La República de Nicaragua ha sido una de las más turbulentas del Continente. A pesar de la dictadura a que la sometió el Presidente Zelaya desde 1894 hasta 1910, en los diez últimos años ocurrieron diez y seis revoluciones.
Las ansias dictatoriales de Zelaya no se satisfacían con la tiranía a que sometió a su país: pretendió dominar también en los destinos de Honduras; y temerosas las Repúblicas de Guatemala y Salvador del grado a que pudiera llegar dicha preponderancia, se aprestaron a entorpecer aquellos planes acudiendo a la guerra y a ese efecto iniciaron los oportunos preparativos. En 1907, cuando parecía inminente una conflagración en Centro América, intervienen el Presidente Roosevelt y el Presidente Díaz de Méjico y logran que las cinco naciones de esta parte del Continente, sometan sus querellas a una conferencia que se acordó tuviera efecto en Washington en el mes de noviembre.
Reunióse dicha conferencia y en ella se acordó establecer un tribunal de justicia internacional compuesto de cinco miembros, uno por cada nación, encargado de resolver cuantas contiendas y conflictos se suscitaran entre ellas. Las esperanzas que se cifraron en esta institución, pronto se vieron desvanecidas: Zelaya persistió en su antigua conducta, alentando los movimientos revolucionarios en las otras repúblicas.
En octubre del año 1909, estalla una revolución contra Zelaya, promovida por los elementos pertenecientes al Partido Conservador y apenas iniciada, algunas prominentes personalidades de Nicaragua y Honduras, reclaman del Gobierno de Washington que intervenga para poner fin al conflicto. La Cancillería Norteamericana, fué sorda en los primeros momentos a tales instancias, pero no tardó en ocurrir un incidente que la obligó a abandonar su actitud de pasividad o indiferencia: nos referimos al fusilamiento, por las autoridades adictas a Zelaya, de dos americanos acusados de haber tomado parte principal en la revolución.
Con motivo de este suceso, en primero de diciembre el Secretario Knox hizo entrega de una nota al Encargado de Negocios de Nicaragua, en la que no se limitó a protestar del mismo, sino que hizo estas consideraciones: que Zelaya, no conforme con haber suprimido en su país las instituciones republicanas, con haber amordazado la opinión pública y con haber reducido a prisión a los que eran contrarios a su política, en su afán de mezclarse en los asuntos de las otras Repúblicas, había llegado a ser el germen del perpetuo estado de intranquilidad en que éstas vivían, y terminaba afirmando que la revolución estaba apoyada por la mayoría del pueblo nicaragüense, la que era, ostensiblemente, contraria a Zelaya.
No se necesitó de otra cosa para dar al traste con la tiranía de Zelaya. Convencido éste de la imposibilidad de mantenerse en el poder contra la voluntad del Gobierno de Washington, se decidió a abandonarlo, dejándolo en manos del Dr. Madriz, uno de sus partidarios; y como éste no fuese reconocido por los Estados Unidos, vióse a su vez también en el caso de dejar la presidencia, triunfando entonces la revolución, que elevó a ese puesto a uno de sus caudillos, el Sr. Adolfo Díaz. A partir de este hecho, se fué acentuando la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de Nicaragua, en la forma que vamos a ver.
En 6 de junio del año 1911, celebraron los Estados Unidos un tratado con dicha república, por el cual esta última debía quedar bajo la supervisión financiera de aquélla, debiendo garantizar con sus Aduanas, el reintegro de las cantidades que habrían de adelantar unos banqueros norteamericanos para solucionar las dificultades económicas que existían, quedando facultado el Presidente de los Estados Unidos para nombrar los recaudadores. Este Tratado fué aprobado por el Senado de Nicaragua, pero no le cupo la misma suerte en el de los Estados Unidos. Díjose entonces que había sido otorgado por los gobernantes que eran producto de la revolución, en recompensa de la ayuda prestada por los Estados Unidos para derribar a Zelaya, pero que en realidad, quienes resultaban beneficiados eran los banqueros prestamistas, a cuyo servicio, por lo visto, se habían puesto los funcionarios del Departamento de Estado.
No se desanimó el Presidente Taft por el fracaso del Tratado en la Alta Cámara. Arguyendo que los Estados Unidos tenían el compromiso moral de mantener la paz en Centro América, e imitando la conducta que siguió Roosevelt cuando en 1905 el Senado aplazó por tiempo indefinido la discusión del Tratado con Santo Domingo, se decidió a nombrar por su cuenta el Recaudador de las Aduanas, que debía retener los fondos aplicables al pago de la deuda extranjera.
A fines de año, el general Mena, que desempeñaba la cartera de la Guerra, inicia una revolución. El presidente Díaz sintiéndose impotente para dominar el movimiento, recurrió al Gobierno de Washington y éste se apresuró a brindarle el auxilio pedido. Bajo las órdenes del Almirante Southerland desembarcaron fuerzas en Corinto, las que después de ocupar las principales ciudades y de hacerse cargo de garantizar el tráfico por los ferrocarriles, y como para que no quedaran dudas de que apoyaban resueltamente a las autoridades constituídas, tomaron parte en las operaciones militares, capturando a algunos jefes rebeldes; visto lo cual por los otros y convencidos de la inutilidad de su esfuerzo, se acogieron a la legalidad, terminando la revolución. Como recuerdo de estos tristes sucesos, desde entonces se encuentra en la capital, custodiando la legación norteamericana, un destacamento formado por cien hombres de la infantería de marina de los Estados Unidos.
Por esta misma época el gobierno de Nicaragua, de acuerdo con el de Washington, nombró una comisión de reclamaciones que debía conocer y juzgar de todas las que habían sido establecidas contra aquella república por nacionales y extranjeros y la que integraron tres miembros, uno que designaron los Estados Unidos y que fungió de Presidente, otro nombrado por el gobierno nicaragüense y un tercero designado por este último gobierno a propuesta del de Washington. A fines del año 1912 esta comisión dió principio a su labor.