su resistencia consignando en un nuevo tratado que la ingerencia que habrían de tomar los Estados Unidos en los asuntos de Santo Domingo estaba inspirada en el deseo de mantener la doctrina de Monroe y al efecto, en 5 de febrero del propio año se suscribió una nueva convención concebida en los mismos términos que la anterior, pero con esta adición en su preámbulo: